Inaugurar
el año judicial al concluir el mes de enero es una formalidad que en Salta se
inició varios años antes que el Poder Judicial de la Nación hiciese lo propio.
Esa apertura simbólica ocurrió por primera vez en 1992, año que marcó un hito
en la administración de justicia de la Provincia debido no sólo a ese nuevo
rito inaugural sino también a que
algunos meses más tarde, se concretaron los anuncios que se hicieron en aquella
apertura.
Fue
un lunes 3 de febrero de 1992 cuando el entonces presidente de la Corte de
Justicia Rodolfo J. Urtubey perfiló en su discurso los grandes rasgos del plan
del Poder Judicial para el ciclo que se iniciaba, destacando dos objetivos a
alcanzar: uno la informatización, ya en marcha, recibiría la necesaria
intercomunicación de los edificios judiciales, dispersos por toda la ciudad de
Salta en aquel tiempo. Esa red local fue germen de la actual red que
vincula hoy a oficinas judiciales de
toda la provincia. El segundo objetivo que el discurso subrayó estuvo referido
a un tema prácticamente desconocido para la gente: la Escuela de la
Magistratura. “Este año será el momento en el que trataremos de llevar a
buen fin una iniciativa surgida en el seno de los señores magistrados que es el
proyecto de Escuelas Judiciales, en consonancia con los propósitos de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y que encararemos a nivel regional en esta
zona del país”, afirmó el presidente del Alto Tribunal. Seis meses más
tarde, el 28 de julio
de 1992, se concretó lo pronosticado, al firmarse la Acordada Nº
7303 que aprobó el proyecto de la Escuela de la Magistratura presentado por la
Comisión Ad Hoc, constituida por jueces
de la Provincia, dejando así creada esa nueva institución judicial.
En agosto
de ese mismo año se reunió en Tucumán la Junta de Superiores Tribunales del
NOA; comprendiendo la importancia del paso que había dado el Poder Judicial de
Salta para el perfeccionamiento de magistrados y funcionarios, esa Junta dispuso
“elaborar un programa curricular y constituir un cuerpo de profesores común
–sostenido por los Superiores Tribunales de la Región- para atender las
necesidades de las Escuelas de las Magistraturas de las provincias del NOA, a
entrar en vigencia en 1993”. Al año siguiente la Escuela de la Magistratura de
la Provincia de Salta ya era
considerada la más importante del país. Tal fue la relevancia alcanzada que
cuando se produce en 1998 la reforma de la Constitución Provincial los
constituyentes le otorgan rango constitucional, colocándola en la órbita del
Poder Judicial, bajo dirección de la Corte de Justicia y con la participación
de los jueces que integran ese poder.
Quiso
la casualidad que también en ese 1992 se creara otra institución destinada a
mejorar el nivel de la administración de justicia: el primitivo Consejo de la
Magistratura de la Provincia. Este primer Consejo fue establecido por Decreto
Nº 1218/92 del Poder Ejecutivo Provincial. En un mismo año dos poderes
distintos del Estado provincial establecieron instituciones destinadas al
mejoramiento de la administración de justicia y selección y perfeccionamiento
de los jueces y funcionarios que la integran. Ambos órganos alcanzaron años más
tarde nivel constitucional; la reforma de 1998 incorporó al Consejo, con un
proyecto algo diferente mientras que la Escuela, dado su consolidado prestigio,
no fue definida en el texto sino que simplemente se dispuso su agregación a las
atribuciones administrativas de la Corte de Justicia, asumiéndose de esta forma
que el órgano ya estaba funcionando –y funcionando bien- desde años anteriores
por lo que no resultaba necesario conceptualizarlo en la letra de la
Constitución.
En esta época donde la mayoría de las
instituciones argentinas atraviesan una suerte de crisis existencial, de
actividad sometida a crispaciones y quebrantos, este vigésimo aniversario de la
Escuela de la Magistratura cumpliendo su rol
en beneficio de todos, debiera tomarse
como una señal de buen augurio, que promese
días más calmos y de mayor respeto hacia los otros, hacia el quehacer
cotidiano de cada quien.
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