"ES LA ECONOMÍA, ... " SIGUE VIGENTE

 

La actual Presidenta de los argentinos alcanzó su reelección con el 54 por ciento de los votos, pero lo que en un principio se valoró como un indiscutido mérito político se está transformando en un cheque en blanco que habilitaría al Ejecutivo a ejercer todo el poder, literalmente hablando. La conducta del Congreso nacional, estos días, es un ejemplo. Pensar -y actuar- imponiendo ese principio es una equivocación política e institucional grave, ya que el gobierno en Argentina está articulado en la gestión armónica de tres poderes, ninguno de los cuales puede ejercer “todo” el poder.

Y además de las reglas básicas de la Constitución nacional, ese método de gobierno de ir siempre por más desatiende la cotidiana realidad de la vida de la gente como también desconoce la existencia de cierto cuarto poder, impreciso respecto de quién lo ejerce pero cuya vigencia real impide a cualquiera de los tres poderes del Estado actuar por sí, y además por los otros.

Desde la Revolución Francesa, se puso ese mote a la prensa pero debe aceptarse que ésta puede tener peso en la opinión pública -según el prestigio del medio o del periodista- pero nunca poder. Carece el periodismo, al igual que el defensor del Pueblo o el procurador general de la Nación, de la facultad de imponer conductas coactivas a los ciudadanos. De la misma manera que los medios solo informan u opinan, el defensor y el procurador general solo opinan e informan a través de sus dictámenes o recomendaciones pero no juzgan ni sentencian, no sancionan ni disponen nulidades. La evanescente categoría de “cuarto poder”, en el sistema político argentino, podría adjudicarse también a las asociaciones sindicales organizadas, al menos al menos si se atiende a la historia de la segunda mitad del Siglo XX hasta la fecha.

Como también podría asignarse a la opinión publica la categoría de cuarto poder, el cual si bien es un concepto inefable adquiere cierta materialidad y se lo percibe hasta en la calle, cuando el humor de la gente no es el habitual, cuando aparece transformado en un mal humor social generalizado y agudo. Es un poder latente, adormecido, que no emerge por cuestiones institucionales, por la corrupción o por la ausencia de políticas y rumbos en la vida del país. Pero que aparece indefectiblemente cuando se descalabra el bolsillo de los ciudadanos y cuando las paritarias no son pacíficas.

Alfonsín llegó al gobierno sin apoyo sindical pero con el 51,7% de los votos; De la Rúa fue presidente con el voto del 48,5% del electorado. Salvando las diferencias entre ambas gestiones, los dos no completaron sus mandatos porque el mal humor ciudadano les recortó los plazos. Y el mal humor provenía exclusivamente de una sola causa: una economía nacional díscola e indomable. Del 48,5% de De la Rúa al 54% de la Presidenta hay sólo cinco puntos y medio. Romper lanzas con el poder sindical es mal presagio si una terca singladura quiere llevar al país a capear tormentas de extensión casi mundial sin planes económicos y con ministros de bastante menor jerarquía en esa materia y en relaciones exteriores -carteras claves para este tipo de ocasiones- que los que acompañaron a Néstor Kirchner en sus momentos críticos.

Una pérdida de siete mil millones de dólares en reservas del Banco Central durante 2011 y un paro de los empleados judiciales de la Nación unos días antes de la Navidad no son datos para ignorar. Ambos efectos son producidos, directa o indirectamente, por una inflación que no encuentra una paternidad que se haga cargo.

Las conocidas palabras del asesor James Carville, que llevaron a su candidato hasta la presidencia de EEUU en 1992 -“Es la economía, estúpido”-, siguen teniendo vigencia global.

Armando J. Frezze

 (Publicado en diario El Tribuno el viernes 23 de diciembre de 2011)

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JUEGOS INFANTILES Y RESPONSIBILIDADES ADULTAS

            El principio rector para la reparación de perjuicios que establece el Código Civil es relativamente simple: la persona que realiza una acción que causa un daño a otra, está obligada a repararlo si actuó con culpa o negligencia, responsabilidad que resulta extensiva al daño ocasionado por cosas que estén a su cuidado o bajo su dependencia. La solución es justa, es lógica, es sabia.

            En este punto, cuando la ley habla de personas, valga la aclaración, se refiere tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas, sean éstas públicas o privadas. Y entre las personas jurídicas que categoriza como públicas el Código incluye a los municipios.

