TRÁNSITO: VEINTE AÑOS NO ES NADA

Versión ampliada de la nota publicada en El Tribuno de Salta el domingo 27 de mayo con el título "La seguridad vial también es cosa de la Policía"



-0-0-0-0-


El concepto de tránsito resulta un único envase para temas variopintos: seguridad, transporte de cargas, de pasajeros, urbano, rural e interprovincial, también estacionamiento, carga y descarga, pesos máximos, seguros, patentes, uso de bocinas, licencias para conducir, transportar, publicitar, y muchos otros. El mayor porcentaje de ellos no está vinculado a la seguridad, o sea la disminución del peligro o riesgo que el tránsito acarrea.
Por su parte velar por la integridad física de los ciudadanos y sus bienes –o sea la seguridad genérica- constituye un deber del estado. Pero no siempre se tiene presente que la seguridad vial es también una parte de la seguridad general, sólo que sus escenarios son restringidos -la vía pública- y sus actores también acotados: la autoridad y los conductores.
El deber estatal de garantizar la seguridad en toda la Provincia señala que es competencia de la Policía y que esa competencia territorial incluye la zona urbana, resulta indiscutible. Como la Constitución otorga el monopolio de la fuerza pública al Poder Ejecutivo y como no hay seguridad garantizada sin la facultad de ejercer la fuerza pública en caso que fuese necesario, las fuerzas de seguridad –esa seguridad que incluye la vial- dependen del Poder Ejecutivo y por eso los legisladores han dictado leyes como, por ejemplo, el Código Contravencional, que contiene artículos sobre tránsito y que tiene a la Policía como autoridad de aplicación, código que rige desde hace más de una década sin haber sido cuestionado nunca por autoridad alguna. Esa norma legisla sobre seguridad vial –esa porción de la seguridad general- sancionando la conducción en estado de ebriedad o arrojar agua al conductor de un vehículo y ordena a la Policía de la Provincia que actúe e investigue en caso de contravenciones, sin ponerle ningún límite territorial a su competencia.
En síntesis: no se puede garantizar la seguridad sin poseer el monopolio de la fuerza pública, atributo que la Constitución colocó en cabeza del Poder Ejecutivo, excluyendo a los otros dos Poderes del estado y a los municipios, pese a otorgarles autonomía. A la prudencia de los constituyentes la abonan una docena de razones; lo contrario podría concluir en decenas de policías municipales, armadas y autónomas.
Una herramienta útil entonces, ya se señaló desde esta columna en otras ocasiones, para progresar en la legislación de seguridad vial es aggionar el Código de Contravenciones, incorporándose las contravenciones viales y dejando las demás cuestiones del tránsito bajo la competencia comunal como hoy ocurre; otras provincias ya lo han hecho.
¿Porque no contravencionalizar, por ejemplo la circulación a contramano de motos? El auge de los “motochorros” urbanos y los arrebatos que le infligen a los peatones lo justifican; circular a contramano formalmente sólo es una falta municipal pero con desagradable frecuencia termina en un delito de hurto. Llevar pasajeros en las cajas de camiones y camionetas o en tractores también podrían ser figuras contravencionales, demasiadas muertes lo están justificando. La ebriedad y el exceso de velocidad, por los resultados que provocan, son conductas de peligro que merecen ser incorporación al Código Contravencional para que sean tratadas por igual en toda la provincia.

Esta vía legislativa, podría reemplazar con mayor eficacia a la actual situación, en la cual comunas y provincia comparten la competencia territorial mediante convenios nacidos de dificultosas concertaciones. No está mal, es un progreso, pero la sensación que percibe la comunidad es que una de las partes es tributaria de la otra que resigna algo que sería propio. Esa visión errónea, hizo fracasar el primer intento progresista hace ya veinte años: en 1992 la Ciudad de Rosario de la Frontera, Ordenanza Nº 1281/92 mediante, cedió el control del tránsito a la Policía de la Provincia, el entonces Intendente José Iriarte, decía , entre otras razones, que la Policía provincial “cuenta con mayor número de personal y medios adecuados”. Muchos municipios opinaron lo contrario y se inició un minué que todavía continua, enredando en sus figuras a las comunas, la policía provincial y el control del tránsito automotor. Los meses que siguieron a la decisión de Rosario de la Frontera mostraron al municipio de Güemes inclinándose por la compra de más motos, a la comuna de Rosario de Lerma creando una novel Policía de Tránsito o Metán, que inauguró un curso de cuatro meses para formar inspectores de tránsito.
Ese minué, que en ocasiones alcanzó el turbulento vigor de un danzón, ahora descansa. Pero a juzgar por lo ocurrido durante todos estos 20 años, en cualquier momento puede romper a bailar nuevamente; una ley parecería ser, desde la seguridad en general y la vial en particular, una herramienta útil para fijar definitivamente las competencias de todos los participantes.



Armando J. Frezze

-Si desea enviar esta nota a otra persona, haga click sobre el icono con la letra M que se
encuentra a la izquierda de la barra de opciones, ubicada justo debajo de estas líneas.
-Salvo indicación en contrario, la producción de las ilustraciones es del autor.
-Permitida la reproducción de esta columna indicando la fuente.

