UNA INSEGURIDAD REMEDIABLE

            Por  definición, accidente es un suceso eventual o acción de  la que involuntariamente resultan dañadas personas o cosas, o aquello que sucede “por casualidad”, esa combinación de circunstancias que no se pueden ni prever ni evitar. El Código Civil toca este tema con motivo de la responsabilidad por daños, estableciendo que no la habrá cuando un hecho ocurra por caso fortuito, cuyo concepto y alcance define en su artículo 514: “Es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse”.

            Paradigma de lo que previsto, a veces no puede evitarse,  ha sido desde antiguo la actividad naviera, que conociendo que –por una u otra causa- los buques a veces zozobran, cargan en previsión de ello botes salvavidas en número suficiente.

            Estas reflexiones se originan con motivo de la intensa actividad que despliegan en la ciudad de Salta, debajo de los semáforos existentes en calles y avenidas, personajes que limpian parabrisas en tiempo record, piden monedas desde sus sillas de ruedas, venden mercaderías diversas, hacen malabarismo con clavas, con fuego o con velocípedos de una sola rueda, ofrecen rifas desde sus uniforme de voluntarios y varias otras actividades, febril actividad que se produce durante los escasos segundos en los cuales el flujo vehicular es contenido a duras penas por la luz roja del semáforo.

            Pero ¿y si por una razón u otra sucediese un accidente y resultara lastimado alguno de estos personajes?  No puede decirse que este suceso no puede preverse, y en consecuencia, al ser evitable, deberá tener responsables.

El primero en ser acusado será el conductor del vehículo embistente, quién eventualmente puede no tener culpa –un ejemplo es la rotura de frenos por defecto de fabricación- pero enseguida se buscarán más responsables, la familia pedirá venganza, los vecinos justicia, iniciándose de ese modo el proceso ya conocido de la inútil caza de brujas.      ¿Tendrá responsabilidad la Policía de la Provincia? Este organismo –que tiene el monopolio de la fuerza pública- podría tener la obligación de responder por los deberes que le impone  el Código Contravencional o el artículo 9 inciso i) de la Ley Orgánica de la Policía,  que le faculta a  adoptar disposiciones momentáneas cuando circunstancias de orden y seguridad pública en el tránsito lo impongan, o el artículo 11 en lo que hace a la seguridad de las personas. Su responsabilidad sería por haber omitido adoptar esas disposiciones momentáneas .

            ¿O será responsabilidad de la Municipalidad?  Si bien carece de la fuerza pública para desalojarlos no es menos cierto que el peatón, cuando  baja a la calzada, tiene ciertas conductas que cumplir según disponen las Ordenanzas de tránsito, dictadas en ejercicio de las competencias y facultades municipales sobre el tema. Claro que sólo podría multarlos, si esa sanción estuviese prevista, pero no desalojarlos porque para ello requiere el auxilio de la fuerza pública y es conocida la tirria que existe entre los departamentos policiales y municipales ocupados de la seguridad vial.

            ¿O el Ministerio Público tendrá su responsabilidad en determinados casos?  Porque muchos de los personajes que se plantan frente a los automóviles que se van acercando son menores de edad. Este es un hecho de público y notorio conocimiento.  Los asesores de incapaces están facultados para proceder a la defensa y protección de estos incapaces en sede extrajudicial (art. 56 inc. 10 de su ley orgánica) sin olvidar que nuestra Carta Magna provincial impone al Ministerio Público velar por el cumplimiento de los derechos, deberes, principios y garantías constitucionales, que incluyen a aquellos que están contenidos en los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional, como es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989.

            ¿O por iguales motivos el Ministerio de Desarrollo humano o la Secretaría de la Niñez? El artículo 12 de la Ley provincial de Protección de la Niñez y la Adolescencia  establece que Estado y la comunidad coordinarán sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil  y también  limitar trabajos legalmente autorizados a menores cuando, entre otras cosas, constituya una actividad riesgosa para su  persona.

            ¿O todos estos organismos y otros más, de manera  conjunta y simultánea?

            Debe empezar  ahora a construirse  la respuesta; no se debe espera  que acontezca  un accidente para iniciar la búsqueda, si el hecho dañoso puede evitarse haciendo un trabajo de prevención eficaz, lo haga el organismo que fuese. Lo importante es que esos blancos fijos colocados en la línea de semáforos, que son los niños, los malabaristas, los “trapitos”, los lisiados, los cuentapropistas, sean retirados de ese lugar de peligro potencial para su integridad física, por su bien y por el bien de su salud. De esa forma se baja el umbral de inseguridad vial combatiendo esta inseguridad remediable y  se contribuye a hacer docencia en un tema que está íntimamente relacionado con el bien común de toda la comunidad, especialmente por los menores.

