En el imaginario salteño existen otros prejuicios sobre la justicia, además de su lentitud: politización y corruptelas. Deben entonces ejecutarse acciones para revertir esa imagen, si fuese verdadera, o para prevenirla si el prejuicio fuese infundado, considerando que el vocablo “justicia”, en ese contexto, no se circunscribe únicamente a los jueces sino que integra también a otros actores del escenario judicial. Uno es el órgano que selecciona los candidatos: el Consejo de la Magistratura. Las normas que hoy rigen su composición y sus procedimientos merecen una reforma constitucional por razones que ya se señalaron en columnas anteriores. Otro es el colectivo de abogados matriculados, que deben ajustarse al Código de Ética establecido por ley Nº 5.412. El engranaje judicial se integra a su vez con los empleados administrativos, colaboradores inmediatos e imprescindibles en la administración de justicia, cuyas labores regula la Acordada Nº 5159, con varios artículos vinculados a la ética. Estas normas regulatorias de los tres principales actores de la actividad merecen actualizarse para sintonizarlos con la transparencia republicana, que aleje las posibilidades de corruptelas y politización. Por último, aunque no menos importante, están la Corte de Justicia y el Colegio de Gobierno del Ministerio Público. Esta complejidad no impide que puedan iniciarse acciones orientadas a la transparencia y a la conducta ética de los distintos participantes.
Un progreso sería una reforma que defina al Consejo de la Magistratura como un órgano administrativo independiente de los Poderes del Estado y coadyuvante en la selección de magistrados, autárquico y autónomo. Esta necesidad se presenta debido a que el texto constitucional actual dispone el primero de los nueve miembros del Consejo será “un juez de la Corte de Justicia, que lo preside”. O sea, no sólo habrá siempre Juez de la Corte como consejero sino que éste siempre presidirá el Consejo. Esta presencia de la Corte de Justicia en todos los procesos de selección cercena la autonomía del Consejo y por lo tanto debe suprimirse. Incluso lo dicta el sentido común: hoy el consejero que es Juez de Corte es también el superior administrativo del otro consejero elegido por los jueces y de los empleados administrativos del Consejo.
Esmerila la independencia también la actual ley al disponer que el Consejo “tendrá su sede en lugar que le habilite al efecto la Corte de Justicia” y si eso no bastara, añade que la Corte le “afectará los funcionarios, el personal y los recursos para el funcionamiento del organismo”. La dependencia económica y de recursos humanos es evidente.
La modificación de la ley deberá contemplar asimismo que, de mínima, los magistrados cumplan con el mismo examen psicológico y psiquiátrico que realizan los aspirantes a empleados judiciales administrativos. De máxima poner en funcionamiento el sistema de la entrevista psicológica, o estudio psicotécnico, dispuesta por el Consejo de la Magistratura en Acta Nº 1124 del 27 de junio de 2007 ( Expte. 45/07) para cuya implementación nunca hubo fondos.
Otra reforma necesaria es que se disponga inhabilitar para presentarse como candidato a otro cargoa quien ya esté ejerciendo uno ganado por concurso y en el cual no haya cumplido un mínimo de cuatro años. El fundamento es ético y evita la tentación de intentar una veloz carrera judicial.
Por último parece conveniente que los magistrados se rijan con un Código de Ética que regle su vida profesional y también fuera de los Tribunales. Si hay un Código ético para los abogados, con mayor razón los magistrados deberían aceptar el suyo; cinco provincias argentinas tienen en vigencia una normativa ética para jueces: Corrientes, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba.
En cuanto a la actividad administrativa del Poder Judicial, la transparencia requiere hoy que todas las acordadas, resoluciones, reglamentos, concursos, notas y demás material que provenga de su actividad no judicial esté también Internet, completo, no parcializado con acceso publico y gratuito. El derecho a la información es uno de los derechos humanos que estimula la participación democrática de la sociedad en el control informal del Estado, en este caso el control del funcionamiento de la justicia.