VAMOS POR TODO

publicado en diario El Tribuno de Salta edición del de abril de 2012

VAMOS POR TODO (Los periodistas ya no son intermediarios necesarios) No se tiene demasiada certeza que aquella consigna, “El pueblo quiere saber...”, fuera gritada por los criollos durante los sucesos de mayo de 1810; en cambio existe plena evidencia respecto que la libertad de imprenta fue otorgada al pueblo por vez primera al año siguiente por el Estatuto de 1811, flamante derecho que evolucionó y es hoy el derecho a la información: poder opinar, conocer y preguntar libremente. Tan natural es ese ejercicio que hasta en el fútbol resulta habitual una conferencia de prensa del técnico con los periodistas después de cada partido de cierta relevancia. Es impensable que un director técnico rehuya invariablemente hacerse cargo de las preguntas, responsabilidad que forma parte de sus deberes. Algo similar ocurre en la política, los dirigentes tienen deberes y uno de ellos consiste –aquí y en todo el mundo democrático- habilitar los espacios destinados para contestar los interrogantes de la prensa, orientada a conocer de boca de los responsables el porqué, el cómo o el cuándo de las acciones -o de las omisiones- de la gestión de gobierno. Ese saludable ejercicio ya no se practica aquí a nivel presidencial: desde hace casi una década tanto el fallecido presidente Kirchner como su sucesora le han esquivado el bulto al periodismo de una manera sistemática, rayana en la cobardía política, circunstancia disimulada apelando a explicaciones variadas y adobada con recurrentes ataques al periodismo. Esta tirria morbosa fué elevada a categoría de principio general, “los periodistas ya no son intermediarios necesarios” afirmó el ex Secretario de Medios Enrique “Pepe” Albistur a un matutino porteño en el 2007. Albistur fué funcionario de ambos Kirchner. La titular del Poder Ejecutivo, al igual que su antecesor, sólo comunica hechos de su gestión durante actos públicos que no admiten preguntas. El Vicepresidente de la Nación tampoco las permite, ni aún en las ruedas de prensa que él convoca para dar explicaciones sobre hechos poco claros. Sin embargo la prensa es una intermediaria, no exclusiva pero sí informal y necesaria. El escritor Hans Magnus Enzenberger señaló una paradoja política: a mayor responsabilidad política mayor encapsulamiento del funcionario, que tendrá vuelos especiales, rutas liberadas, escoltas, helicópteros, guardaespaldas y apretadas agendas sin tiempos para escuchar al ciudadano de a pie . “Del avión al sillón y del sillón al avión” describiría María Elena Walsh esa impracticable cercanía con el pueblo, porque a mayor encumbramiento menos conoce de primera mano el político los temas básicos de la vida real: el precio del tomate, los problemas de viajar en ómnibus, el saber descifrar trámites municipales para cumplir con la burocracia que le permita pagar una multa, sacar un permiso o retirar el auto que secuestró la grúa. Es entonces que la pregunta en rueda de prensa puede comunicar tanto los problemas de la vida cotidiana como los temas que la ciudadanía quiere conocer en detalle sobre la gestión de gobierno: desvíos del poder o de fondos o cualquier otro hecho. Es gracias a prensa libre que la opinión pública no sólo argentina, conoció graves sucesos como la valija con 800 mil dólares, las coimas de Skanska, los negocios que vinculan la familia del gobierno con la familia Esquenazi, la familia Cirigliano o con los casinos de Cristóbal López, las causas de la tragedia de Once, las falsedades del INDEC, la censura larvada en la Ley de Papel Prensa, el affaire Ciccone-Boudou por citar escasos ejemplos. Los periodistas extranjeros, por su parte, no son embajadores pero como éstos trabajan para lograr que otros pueblos conozcan lo mejor posible cómo es el país cotidiano,el del día a día, enviando sus crónicas que pueden o no coincidir con las de los discursos oficiales. Y al igual que sus colegas argentinos, ellos quieren conocer, enterarse, saber sobre la actualidad, pero no de un modo unidireccional, con esa versión única que llega certificada desde el atril. Hoy la divisa del cristinismo –“vamos por todo”- parece querer poner en la bolsa también a la prensa libre. Los indicios son cada vez más graves; la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hace pocos días dio a conocer un documento en el cual, en lo que a Argentina concierne, se señala el hostigamiento gubernamental hacia la prensa utilizando como herramientas la publicidad estatal o los discursos para acusar, con nombre y apellido, a periodistas o la falta de sanción de leyes sobre el acceso a la información pública y la publicidad oficial, ya requeridas por la Corte Suprema de Justicia. De no cesar esos desvaríos autoritarios, una carta abierta como la publicada por la Senadora Estenssoro el pasado miércoles 25, de descarnado contenido, sobrio estilo y fundamentadas reflexiones, en poco tiempo más no podrá llegar a la ciudadanía, no por haber censura previa sino porque no habrá papel. No al menos para determinados diarios, esos que comunican lo que este gobierno quiere que callen. Armando J. Frezze -Si desea enviar esta nota a otra persona, haga click sobre el icono con la letra M que se encuentra a la izquierda de la barra de opciones, ubicada justo debajo de estas líneas. -Ilustración: Periódico El Quijote,Bs. As., edición del 20 de enero de 1889. -Permitida la reproducción de esta columna indicando la fuente.