Publicado en diario El Tribuno, de Salta, el 30/11/12
El pasado jueves 22 de noviembre la Corte de Justicia de Salta conmemoró los veinte años de la creación de la Oficina de Prensa del Poder Judicial, una de las primeras del país. Ese día en la Procuración General, un ciudadano reiteraba un pedido de información que, según sus dichos, viene solicitando sin recibir respuesta. Cabe señalar que durante las dos últimas décadas la Corte de Justicia promovió activamente el derecho a la información, esa nueva forma hacia la que evolución la libertad de prensa y que implicó, entre otras cosas, abandonar el principio sostenedor que los jueces hablaban sólo por sus sentencias. No se trataba de construir una justicia mediática sino de articular, dentro de lo que la ley permite y la prudencia aconseja, una actitud abierta respecto del derecho a la información. El Poder Judicial se colocó así en una posición similar a la que el Legislativo y el Ejecutivo tienen hacia la prensa que, muchas veces, es una necesaria vía de doble mano para dar respuestas a los ciudadanos o recibir sus interrogantes. Sorprende entonces una noticia, según la cual la Procuración General parece haber tomado una dirección opuesta. Según el portal de noticias Iruya.com el Procurador General denegaba el acceso a la información pública, añadiendo que el abogado Gonzalo Guzmán Coraita “ha dirigido ya tres escritos al Procurador General Pablo López Viñal, por denegación arbitraria de acceso a la información pública”. El pedido pretendía conocer el desarrollo “del proceso de designación de directores, jefes, profesionales y empleados administrativos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), creado recientemente.” Ninguno de los dos primeros pedidos fue contestado según manifestara Guzmán Coraita, director de Salta Transparente y el último -reproducido en su pagina web- fue presentado con la advertencia de peticionar la información por vía judicial si no recibía respuesta en cinco días. Que el Procurador General y los medios, salvo excepciones, mantienen una relación difícil es opinión generalizada, pero negarse a informar es algo que excede una visión subjetiva de la prensa –que es respetable como cualquier otra opinión- para entrar en el campo de sus deberes como funcionario público.
El hecho, si ocurrió como lo describen, por sus implicancias recuerda a aquél sucedido durante el primer año de existencia de la Procuración General -1988- cuando el entonces titular del organismo dictó una Resolución prohibiendo a sus integrantes hacer manifestaciones de ningún tipo al periodismo, sin contar con la previa autorización del Procurador General, bajo apercibimiento de multa. Esa resolución mordaza se firmó estando ya vigente la ley Nº 23.054 de adhesión al Pacto de San José de Costa Rica, cuyo art. 13 consagraba el derecho a la información. La Procuración General, cuyo deber principal es velar por la vigencia de las leyes, había quebrantado una y le dio incluso formalidad administrativa. Esa mordaza duró ocho años, en 1996 el Dr. Ramón A. Catalano, nuevo Procurador General, la derogó, reubicando el tema dentro de su marco jurídico, expresando que... “no se puede amordazar la expresión de los funcionarios en un Estado de derecho pleno ni lesionar seriamente la libertad individual, violando los expresos mandatos de nuestra Carta Magna”. Por esos y otros fundamentos dispuso la derogación de la Resolución Nº 143 del 16 de agosto de 1988. Los sucesos narrados no son un tema menor. Que puede esperar el ciudadano de a pie con respecto a sus derechos si el Procurador General no da el ejemplo. El tema demasiado serio como para ser pasado por alto en los casos que ocurran. Hoy no se responde al pedido de un ciudadano sobre procedimientos de la Procuración, mañana se repite la ausencia de respuesta sobre otros temas y -creado el precedente- los dictámenes futuros abogarían por el silencio y no por la información. El daño puede ser ya demasiado extenso y el tiempo demasiado tarde. El primer presidente de la Conferencia de los Tribunales de Cuentas Autonómicos de España, Luis Muñoz Garde, en un trabajo sobre la función pública afirmaba que “debe abordarse la comunicación como una obligación ética…nuestro deber es, por lo tanto, facilitar esa comunicación realizada principalmente –aunque no únicamente- a través de los medios, siempre con mesura, evitando e protagonismo y sin obsesionarse por aquellos”. Estos y otros conceptos están reproducidos por la Procuración General de Salta en su publicación oficial, en el número Nº 4 de finales del 2009. Cabe esperar entonces que la petición realizada por la organización Salta Transparente tenga finalmente la respuesta a la que tiene derecho.
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