Son de esas cargas públicas que uno debe asumir como acto de servicio, sin especulaciones o reservas mentales, ni pensando en honores o reconocimientos de ninguna clase. (¡No!, ¿qué Concejo Deliberante?, ¡hablo del Consejo –con “s”- de la Magistratura! ¿No sabe acaso lo que es?). El “riesgo” –digamos así- es apenas el de recibir críticas con mayor o menor fundamento de quienes fueron protagonistas de los cientos de concursos convocados y/o de algunos de los que integran nuestro colectivo profesional en general, sea desempeñado en el Poder Judicial, en el Ministerio Público o como litigantes, lisos y llanos fatigantes de pasillos. Bastante gente, podríase pensar, pero no, no son tantos los que también se juegan con sus críticas, sea que estén impulsadas por legítimas posiciones ideológicas o políticas e incluso por intereses sectoriales, si vienen por derecha. Mucho más aflige el indigerible combo de desconocimiento e indiferencia –demasiado amplio me parece- existente en ese mismo colectivo. Confrontar en concursos para demostrar que uno es el mejor, implica una cultura cívica incompatible con una sociedad anómica. Por eso a veces resulta más “práctico” acudir a la sospecha de intrigas y componendas (que las hay, como las brujas, y cada quien se haga cargo de ellas). Puede gustar o no una terna seleccionada por el CM, pero en definitiva –y por ahora- la elección de uno de los tres es tarea excluyente del Ejecutivo. En función de esta realidad hace rato sostengo lo siguiente: que la de abogados sea la única profesión a la cual se asignó un poder del Estado, más que un privilegio es una maldición gitana.
El 21 de marzo, los abogados salteños seleccionaremos a tres de nuestros colegas (y sus respectivos suplentes) para representar a nuestro estamento en el CM. Completado ese trámite (el Poder Judicial y el Ministerio Público ya han elegido los suyos), habrá finalizado el mandato de laaaaargos cuatro años de quienes nos estamos yendo. Como hemos representado a la corporación abogadil (y uso ambas palabras despojado de cualquier connotación peyorativa), no tenemos a quien rendir cuentas. Nuestra referencia podría ser el Colegio de Abogados, pero de acuerdo a los términos legales no representamos a esa Institución sino a la Abogacía propiamente dicha. Pruritos que tiene uno pues, al fin y al cabo, después de cada concurso uno andaba como rindiendo cuentas a cada paso en los pasillos mismos de la Ciudad Judicial.
El Consejo de la Magistratura fue introducido en la Constitución de Salta con la reforma de 1998, siguiendo la tendencia general de la Nación y de prácticamente todas las provincias, a fin de seleccionar jueces y funcionarios del Ministerio Público. El art. 157 CPS establece un cuerpo colegiado de nueve miembros, integrado por un juez de Corte que lo preside, un representante de los jueces inferiores, un representante del Ministerio Público, tres abogados de la matrícula (dos por la mayoría y uno por la minoría) y tres representantes de la Cámara de Diputados (dos por la mayoría y uno por la minoría; no hay senadores por que en el Senado se realiza el juicio político para destituir jueces y funcionarios). Salvo el primero y los últimos, los demás hemos sido elegidos por nuestros pares por voto directo, secreto y obligatorio; así será el próximo lunes. En diciembre de 1998 se sancionó la ley nº 7016 que reglamenta su ejercicio, y el 15 de mayo de 2003 dictó su Reglamento Interno. Más tarde, el 31 de mayo de 2005 se sancionó la ley nº 7347, que establece un procedimiento abreviado para designar reemplazantes y su correspondiente Reglamento Interno. Todos esos instrumentos constituyen el corpus legal que atañe al Consejo y sus funciones. Su principal objetivo ha sido disminuir la discrecionalidad del Poder Ejecutivo a la hora de seleccionar y designar jueces. Como significó un paso adelante, estamos necesitando perfeccionarlo pues, como todo lo de naturaleza político-institucional, es perfectible. Creo innecesario explicar en esta columna lo que significa para un régimen republicano que el Poder Judicial cuente con los magistrados más idóneos y realmente independientes a la hora de dictar sus sentencias. No es posible que sean jueces españoles o suizos quienes investiguen a personajes y conductas que acá no se tocan. Concluyo este breve panorama destacando que, en comparación con los de otras provincias, el CM salteño es de los más preservados de la representación de los oficialismos de turno. Lo cual no significa necesariamente que esté ajeno de la política.
