Desde hace décadas están instalados en la comunidad salteña reclamos que refieren a diversos temas, dos son recurrentes: la justicia y la inseguridad vial. Sobre el tema justicia el Poder Judicial ejecutó a partir del 2002 un Plan Estratégico para sistematizar iniciativas y acciones encaminadas a transformar el servicio de administración de justicia y en el 2007 formuló el segundo, hoy en curso, que finaliza en el 2012. Pero acerca de la inseguridad vial ninguna política pública ha sido comunicada. Cierto es que hubo, y hay, programas, campañas, operativos, pero todas son acciones coyunturales, no está comunicada una política pública de mediano o largo plazo.
En trazo grueso, “política pública” es lo que el gobierno (nacional, provincial, municipal) hace –o deja de hacer – para dar respuesta a determinados problemas de la comunidad, actuales o futuros. Instrumentar una política sobre la cuestión vial, debe reconocerse, es un asunto complejo porque el problema es complejo, empezando por las muchas aéreas y jurisdicciones que involucraría.
Toda política pública requiere en su génesis un detallado diseño, incluyendo su duración, para madurar como políticas regulativas, sólo requieren dictar las normas disciplinantes, o redistributivas, como las sociales, o también las distributivas, cuando otorguen beneficios a sectores sociales definidos o a espacios geográficos delimitados.
Originan estas respuestas gubernamentales las demandas insatisfechas de la sociedad que provocan una respuesta de la autoridad para atenderlas o para evitar que el problema aparezca más adelante. Esas respuestas, dados ciertos elementos, son las políticas públicas, las que pueden incorporar también a sectores de la sociedad civil; las políticas de Estado – con las cuales en ocasiones se las confunde- no admiten, en cambio, tal participación.
Debe tenerse en cuenta que ninguna política pública parte de cero y que todo diseño se nutre de elementos ya existentes, que se reformularán y desarrollarán. Sobre seguridad vial existen en la provincia estudios, diagnósticos, base de datos e información suficiente para afrontar sin dilaciones el diseño. Cosa diferente es ponerla en marcha: para ello se necesita indefectiblemente un presupuesto que le asigne recursos y actividad legislativa ya que únicamente el estado puede imponer coactivamente normas de conductas o prohibiciones al ciudadano . La preceptiva sobre seguridad vial resulta usualmente conflictiva, genera disconformidad y rechazo porque impone disciplina. Estos elementos, recursos y leyes, son siempre difíciles de obtener.
Otros escollos para la instrumentación: el problema que suscita interés público debe ser incluido en la “agenda de acción de gobierno” y no toda demanda social lo logra; la distribución de poder de los sectores interesados, la escasa fuerza de la demanda, la capacidad de lobby a favor o en contra - pulseada de actores no siempre visibles- entre otros factores, pueden desvanecer el tema. No prosperarán tampoco los temas conflictivos o políticamente incómodos; la materia vial es considerada en todo el mundo como políticamente no redituable.
En caso de ser incluida en la agenda, debe definirse el objetivo con claridad y precisión, so pena de fracaso. Importa esa precisión para apuntar a objetivos posiblese importan los datos iniciales porque servirán para compararlos periódicamente con la realidad, lo cual determinará el porcentual de éxito -o de fracaso- de la política que se estuviese aplicando. La evaluación periódica se realiza por sus efectos, por sus resultados y por la aparición de nuevas circunstancias no previstas que puedan obligar a una redefinición y cambios en el diseño, acciones que son también decisiones políticas, aunque tengan fundamentos técnicos o presupuestarios. El paso más difícil de sortear es la decisión política, que producirá la aceptación o el rechazo de la política diseñada, y que si bien es un punto de inflexión que no permite dar marcha atrás, una serie resultados negativos en las evaluaciones periódicas podría determinar la modificación y aún la supresión de esa política pública. 
Todo este procedimiento, a grandes rasgos, se requiere para implementar una política de seguridad vial de mediano o largo plazo. Interrelaciona a muchos organismos, dependencias y actividades, haciendo compleja la tarea por el alto nivel de coordinación que debe ser alcanzado primero y sostenido después durante varios años. Áreas tan diferentes como Educación, Obras Públicas o Salud Pública están tan involucrados en el tema como las de Seguridad o los municipios; la coordinación determinará el grado de éxito. El caso de la inseguridad vial involucra necesariamente a otros poderes, como el legislativo. La provincia no puede regular materias propias del Código Penal o Civil pero sí puede legislar en cuestiones de seguridad -que excede al mero ordenamiento del tránsito, materia de resorte municipal- dictando normas procesales o contravencionales. Provincias como Córdoba, Corrientes o Formosa dedican a la Seguridad Vial un capítulo o un título especial en sus códigos de faltas, el Código Contravencional de Salta, por ejemplo, carece de esa herramienta.
Los problemas complejos requieren de soluciones complejas y meditadas, combatir la inseguridad vial es de compleja articulación. Lo brevemente expuesto es sólo una mirada a vuelo de pájaro, una sucinta reflexión sobre un tema de enorme envergadura.
Armando J. Frezze
(Esta nota es una síntesis del Capìtulo pertinente, contenido en el libro “Salta, Enfoques y Perspectivas II”, publicado por el Grupo Salta en 2009)
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