jueves, 31 de enero de 2013

LA MATRIZ DE UNA NUEVA Y GLORIOSA NACION


Publicado en el diario El Tribuno, Salta, en 31 de enero de 2013
Bicentenario del inicio de sesiones de la Asamblea del Año XIII
Texto original





Solo los humanos  acuerdan reglas de convivencia, que van perfilando su identidad grupal y que al ser respetadas por todos, con el paso del tiempo se traducen en la cultura de un pueblo, en la identidad nacional-
Organizarse para la vida en común es una conducta que se advierte desde los albores de la humanidad, al principio las reglas eran pocas y simples; se prohibían una serie de conductas –los tabúes-  cuyo quebranto se castigaba con mayor o menor rigor según el caso. La pena más grave era la expulsión del grupo, desamparo que en aquellas deshabitadas regiones significaba una muerte segura.
Fue en siglos relativamente recientes que  esos grupos –no todos- iniciaron su organización política, basada –no siempre- en textos escritos.  Ese consenso general de las reglas básicas de convivencia para determinado territorio y determinado conjunto humano es lo que se conoce hoy  como una  Constitución.  Resultó imperativo entonces para ese conjunto de habitantes de Suramérica que el 25 de Mayo de 1810 resolvió cambiar su sistema gubernativo, se encaminara hacia el paso siguiente que era  organizarse como nación.
Inauguró esa movida la convocatoria a una Asamblea, que Buenos Aires realizó hizo al interior en 1812, al año siguiente la idea se concretaba el 31 de enero de 1813, al instalarse en el edificio del Consulado la Asamblea General Constituyente y declarando que “en ella reside la representación y ejercicio de la Soberanía de las Provincias del Rio de la Plata”. Casi una fórmula independentista; de hecho en mayo aprobaba  la “Marcha Patriótica” de Vicente López y Planes, hoy Himno Nacional Argentino.  Su obra fue vasta, compleja y trascendente. No es del caso inventariarla ahora, lo que merece resaltarse en cambio, es el marco general de su tarea y las consecuencias que provocó: con la Asamblea del Año XIII se inicia la ardua evolución de las instituciones políticas, económicas y sociales de la Argentina, cuyo destino fue profundamente debatido y perfilado en los discursos escuchados durante los Congresos y Convenciones Constituyentes de 1816-19, 1824-27, 1828, 1853, 1860, 1866, 1898, 1949, 1957 y 1994. Fue la matriz que permitió iniciar la configuración del ser nacional, la creación de los marcos jurídicos que ampararían derechos y libertades,  fue delinear camino por donde debía discurrir la vida –agitada y sangrante en ocasiones- de esta “nueva y gloriosa Nación”. Fue una matriz con virtudes y con defectos, como toda obra humana.
A la Asamblea, valga como ejemplo, se convocaron dos diputados por provincia, salvo Buenos Aires que se reservó concurrir con cuatro representantes.  Las ciudades del interior, en cambio, debían enviar un diputado cada una. Pero a Tucumán –que dependía del Cabildo de Salta- se le invitó a presentar dos diputados, una “honrosa distinción por el triunfo glorioso del 24 de Septiembre de 1812”. Todavía faltaban 20 días para la Batalla de Salta.
Con la Asamblea del Año XIII se inicia de modo orgánico la búsqueda de los caminos para la organización nacional con participación popular, aunque todavía restringida. Se afirma que para que florezca el bienestar un pueblo no debe estar ni demasiado unido ni demasiado dividido. El exceso de unidad puede conducir a la tiranía, el exceso de división, a la decadencia. La vastedad del territorio argentino y la precariedad de las comunicaciones pudo haber alentado el segundo de los peligros, pero las ideas, los medios y los objetivos debatidos desde la Asamblea en adelante permitió sortearlos, incluidas aquellas luchas civiles, esas que alejaron a San Martín definitivamente de su tierra natal.  
Pero hoy aquella Asamblea del año XIII no debe ser juzgada en su imperfección  sino valorada en lo que fuera su misión organizadora, tarea aún inconclusa porque, aunque no haya necesidad actualmente de modificar la Constitución vigente, debe trabajarse –y mucho-  para restaurar algunas de sus más  importantes instituciones,  resquebrajadas en sus marcos jurídicos y políticos, y por sobre todo ocuparse de las que han naufragado en lo ético. 


