Publicado en diario El Tribuno de Salta el 17/12/12
Los jueces de Salta antes se designaban sólo
por seis años, vencido ese plazo se requería un nuevo nombramiento. En 1986 la
reforma constitucional, novedosamente, dispuso
la inamovilidad de los magistrados “mientras dure su buena conducta”. Se dijo
entonces que ponerle límites temporales impedía el desarrollo de la carrera,
necesaria para cualquier sistema judicial, y resentía la labor porque el
magistrado, a medida que se acercara la fecha de cese, viviría conflictuado por
lo que el Poder Ejecutivo decidiera o lo que el Senado considerara . De ese progreso
quedaron excluidos, inexplicablemente, fiscales y defensores oficiales, que continuaron
con el régimen de los seis años. La
Reforma de 1998 lo corrigió y obtuvieron igual inamovilidad que los jueces. Hoy,
sólo los integrantes de la Corte de Justicia provincial son nombrados por seis
años.
El
gran avance de la reforma de 1998 fue la creación del Consejo de la
Magistratura como órgano de selección para cubrir toda vacante que hubiese en
el Poder Judicial o en el Ministerio Público. La idea era –sigue siendo- que
sólo los mejores fueran seleccionados mediante un procedimiento obligatorio. Para
evitar una politización excesiva, como ya ocurría en la Nación, se creó un
Consejo de sólo nueve miembros. La Cámara de Diputados y los abogados
matriculados designan tres consejeros cada uno, con representación de las
minorías, y la Justicia los tres
restantes. Como el Ejecutivo ya intervendría al elegir un candidato de las
ternas, los constituyentes dispusieron que no tuviese representantes en el
Consejo. Tampoco otorgó representantes a la Cámara de Senadores, razonando que
ésta tiene la llave maestra de los nombramientos porque sin acuerdo, el
candidato elegido por el Poder Ejecutivo no puede acceder al cargo. El rechazo
senatorial a las propuestas de la Presidenta
para la Procuración General de la Nación y para el Juzgado Federal de Salta son
recientes ejemplos de la importancia que en este proceso tiene la Cámara Alta,
que impidió las designaciones solicitadas por la Presidenta Cristina de
Kirchner, al no otorgarle acuerdo a los candidatos.
El procedimiento de selección descripto
indica que resulta desaconsejable actuar con apresuramiento respecto de la idea
de “democratizar el Poder Judicial”, que la Presidenta ha lanzado al ruedo en
el marco de su constante enfrentamiento con el Poder Judicial de la Nación. Hoy
los jueces son elegidos por el pueblo, aunque este hecho no pueda verse
claramente por tratarse de una elección indirecta, similar a las elecciones presidenciales
habidas hasta 1994: el ciudadano votaba a un elector y posteriormente todos los
electores reunidos en el Colegio Electoral elegían un Presidente.
En el caso de los jueces de Salta –y
de la Nación- ocurre lo mismo: el pueblo vota a sus representantes y a su
gobernador o presidente. Estos, en su momento, eligen a los futuros jueces y
fiscales a través de un proceso que en Salta comienza cuando el Consejo de la
Magistratura, que tiene tres representantes de la Cámara de Diputados, selecciona
a tres, entre todos los candidatos que se presentaron para un cargo vacante. En
el paso siguiente, el titular del Poder Ejecutivo, que ejerce el cargo por el
voto popular, escoge a quien considera el mejor de los tres candidatos y solicita a la Cámara de Senadores, cuyos
integrantes provienen también de votaciones democráticas, el acuerdo necesario para designar al
candidato en el cargo. Sin acuerdo no hay nombramiento. Se advierte así que la voluntad popular nunca
fue ajena ni excluida en el procedimiento designación de magistrados.
Imaginar
que los jueces se elijan, como lo solicitó el diputado Depetri, “mediante el
voto directo de los ciudadanos” es algo
que está mucho más reñido con la idea de independencia de la justicia.
Suponiendo que el plazo de ejercicio del cargo sea de seis años, el último año mostrará
a un juez activamente en campaña, desatendiendo las causas, ausente de su despacho,
fatigando calles y actos en pos de los votos necesarios para su reelección. Es
de imaginar que en esa actividad hará promesas y aceptará compromisos. Si no es
persona de fortuna, alguien –un particular, una empresa, un partido político-
deberá solventar los gastos de campaña. Las presiones ulteriores serán una
consecuencia ineludible. No parece este camino el indicado para democratizar la
justicia.
Dijo el Dr. Zaffaroni el jueves
pasado: "El Poder Judicial es ideológicamente plural", la importancia
de esta afirmación realizada en una entrevista emitida por el canal CN23, es
que la expresa un magistrado ideológicamente afín al gobierno, quien además
añadió que "Al Poder Judicial hay que democratizarlo, pero hay un límite
que es la Constitución".
Quien quiera podrá sacar sus propias
-y respetables- conclusiones.
-Si desea enviar esta nota a otra
persona, haga click sobre el icono con la letra M que se
encuentra a la izquierda de la barra de opciones, ubicada justo debajo
de estas líneas.
-Salvo indicación en contrario, la
producción de las ilustraciones es del autor.
-Permitida la reproducción de esta
columna indicando la fuente.