            De ese modo, un parque de juegos infantiles que esté gerenciado por una sociedad comercial, persona jurídica privada, en principio, la empresa será responsable por los eventuales daños que puedan causar esos juegos; si los juegos están instalados dentro de un local sólos o junto a otros comercios, los peloteros son un ejemplo, el principio es el mismo. Pero si los juegos infantiles están bajo la dependencia y el cuidado de un municipio –como usualmente ocurre en las plazas- la responsabilidad por eventuales perjuicios derivados de culpa o negligencia corresponderá a la comuna.  Como se ha mentado que la solución del Código es justa, además de simple, permite que dadas ciertas circunstancias las personas se eximan de la responsabilidad por el daño ocurrido, circunstancias que son varias y que no es necesario referirlas porque no hacen a la finalidad de estas reflexiones, que tienen como origen un daño causado por la comuna de Salta en razón de conducta culpable o negligente que ha sido públicamente reconocida por ella. El hecho ocurrió el pasado lunes en una plaza ubicada en barrio Ciudad del Milagro, donde un menor al deslizarse por un tobogán en mal estado, sufrió la amputación traumática de parte del dedo anular izquierdo. No resultan necesarias verificar demasiado sobre la conducta culpable de la comuna, si se atiende a las declaraciones de funcionarios municipales sobre este caso, que resultan una confesa aceptación de que no se trató de un caso fortuito, imprevisible o inevitable. En todo caso, admiten todo lo contrario.

            Esas manifestaciones reconocen que el Municipio no está en condiciones de contratar 600 placeros para las 300 plazas de la ciudad. Esa imposibilidad de por sí nada tiene de reprochable. Lo que merece el cuestionamiento –desde el sentido común y desde la ley- es que sabiendo la imposibilidad de mantener en buenas condiciones esos juegos infantiles, no se haya procedido a retirar un número tal que permitiera el buen mantenimiento de los juegos restantes con el presupuesto y personal afectado a esos fines.

            Reconocer que el municipio está desbordado en este tema, que no puede atender el mantenimiento de todos los juegos infantiles existentes en los sitios públicos, y al mismo tiempo aceptar voluntariamente como posibilidad el que algún niño sufra una herida seria por ese mal mantenimiento, coloca al hecho al filo del delito de lesiones, lesiones culposas pero delito al fin. Que el vandalismo exista, no exime de responsabilidad al Municipio, porque siendo un resultado previsible optó por la solución más peligrosa: no desmantelarlos sino permitir que continuaran en uso a pesar de su precariedad evidente y de lo predecible del daño. Agrava lo erróneo de la decisión, además del conocimiento y aceptación de las peligrosas circunstancias, la existencias de denuncias de la comunidad sobre este estado de cosas. Hace más de una década, el Domingo 29 de octubre de 2000, El Tribuno publicaba la queja del Sr. Miguel Ángel Sarmiento sobre el tema; no fue la única pero se la señala como un precedente por su antigüedad.

                        “La plaza es la prolongación natural del hogar: es el jardín del barrio. Allí se conjugan nuestras vivencias personales con las sociales” definió hace un tiempo Sonia Berjman, Doctora en Historia del Arte e investigadora del Conicet; “Los parque y las plazas se construyen en terrenos fiscales y con fondos públicos, su valor excede lo económico porque incluye lo estético, lo científico, lo histórico, la valoración de la comunidad. Nosotros les vamos otorgando significado y las incorporamos a nuestra memorial personal y colectiva, convirtiéndolas en hitos urbanos.”  Todo adulto asocia indefectiblemente una parte de su infancia a alguna plaza en particular, ese lugar que es algo más, bastante más, que sus metros cuadrados, sus árboles o sus juegos.

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ELEMENTOS MÍNIMOS PARA UNA POLITICA PÚBLICA DE SEGURIDAD VIAL EN LA PROVINCIA

Desde hace décadas están instalados en la comunidad  salteña reclamos que refieren a diversos temas, dos son recurrentes: la  justicia y la inseguridad vial. Sobre el tema justicia el Poder Judicial ejecutó a partir del 2002 un Plan Estratégico para sistematizar iniciativas y acciones encaminadas a transformar el servicio de administración de justicia  y en el 2007 formuló el segundo, hoy en curso, que finaliza en el 2012.  Pero acerca de la inseguridad vial ninguna política pública  ha sido comunicada. Cierto es que hubo, y hay, programas, campañas, operativos, pero todas son acciones coyunturales, no está comunicada una política pública de mediano o largo plazo.