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miércoles, 30 de enero de 2013

AGENDA POLITICA: LA TENDENCIA DEL VERANO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL 2013




SESENTA AÑOS ATRAS




En política el mes de enero suele transcurrir tranquilo. Pero este verano parece no ser así, en su inicio  al menos ha sido distinto: el gobierno no instaló diariamente los temas de importancia nacional sobre los cuales la gente debería anoticiarse; el kirchnerismo nunca abandonó su rasgo de definir los temas del día que serían luego obligados títulos de tapa, comentarios radiales o imágenes obligadas en las pantallas de televisión. Marcar la agenda era –es-  insertarse en la vida cotidiana de la ciudadanía.
Técnicamente la agenda de acción de gobierno es aquella que incluye temas de interés público que  reclaman una intervención de políticas gubernamentales. Pero en sentido usual se usa para referirse a lo comunicacional: los hechos que, por su importancia, despertarán a través de los medios el interés ciudadano. El gobierno habitualmente llevó la batuta, la agenda no se marcaba desde la oposición ni desde el llano.
La tendencia del verano parecer ser ahora lo opuesto: los asuntos interesantes para la gente surgen desde abajo, obligando al gobierno a ocuparse de esas materias. Como el estilo cristinista no es delegativo ni prudente ni mesurado, sus respuestas en las redes sociales resultan personales, crispadas, inconclusas, haciendo que esos temas  queden instalados por mucho más tiempo de lo que el gobierno desearía. El sábado 5 de enero a la tarde, por ejemplo, durante sus vacaciones la Presidenta emitió una seguidilla de 22 mensajes por Twitter que todavía son motivo de anàlisis.

Este cambio de paradigmas veraniegos ocurrido en la primera mitad de enero fue configurado por  media docena de hechos que marcaron una agenda abandonada por la Casa Rosada. Se inició el jueves 3 con familiares de las víctimas de la ESMA y sobrevivientes de la ex Escuela Mecánica de la Armada junto a otros referentes, repudiando públicamente un festejo organizado por el ministro de Justicia Julio Alak a fin de año. Pedían su renuncia, interpretando que el hecho fue  una falta de respeto a la memoria de los allí detenidos y torturados. El tema y sus respuestas convocaron la atención pública toda la semana.
Días antes la Revista Brando había publicado una entrevista a Ricardo Darín, quién entre otras cosas dijo: "Yo quisiera que alguien me explicara el crecimiento patrimonial de los Kirchner".  Palabras reproducidas por todos los medios casi inmediatamente; hecho que  movilizó a muchos estamentos y que mantiene hasta hoy una interesante vigencia. Ayudó -y mucho-  el hecho que la propia Presidenta le respondiera por Facebook; fiel a su estilo, le enrostró al ganador del Oscar un ya archivado proceso penal en su contra de dos décadas de antigüedad.
Los intendentes rebeldes del FPV también convirtieron sus conductas en trending topics y marcaron la agenda. Omar Goye -intendente de Bariloche-  desobedeció las presiones del gobernador de Río Negro y del  senador Pichetto, que en nombre de la Presidenta le pedían la renuncia.  Días después el peronista Jose Esseverriel, intendente de Olavarría, en un inusual gesto de autonomía, fue el gran ausente de la videoconferencia con la que la Presidenta inauguraba una inversión de la empresa Bancor, radicada en aquella ciudad. Esseverri argumentó: "Eso ya se inauguró hace 30 días".
Las centrales obreras oficialistas –la CGT de Caló y la CTA de Yazqui- también se colocaron en foco al pedirle al Ministro Carlos Tomada en audiencias celebradas los días 12 y 15 de enero,  elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y un aumento del 25% de los salarios, negándole reconocimiento al índice de aumento del costo de vida fijado 2012 fijado por el INDEC en 10,8%. En ambos casos coincidían con las peticiones de Hugo Moyano y tuvieron amplia cobertura periodística.
Del exterior el tema del día lo trajo el diario The Sun, al informar el domingo 6  acerca de un acuerdo “reservado” entre la Presidencia de la Nación y la empresa británica Chapman Freeborn; se alquilaba por un millón de dólares un moderno avión de transporte para la gira  que realizaría Cristina Kirchner por países asiáticos.
Fueron dos semanas en las que el gobierno perdió la iniciativa y sólo atinó a defenderse.  Las dos únicas ocasiones que intentó recuperar la agenda fueron el acto, político, de agasajo a Fragata Libertad a su arribo a la base Naval de Mar del Plata y el discurso por cadena nacional anunciando un acuerdo ferroviario para la compra de 409 vagones para el Sarmiento y el Mitre.  Pero el affaire Darín, los intendentes rebeldes, los reclamos gremiales y demás noticias, hicieron que pasaran inadvertidas, tan inadvertidas como la gira por Asia.
Medio verano es demasiado tiempo perdido en un año electoral decisivo para el modelo de “Cristina Eterna”, propuesto por la diputada Diana Conti.




Publicado en la edición del jueves 24 de enero de 2013 en el diario El Tribuno, Salta
con el título "Las tendencias del verano, en los primeros días del año". 
 

