 |
| FACULTAD DE DERECHO - UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - 1953 |
Con
formas cada vez más agresivas el Gobierno anuncia su próximo paso en la batalla
que apunta demoler al Poder Judicial de la Nación y de las provincias, so
pretexto de democratizarlos. Aquel primer paso para dominar a la Justicia
Federal que fue la modificación del Consejo de la Magistratura inició lo que
parece hoy un plan concebido para disolver las estructuras judiciales tal como se
las conoce actualmente.
Cuando
en enero del 2012 el titular de la ANSES
denunció “jubilaciones de 60.000
pesos por mes” correspondientes a magistrados, y "desmanejos, abusos y estafas al Estado”
por privilegios nacidos de sentencias dictadas en el fuero previsional se
avanzó otro paso. Las palabras de Diego Bossio menoscabando genéricamente a ex
magistrados excedían la mera comunicación sobre las políticas del organismo en este tema y prenunciaban una
batalla por la disolución del Poder Judicial de la Nación.
Las
agresiones del Poder Ejecutivo Nacional a tribunales y jueces, Corte Suprema
incluida, por fallos que les disgustaban han sido una constante desde hace casi
una década, por lo que ya no sorprenden resultando innecesario citar ejemplos. Desvalorizar
y menoscabar el quehacer judicial y las personas que lo ejercen
diariamente fue una tarea que cumplieron también funcionarios, medios de
comunicación y –lamentablemente- también
legisladores K. Preocupa hoy ver que aquella planificación aniquilatoria parece
ingresar a su fase definitiva.
Promediando
el 2012 los intelectuales kirchneristas que integran “Carta Abierta” señalaron sobre el tema algunos objetivos inminentes
: “La llave maestra de la reconstrucción popular es la democratización
operativa del ámbito de la acción colectiva pública, encarnada en sus
instituciones estatales…”, conceptos que
tomó la Presidenta para reclamar en
diciembre que “hay que democratizar la justicia”. En Salta retumbaron también
esos ecos. Esa Carta XII señala también que “los pueblos y los gobiernos de
Suramérica son navíos en la tormenta” indicando en esa épica descripción la existencia
de un “momento constitucional” apropiado para
“legislar a una escala constitucional un armazón novedoso de normas”.
Obviamente una estructura y procedimiento judicial populista estará allí
contemplada.
No
sorprendió entonces la embestida de la Presidenta contra la justicia, cumplida el
sábado pasado, cuando difundió casi dos docenas de mensajes a través de su
cuenta en Twitter. Entre otras cosas dijo que "No sólo se quiebra el principio de
igualdad ante la ley sino que además surge un Superpoder sobre el Ejecutivo y
el Legislativo", que “En un desequilibrio total del sistema democrático,
jueces gobiernan anulando decisiones propias intransferibles del Ejecutivo y
Legislativo” y que “El sistema democrático es severamente dañado por la falta
de administración de justicia y la generación de un nuevo orden judicial: el
cautelar”. Sucedía mientras pasaba una semana de vacaciones en Rio Gallegos.
Técnicamente
el hecho era un conflicto de poderes en ciernes, políticamente fue un avance
más en la materialización del “Vamos por todo” porque una vez licuado el Poder
Judicial de la Nación, el someter a los medios, disolver las asociaciones
profesionales, intervenir las centrales obreras o cualquier otro objetivo del
autoritarismo será una tarea sencilla.
No
es casual que la misma semana Agustín Rossi, jefe de la bancada oficialista en
una entrevista del diario EL CRONISTA anticipara
la reforma del Poder Judicial diciendo:
“En la democracia que nosotros queremos construir nadie tiene coronita. Que los jueces paguen Ganancias parece ser una
situación de estricta justicia”. Esta última afirmación es ciertamente
razonable, pero siempre que ello suceda mediante leyes de carácter general, extensiva a todos
los poderes del Estado. Esta fórmula es la que utiliza la Constitución de Salta
en su art. 161.
Rossi
afirmó también, falsamente, que “es el Poder del que menos se conoce y del que
muchas veces es imposible entender cuál es la lógica de la toma de decisiones.”
El diputado, ingeniero, confunde al lector: parece que para él ser conocido es
aparecer en los medios, pero ocurre que los magistrados no aparecen –salvo deshonrosas excepciones- porque no necesitan
hacerlo. Ellos trabajan en sus despachos redactando sentencias o en las salas
de audiencias. Y todos los poderes judiciales del país tienen su sitio en
Internet donde cualquier ciudadano puede consultar quién es quién en la
justicia nacional o provincial. Respecto de la lógica de los fallos olvidó
que los magistrados conforman un mosaico
de ideologías diferentes, de religiones diferentes, de cepas diferentes. Sólo
los unifica el ser independientes para interpretar el derecho, lo cual no
quiere decir que sean infalibles. Pero mucho peor serían los jueces que
pretende el diputado Rossi, magistrados elegidos por voto popular que, cuando dicte sentencias, no aplicarán el
derecho sino que cumplirán las órdenes del jefe político, acatadas con
obediencia ciega, “perinde ac cadáver”. O sea otra escribanía, un símil de la
que hoy cobija a los legisladores oficialistas.
-Si desea enviar esta nota a otra persona, haga click sobre el icono con
la letra M que se
encuentra a la izquierda de la
barra de opciones, ubicada justo debajo de estas líneas.
-Salvo indicación en contrario, la producción de las ilustraciones es
del autor.
-Permitida la reproducción de esta columna indicando la fuente.
-o-o-o-o-o-
