Esta nota, publicada en la edición digital de La Voz del Interior en fecha 3/4/12 contiene muchas reflexiones en las que su autor, Luis Juez, parece inspirado en la Cdad. de Salta y sus ordenanzas de excepción tanto como los decretos del Departamento Ejecutivo, ambos borran con el codo lo que escriben con la mano. Un ejemplo: la Ordenanza Nº 14033 que iguala lo desigual: ¿Que tendrán en común un Hospital público enderezado a satisfacer el bien común, cumpliendo una garantía constitucional; con una Sociedad Anónima cuyo objeto social es el lucro y la repartición de ganancias. que puede llegar a considerar un gasto las erogaciones necesarias para la salud, parte secundaria de su objeto social?
Dice la nota de Juez:
"En muchos aspectos, la ciudad de Córdoba de hoy parece haber retrocedido en el tiempo y ubicarse nuevamente en la Argentina de la década del 1990, cuando por obra y gracia de las loas gubernamentales al más abyecto neoliberalismo del que se tenga memoria, el patrimonio y las propiedades de los millones de ciudadanos que forman parte de la Nación fueron entregados a unos pocos intereses de empresarios privados.
Ahora, a la entrega de Crese a dos empresas amigas del poder municipal, al incipiente intento de privatización de Tamse, a la concesión para la desobstrucción del sistema cloacal de la ciudad, al mantenimiento particular de las escuelas municipales, al emprendimiento privado para la construcción de bicisendas y al colmo de ceder las áreas de Cultura y de Turismo a particulares para evitar todo tipo de controles, por nombrar sólo algunos ejemplos, se suma la intención del intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, de revisar el destino del ex predio del Batallón 141, en una muestra más de que los intereses por los negocios de los amigos son más importantes que el bienestar del conjunto de los ciudadanos.
El repetido argumento mestrista de “ordenar la ciudad”, por el momento sólo demuestra la capacidad para permitir distintos tipos de negocios. Se impone entonces preguntarse: ¿Y gobernar, para cuándo?
La planificación urbana, en caso de concretarse la posibilidad de que el grupo Eurnekian destruya el único pulmón verde que le queda al centro de Córdoba, pone de manifiesto que en ese sector municipal es donde se produciría una nueva transferencia de riqueza del sector público al sector privado, valorizando cada metro cuadrado de esa tierra, para que resulte apta, con cifras que resultarán sustancialmente elevadas para el fabuloso incremento del patrimonio del inversor.
¿Cuál será el rédito comprobable que tendrá la ciudad? Ninguno.
Una nueva entrega. Con la misma premisa que utilizó para ceder lo ya dado, Mestre prepara el guión de la nueva entrega. Pretende hacernos creer que, modificando la ordenanza que prohíbe construcciones inmobiliarias en ese sector, la Municipalidad obtendrá recursos que permitirán realizar obras de importancia que, de otra manera, serían imposible de concretar.
La obtención de esos recursos habitualmente fue lograda por lo que se conoce como “concertación público-privada”, un instrumento tan bastardeado por la gestión de Daniel Giacomino que despierta más sospechas de negociado que de utilidad.
Sin la decisión política de cumplir y hacer cumplir democráticamente las normas urbanísticas, es decir a todos por igual, no hay ni habrá planificación urbana que valga.
Giacomino tuvo como objetivo generar grandes negocios de especulación inmobiliaria habilitando edificaciones “de excepción”, sin tener en cuenta el impacto que tenían sobre el tránsito, la infraestructura y los servicios. Mestre, con una irresponsabilidad que asusta, parece seguir y aún intensificar esos pasos.
La falta de legalidad actual para que ella se concrete, los pocos beneficios a obtener por parte de la ciudad y los muchos de los inversores, la falta de valorización de los sectores aledaños al emprendimiento, la sobreestimación de los aportes que deben realizar los privados y la falta de estimación sobre las modificaciones al estilo de vida de los vecinos demuestran la carencia de un plan técnico-político de la actual administración municipal, que permita encarar con confianza semejante desafío.
O los vecinos o los empresarios. Administrar la Municipalidad no es castigar a los cordobeses con subas groseras de impuestos impagables a cambio de nada.
No es incrementar el boleto en casi un 30 por ciento, si se tiene en cuenta que los ciudadanos de mayores ingresos rara vez subirán a un colectivo para llegar a sus ocupaciones o a sus escuelas. No es discutir si debemos convertirnos en una suerte de delatores profesionales, para sacarles fotos a quienes conviven diariamente con nosotros.
Administrar impone establecer prioridades y elegir sobre la base de un plan predeterminado que, está claro, por el momento no existe.
En esta hora, es necesario que el intendente Mestre defina si privilegia el desarrollo urbano o el negocio de la construcción.
De ser aprobada la propuesta de cambio de uso del suelo por parte del Concejo Deliberante, donde el intendente cuenta con la mayoría necesaria para hacerlo, los terrenos del ex predio del Batallón 141 se convertirán en un emblema que demostrará que la salud y el bienestar de los vecinos no están dentro de la política de desarrollo urbano y ambientalismo, que requiere de una necesaria relación entre metros cuadrados de espacio verde y cantidad de habitantes.
No se trata de impedir o sólo criticar, sino de exigir una discusión responsable sobre el tema, para establecer una razonable proporción entre aquellos que quieren invertir y el bienestar de los vecinos.
Ese debate debe darse en el lugar de representación natural de los cordobeses, el Concejo Deliberante, donde existen proyectos presentados por el Frente Cívico y también por otras fuerzas políticas, en pos de tratar de lograr el mejor resultado.
Atenerse sólo al capricho y las conveniencias personales sería, por lo menos, una insensatez.
Privilegiar el negocio de unos pocos en detrimento de la conveniencia de la mayoría, lo único que conseguirá es afianzar una ciudad con su ambiente degradado, sus cloacas colapsadas y servicios al límite de su capacidad de prestación."
Luis Juez
*Concejal del Frente Cívico en la ciudad de Córdoba
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