Esta ha sido para mí, y seguro para todos los que dejamos los cargos, una experiencia enriquecedora e inolvidable, más allá de los resultados y de lo que parezca. Cuando se actúa con honestidad intelectual, poco importa el qué dirán sino tener la conciencia tranquila. La más de las veces adoptamos nuestras decisiones por consenso, luego de intensos debates donde afloran la diversidad de orígenes y formación. Cuando no lo hubo, se votó en disidencia y a otra cosa. Interesa más, en todo caso, cómo seguirán los que vienen y sobre todo el propio Consejo, al cual debemos preservar con uñas y dientes de tironeos, distorsiones, zancadillas y maleficios. Cuatro años es un tiempo suficiente para conocer por qué el barco a veces navega escorado y, por lo general, eso ocurre cuando la carga se desequilibra a causa de deficiencias estructurales. Hoy por hoy, este imprescindible órgano institucional salteño es un frágil cristal que debe resguardarse entre algodones. ¿Tan frágil?, se preguntarán algunos. Sí, a mi modo de ver es frágil porque no termina de arraigar ni siquiera entre los propios interesados. Y me hago cargo de lo que digo.
Siendo consejeros nos tocó conmemorar los diez años de sanción de la ley 7016. A instancias del estamento de los abogados, propiciamos unas jornadas de debate –que pretendimos abierta para toda la comunidad- a las que finalmente asistieron todos los que pasaron por el CM en sus distintas representaciones y épocas. No obstante lo acotado del tiempo, pudo ponerse en común una serie de observaciones y críticas que indican la necesidad de introducir ya cambios en la legislación vigente. Cambios mayores necesitan de una reforma constitucional (para que el dictamen del Consejo sea vinculante, por caso). Como eso es más complicado, nada impide reformar la ley y el reglamento, para lo cual existen dos proyectos que quedan como legado del Consejo que se va: uno elaborado por las Doctoras Virginia Diéguez, Clara Castañares de Belmont y María Cristina Montalbetti; el otro por el Dr. Armando Frezze. Sería muy pretencioso abordar en esta página todas las propuestas superadoras en danza. Simplemente apuntaré a dos cuestiones. La primera se refiere al presupuesto. El del CM es una mínima parte del Poder Judicial; tal dependencia es contraproducente pues el Consejo es un órgano autónomo. La pálida imagen que para muchos tiene obedece en buena medida a esta situación. Un presupuesto acorde a sus necesidades y proyecciones será mayor garantía de imparcialidad. La segunda se refiere a la necesidad de insertar fuertemente al Consejo en la sociedad, encarnarlo. Si bien las entrevistas son públicas, no hay hábito de que la gente de la calle, docentes, alumnos universitarios y del secundario, asistan para ver cómo se selecciona a quienes los juzgarán. Estoy seguro que con esas dos medidas habrá una auspiciosa oportunidad para dar un golpe de timón en la dirección correcta.
A los futuros integrantes del Consejo: tienen por delante una tarea titánica. La reciente y justa decisión de otorgar a jueces y funcionarios el 82 % móvil, hará que se vayan muchos después de toda una vida dedicada a administrar justicia. De modo que lso futuros consejeros serán quienes nos digan quienes son los más idóneos para ocupar cargos durante los próximos 20 años. ¿Qué tal?