            En trazo grueso,  “política pública” es lo que el gobierno (nacional, provincial,  municipal) hace  –o deja de hacer – para dar respuesta a determinados problemas de la comunidad, actuales o futuros. Instrumentar una política sobre la cuestión vial, debe reconocerse, es un asunto complejo porque el problema es complejo, empezando por las muchas aéreas y jurisdicciones que involucraría.

             Toda política pública requiere en su génesis un detallado diseño, incluyendo su duración, para madurar como políticas regulativas, sólo requieren dictar las normas disciplinantes, o redistributivas, como las sociales, o también las distributivas, cuando otorguen beneficios a sectores sociales definidos o a espacios geográficos delimitados.

            Originan estas respuestas gubernamentales las demandas insatisfechas de la sociedad que provocan una respuesta de la autoridad para atenderlas o para evitar que el problema aparezca más adelante. Esas respuestas, dados ciertos elementos,  son las políticas públicas, las que pueden incorporar también a sectores de la sociedad civil; las políticas de Estado – con las cuales en ocasiones se las confunde-  no admiten, en cambio, tal participación.

            Debe tenerse en cuenta que ninguna  política pública parte de cero y que todo diseño se nutre de  elementos ya existentes, que se reformularán y desarrollarán. Sobre seguridad vial  existen  en la provincia estudios, diagnósticos, base de datos e información suficiente para afrontar sin dilaciones el diseño. Cosa  diferente es ponerla en marcha: para ello se necesita indefectiblemente un presupuesto que le asigne recursos  y actividad legislativa ya que únicamente el estado puede imponer coactivamente  normas de conductas o prohibiciones al ciudadano . La preceptiva sobre seguridad vial resulta usualmente conflictiva, genera disconformidad y rechazo porque impone disciplina. Estos elementos, recursos y leyes, son siempre difíciles de obtener. 

Otros escollos para la instrumentación: el problema que suscita interés público debe ser incluido en la “agenda de acción de gobierno”  y no toda demanda social lo logra;  la distribución de poder de los sectores interesados, la escasa fuerza de la demanda, la capacidad de lobby a favor o en contra - pulseada de actores no siempre visibles- entre otros factores, pueden  desvanecer el tema.  No prosperarán tampoco los temas conflictivos o políticamente incómodos; la materia vial es considerada en todo el mundo como políticamente no redituable.

En caso de ser incluida en la agenda, debe definirse el objetivo con claridad y precisión, so pena de fracaso. Importa esa precisión para apuntar a objetivos posiblese importan los datos iniciales porque servirán para compararlos periódicamente con la realidad, lo cual determinará   el porcentual de éxito -o de fracaso- de la política que se estuviese aplicando. La evaluación  periódica se realiza por sus efectos, por sus resultados y por la aparición de nuevas circunstancias no previstas que  puedan obligar a una redefinición y  cambios en el diseño,  acciones que son también decisiones políticas, aunque tengan fundamentos técnicos o presupuestarios. El paso más difícil de sortear es la decisión política, que producirá la aceptación o el rechazo de la política diseñada, y que si bien es un  punto de inflexión que no permite dar marcha atrás, una serie resultados negativos en las evaluaciones periódicas podría determinar la modificación y aún la supresión de esa política pública. 

            Todo este procedimiento, a grandes rasgos, se requiere para implementar una política de seguridad vial de mediano o largo plazo. Interrelaciona a muchos organismos, dependencias  y actividades, haciendo compleja la tarea por el alto nivel de coordinación que debe ser alcanzado primero y sostenido después durante varios años. Áreas tan diferentes como Educación, Obras Públicas o Salud Pública están tan involucrados en el tema como las de Seguridad o los municipios; la coordinación determinará el grado de éxito. El caso de la inseguridad vial involucra necesariamente a otros poderes, como el legislativo. La provincia no puede regular materias propias del Código Penal o Civil pero sí puede legislar en cuestiones de seguridad -que excede al mero ordenamiento del tránsito, materia de resorte municipal-  dictando  normas procesales o contravencionales. Provincias como Córdoba, Corrientes o Formosa  dedican a la Seguridad Vial un capítulo o un título especial en sus códigos de faltas,  el Código Contravencional de Salta, por ejemplo, carece de esa herramienta.

            Los problemas complejos requieren de soluciones complejas y meditadas,  combatir la inseguridad vial es de compleja articulación. Lo brevemente expuesto es sólo una mirada a vuelo de pájaro, una sucinta reflexión sobre un tema de enorme envergadura.

Armando J. Frezze

 (Esta nota es una síntesis del Capìtulo pertinente, contenido en el libro “Salta, Enfoques y Perspectivas II”, publicado por el Grupo Salta en 2009) 

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