Armando J. Frezze

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- Los dibujos que acompañan esta nota pertenecen al ilustrador y dibujante humorista YERBA, y fueron publicadas en el diario El Tribuno, de Salta,  en fechas 9/4/08 y 27/8/09-

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JUSTA, LIBRE Y SOBERANA

En la edición impresa del diario La Nación del pasado lunes 7  salió una pequeña nota titulada “LA IMPORTACIÓN DE BILLETES DE BRASIL SE EXTENDERÁ TODO EL AÑO” y en  la bajada añadía: “Para evitar faltantes la Casa de la Moneda avanza con un esquema de complementación industrial”.

                Ya no era una novedad ni que faltaban billetes de 100 pesos ni que se los estaban imprimiendo en Brasil  ni que aviones C-130 de la FAA hacían el transporte de esa curiosa carga hasta tierra argentina. Nada era novedad. Por eso me llamó la atención que una noticia intrascendente en lo económico y casi irrelevante en lo político despertara una inusual catarata de comentarios y reflexiones.

                Al momento de escribir estas líneas el miércoles 9, siguen agregando opiniones los lectores on-line de ese periódico; hay en este momento 254 comentarios y 180 respuestas a esos comentarios que otros lectores han hecho.

                Aprovecho para reproducir el que yo envié ese lunes:

“La moneda es un emblema de soberanía, Argentina sigue a contramano o quizá, retrocediendo, cada día todos los días.... ¿Se contratarán próximamente carabineros de Chile para combatir la inseguridad? ¿O economistas peruanos para asegurar el ingreso de inversiones extranjeras con seriedad y a largo plazo?

El Lector Marcelo2 respondió que:  “ Los carabineros chilenos para la inseguridad, no, pero capaz que los contratan para cuidar nuestras fronteras (para que no muevan los hitos ) ahora que están desprovistas de gendarmes !!!”

Armando J. Frezze

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-Salvo indicación en contrario, la producción fotográfica es del autor. Hoy, el modelo del primer avión presidencial argentino, expuesto en la entrada del Aeroclub Rafaela.

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EL JUGADOR COMPULSIVO Y SU ADICCION, SIN SOLUCIONES A LA VISTA

            En el mes de julio de 2004 el  juez marplatense Enrique Félix Arbizu otorgó  status judicial al concepto de ludopatía, al considerar que la adicción al juego de azar es una enfermedad, un descontrol de la conducta,  como lo son el impulso de quemar -piromanía-  o el más común de cleptomanía, que amerita la protección preventiva por parte del sistema de justicia; fundado en tales razones ordenó al Casino de Mar del Plata colocar carteles advirtiendo que jugar por dinero es nocivo para la salud, medida que le había sido solicitada por un particular en una acción de amparo presentada al magistrado.
            Ludopatía (o ludomanía) es el comportamiento de la persona que necesita, de un modo incontrolable, jugar por dinero postergando a su familia, a su trabajo e incluso su alimentación y sus vínculos sociales, llegando a cometer reprobables acciones para obtener el dinero que le permita continuar jugando. Esto genera tensiones, enfermedades sicosomáticas y alteraciones que pueden desembocar aún en el suicidio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoce desde 1980 como una enfermedad o trastorno mental, al igual que la Asociación Americana de Psiquiatría; de los diez criterios diagnósticos que caracterizan a un jugador compulsivo, el primero es el fracaso reiterado en sus esfuerzos por dejar de jugar. Siempre necesitará ayuda si quiera escapar del infierno.
A partir de la medida del juez Arbizu, el concepto de obligar a la colocación de carteles con leyendas  que señalen que el juego es perjudicial para la salud en aquellos lugares donde se juega por dinero ha sido el eje de varios proyectos legislativos: la Nación, las provincias de Bs. Aires, Córdoba y Misiones, lo tienen en  estudio. Pero parece poco para un problema tan grave.
En Argentina la adicción al juego generalmente no es contemplada en los programas contra adicciones que desarrollan los organismos oficiales de salud, orientados al alcoholismo y las drogas; pero sí lo hacen las ONG y asociaciones civiles preocupadas por el tema, que  son muchas, existiendo en el país más de cuarenta: "Jugadores Anónimos", "Vivir", "Amanecer" (de Salta) son algunos de los  grupos de autoayuda que existen, al igual que la línea telefónica "Vida".
¿Cuál es el rol del estado frente a esta adicción?  Prioritariamente orientar programas que persigan la prevención de la enfermedad y la asistencia y rehabilitación del jugador compulsivo, por estar comprometida la salud pública, lo cual significa  formulación -y ejecución- de políticas a mediano y largo plazo: se trata de una enfermedad social que  pone en riesgo a la familia y que es la antesala  del quebranto económico y,  a veces, del delito. Por ello resulta necesaria una campaña de información que, en forma sostenida, difunda las características de esta enfermedad social y haga conocer los lugares donde funcionan centros de atención, oficiales o privados, y al mismo tiempo ayude financieramente  a las instituciones sin fines de lucro dedicadas a la rehabilitación. Con relación a los carteles, podría ser de colocación obligatoria aquellos que describan todos los síntomas  típicos del jugador  compulsivo e informen  sobre los grupos de autoayuda y centros de atención existentes en la provincia, sus domicilios, telefonos, horarios; a esa información podrían añadírseles las direcciones de Internet que resulten útiles. Por último el Plan Provincial de Salud, en el segmento de las políticas anti-adicciones, debe considerar las conductas de juego compulsivo, con proyección en los presupuestos futuros que financien tratamientos.