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LA DEMOLICIÓN DEL PODER JUDICIAL, UN OBJETIVO K




FACULTAD DE DERECHO - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - 1953



Con formas cada vez más agresivas el Gobierno anuncia su próximo paso en la batalla que apunta demoler al Poder Judicial de la Nación y de las provincias, so pretexto de democratizarlos. Aquel primer paso para dominar a la Justicia Federal que fue la modificación del Consejo de la Magistratura inició lo que parece hoy un plan concebido para disolver las estructuras judiciales tal como se las conoce actualmente.
Cuando en enero del 2012 el titular de la ANSES  denunció  “jubilaciones de 60.000 pesos por mes” correspondientes a magistrados,  y "desmanejos, abusos y estafas al Estado” por privilegios nacidos de sentencias dictadas en el fuero previsional se avanzó otro paso. Las palabras de Diego Bossio menoscabando genéricamente a ex magistrados excedían la mera comunicación sobre las políticas del  organismo en este tema y prenunciaban una batalla por la disolución del Poder Judicial de la Nación.
Las agresiones del Poder Ejecutivo Nacional a tribunales y jueces, Corte Suprema incluida, por fallos que les disgustaban han sido una constante desde hace casi una década, por lo que ya no sorprenden  resultando innecesario citar ejemplos. Desvalorizar y menoscabar el quehacer judicial y las personas que lo ejercen diariamente  fue una tarea  que cumplieron también funcionarios, medios de comunicación  y –lamentablemente- también legisladores K. Preocupa hoy ver que aquella planificación aniquilatoria parece ingresar a su fase definitiva.
Promediando el 2012 los intelectuales kirchneristas que integran “Carta Abierta”  señalaron sobre el tema algunos objetivos inminentes : “La llave maestra de la reconstrucción popular es la democratización operativa del ámbito de la acción colectiva pública, encarnada en sus instituciones estatales…”,  conceptos que tomó  la Presidenta para reclamar en diciembre que “hay que democratizar la justicia”. En Salta retumbaron también esos ecos. Esa Carta XII señala también que “los pueblos y los gobiernos de Suramérica son navíos en la tormenta” indicando en esa épica descripción la existencia de un “momento constitucional” apropiado para  “legislar a una escala constitucional un armazón novedoso de normas”. Obviamente una estructura y procedimiento judicial populista estará allí contemplada.
No sorprendió entonces la embestida de la Presidenta contra la justicia, cumplida el sábado pasado, cuando difundió casi dos docenas de mensajes a través de su cuenta en Twitter. Entre otras cosas dijo  que "No sólo se quiebra el principio de igualdad ante la ley sino que además surge un Superpoder sobre el Ejecutivo y el Legislativo", que “En un desequilibrio total del sistema democrático, jueces gobiernan anulando decisiones propias intransferibles del Ejecutivo y Legislativo” y que “El sistema democrático es severamente dañado por la falta de administración de justicia y la generación de un nuevo orden judicial: el cautelar”. Sucedía mientras pasaba una semana de vacaciones en Rio Gallegos.
Técnicamente el hecho era un conflicto de poderes en ciernes, políticamente fue un avance más en la materialización del “Vamos por todo” porque una vez licuado el Poder Judicial de la Nación, el someter a los medios, disolver las asociaciones profesionales, intervenir las centrales obreras o cualquier otro objetivo del autoritarismo será una tarea sencilla.
No es casual que la misma semana Agustín Rossi, jefe de la bancada oficialista en una entrevista del diario  EL CRONISTA anticipara  la reforma del Poder Judicial diciendo: “En la democracia que nosotros queremos construir nadie tiene coronita.  Que los jueces paguen Ganancias parece ser una situación de estricta justicia”. Esta última afirmación es ciertamente razonable, pero siempre que ello suceda mediante  leyes de carácter general, extensiva a todos los poderes del Estado. Esta fórmula es la que utiliza la Constitución de Salta en su art. 161.
Rossi afirmó también, falsamente, que “es el Poder del que menos se conoce y del que muchas veces es imposible entender cuál es la lógica de la toma de decisiones.” El diputado, ingeniero, confunde al lector: parece que para él ser conocido es aparecer en los medios, pero ocurre que  los magistrados  no aparecen –salvo  deshonrosas excepciones- porque no necesitan hacerlo. Ellos trabajan en sus despachos redactando sentencias o en las salas de audiencias. Y todos los poderes judiciales del país tienen su sitio en Internet donde cualquier ciudadano puede consultar quién es quién en la justicia nacional o provincial. Respecto de la lógica de los fallos olvidó que  los magistrados conforman un mosaico de ideologías diferentes, de religiones diferentes, de cepas diferentes. Sólo los unifica el ser independientes para interpretar el derecho, lo cual no quiere decir que sean infalibles. Pero mucho peor serían los jueces que pretende el diputado Rossi, magistrados elegidos por voto popular  que, cuando dicte sentencias, no aplicarán el derecho sino que cumplirán las órdenes del jefe político, acatadas con obediencia ciega, “perinde ac cadáver”. O sea otra escribanía, un símil de la que hoy cobija a los legisladores oficialistas.    




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