La actual Presidenta de los argentinos alcanzó su reelección con el 54 por ciento de los votos, pero lo que en un principio se valoró como un indiscutido mérito político se está transformando en un cheque en blanco que habilitaría al Ejecutivo a ejercer todo el poder, literalmente hablando. La conducta del Congreso nacional, estos días, es un ejemplo. Pensar -y actuar- imponiendo ese principio es una equivocación política e institucional grave, ya que el gobierno en Argentina está articulado en la gestión armónica de tres poderes, ninguno de los cuales puede ejercer “todo” el poder.
Y además de las reglas básicas de la Constitución nacional, ese método de gobierno de ir siempre por más desatiende la cotidiana realidad de la vida de la gente como también desconoce la existencia de cierto cuarto poder, impreciso respecto de quién lo ejerce pero cuya vigencia real impide a cualquiera de los tres poderes del Estado actuar por sí, y además por los otros.
Desde la Revolución Francesa, se puso ese mote a la prensa pero debe aceptarse que ésta puede tener peso en la opinión pública -según el prestigio del medio o del periodista- pero nunca poder. Carece el periodismo, al igual que el defensor del Pueblo o el procurador general de la Nación, de la facultad de imponer conductas coactivas a los ciudadanos. De la misma manera que los medios solo informan u opinan, el defensor y el procurador general solo opinan e informan a través de sus dictámenes o recomendaciones pero no juzgan ni sentencian, no sancionan ni disponen nulidades. La evanescente categoría de “cuarto poder”, en el sistema político argentino, podría adjudicarse también a las asociaciones sindicales organizadas, al menos al menos si se atiende a la historia de la segunda mitad del Siglo XX hasta la fecha.
Como también podría asignarse a la opinión publica la categoría de cuarto poder, el cual si bien es un concepto inefable adquiere cierta materialidad y se lo percibe hasta en la calle, cuando el humor de la gente no es el habitual, cuando aparece transformado en un mal humor social generalizado y agudo. Es un poder latente, adormecido, que no emerge por cuestiones institucionales, por la corrupción o por la ausencia de políticas y rumbos en la vida del país. Pero que aparece indefectiblemente cuando se descalabra el bolsillo de los ciudadanos y cuando las paritarias no son pacíficas.
Alfonsín llegó al gobierno sin apoyo sindical pero con el 51,7% de los votos; De la Rúa fue presidente con el voto del 48,5% del electorado. Salvando las diferencias entre ambas gestiones, los dos no completaron sus mandatos porque el mal humor ciudadano les recortó los plazos. Y el mal humor provenía exclusivamente de una sola causa: una economía nacional díscola e indomable. Del 48,5% de De la Rúa al 54% de la Presidenta hay sólo cinco puntos y medio. Romper lanzas con el poder sindical es mal presagio si una terca singladura quiere llevar al país a capear tormentas de extensión casi mundial sin planes económicos y con ministros de bastante menor jerarquía en esa materia y en relaciones exteriores -carteras claves para este tipo de ocasiones- que los que acompañaron a Néstor Kirchner en sus momentos críticos.
Una pérdida de siete mil millones de dólares en reservas del Banco Central durante 2011 y un paro de los empleados judiciales de la Nación unos días antes de la Navidad no son datos para ignorar. Ambos efectos son producidos, directa o indirectamente, por una inflación que no encuentra una paternidad que se haga cargo.
Las conocidas palabras del asesor James Carville, que llevaron a su candidato hasta la presidencia de EEUU en 1992 -“Es la economía, estúpido”-, siguen teniendo vigencia global.
Armando J. Frezze
(Publicado en diario El Tribuno el viernes 23 de diciembre de 2011)
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