Esta es una enfermedad solapada que hace sufrir al jugador pero mucho más a su familia. El estado, al igual que los grupos privados de autoayuda, tiene un importante rol en el tema que por ahora no emerge en la superficie de los programas antiadicciones.

Armando J. Frezze

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AUSTERIDAD: LA CORTESÍA DEL POLÍTICO (a propósito de este año electoral)

            Cortesía, palabra que va perdiendo el rumbo en la Argentina Siglo 21. La violencia, la grosería o la cínica indiferencia -entre otras conductas- casi han extinguido el ejercicio de la cortesía, que siempre ha sido una satisfacción de ida y vuelta. Circunstancia que, en todo caso,  no resulta ni buena ni mala: la realidad es (y siempre lo será)  la implacable verdad cotidiana, aunque los nostálgicos añoren el pasado y los idealistas luchen por los cambios a futuro. Mientras tanto y por sobre todo y todos, la realidad se impone con su vigencia inoxidable, con sus mutantes circunstancias entre las cuales señala hoy una concreta devaluación de la cortesía.

            De ese acto que, por definición, necesita imperativamente del otro tanto o  más que de uno mismo; ese otro al cual se le demuestra la atención que se merece, el afecto  que se le tiene o el respeto con el que se le valora. Ese otro que eventualmente, pueden ser todos los “otros”.

            Se atribuye a Luis XIV haber dicho que  “La puntualidad es la cortesía de los reyes”. El sólido Ortega y Gasset, a su turno, sentenció: “La claridad es la cortesía del filósofo”. Cortesía para con el otro, que eran sus lectores, sus oyentes en clase o, tal vez, accidentales escuchas de sus conferencias; cortesía que deberían practicar no sólo los filósofos sino -principalmente- los profesores de filosofía  y también todo aquel que dirija un aula de secundaria o un claustro universitario, postmodernos literatos, determinados periodistas, varios ensayistas lacanianos y, naturalmente, los políticos. Pero aunque esté en su patrimonio, la claridad no sería cortesía del político porque -y según Ortega- ya está instalada como deber y característica del filósofo.

            ¿Cuál podrá ser, entonces, la cortesía del político?

            Descartada la puntualidad y la claridad, que ya tienen dueño, podría indagarse acerca de otras cortesías atribuibles a la clase política. La cercanía, por ejemplo. Caminan estrechando manos de vecinos, sonríen a cada quien, besan infantes y lactantes y hacen cosas por el estilo. Pero debe descartarse por no resultar una constante sino  sólo un cuadro temporal en momentos de elecciones. Por otra parte esa cercanía se diluye a medida que asciende de nivel el político, como ya lo explicó Hans Magnus Enzenberger: a mayor responsabilidad política mayor encapsulamiento del sujeto: custodias, vuelos especiales, rutas liberadas por escoltas, agendas de horarios rígidos. A mayor encumbramiento menos conoce los temas básicos de la vida como el precio del tomate, el viajar en ómnibus, el descifrar los trámites municipales necesarios para pagar una multa, sacar un permiso o retirar ese auto que secuestró la grúa.

            ¿La sinceridad? Tampoco, decía Thomas Beckett que la sinceridad es un cálculo como cualquier otro, con lo cual quedarían igualados  los políticos sinceros con los fríamente calculadores, mímesis que impediría distinguir los corteses de los que no lo son.

             Tal vez  -y sólo tal vez- la cortesía del político pudiera ser la austeridad. Dominando los sentidos, refrenando las pasiones,  llevando una vida sobria y de estilo sencillo, evitando monólogos autorreferenciales en las entrevistas y no exhibiendo vanidades frente a la TV, sería un político cortés. Si esa conducta, además, continúa cuando ya es legislador o  gobernante, lograría poseer  un importante activo de cortesía, de respeto y  afecto hacia el otro, esos otros que multiplicados forman la comunidad en la cual, para la cual (y a veces de la cual) vive el político.         

            Cortesía que, seguramente, le será devuelta por la comunidad finalizado el período -breve, mediano, extenso- que cumpla en su paso por la función pública, y que percibirá en la calle, en el supermercado o en tantos otros lugares a donde irá como un ciudadano más. Igual que esos otros a los cuales, cuando estuvo en campaña o en funciones les brindó la cortesía del político: su austeridad.

Armando J. Frezze

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