Publicado en diario El Tribuno,
Salta, lunes 22 de abril de 2913
Néstor Kirchner en 2003 ganó con sólo el 22% de los votos, obligado a
construir poder para legitimarse, lo hizo desde el primer día pero sin arrasar
las instituciones.
Su esposa cambió
ese estilo cuando le sucedió en el gobierno. En 2010 hizo un elogio público a la
desobediencia de un gobernador a un fallo de la Corte Suprema. Se iniciaba así
otra manera de hacer política, en la que imperó ideología, una suerte de
religión secular de la cual Cristina Kirchner es la única intérprete, formulando
reglas que sus funcionarios traducen.
Inició el
progresivo destrato a los otros poderes del estado, a órganos de control como la
Auditoría General de la Nación, a las provincias indóciles, sometió a su
voluntad a organismos técnicos
independientes como el INDEC y el Banco Central.
Esmeriló la
Procuración del Tesoro de la Nación, prestigiosa institución de 150 años
de vida: en el 2010 tuvo tres titulares
sucesivos. Por su parte, la Procuración General de la Nación vio renunciar a un
indignado titular, que estuvo a un paso de reemplazado por alguien de tan
notoria incompetencia que senadores kirchneristas se negaron a otorgarle
acuerdo a ese candidato presidencial.
Al Consejo de la
Magistratura de la Nación el Gobierno le hizo perder el poco prestigio que
tenía. Ahora, con su proyecto de ley, está haciendo todo lo posible para que no lo consiga jamás.
Mirando en
perspectiva puede pensarse que la Presidenta, de buena gana habría clausurado
el Congreso para una mejor administración
del país, según su óptica. Le
estaba prohibido hacerlo pero igual lo convirtió en un Parlamento de mayoría
automática.
Degradó también a la
Jefatura de Gabinete de la Nación, creada por la reforma constitucional de
1994. Sus titulares incumplieron repetidamente su obligación de concurrir al
menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para
informarles de la marcha del gobierno. Ambas cámaras se lo permitieron y la
Presidenta no lo reprochó.
La
Jefa de Estado ha probado acabadamente en los hechos que carece de todo respeto
por las instituciones del Estado y por los otros poderes, aunque sus palabras
digan otra cosa. Y que su voluntad reemplaza a instituciones y leyes.
En ese andar el
único problema ha sido la justicia. O mejor dicho la cabeza del Poder Judicial,
porque magistrados afines el gobierno los tiene; es la Corte la que,
impermeable a los deseos presidenciales,
la irrita con su unánime independencia. También la irrita que la supere en
prestigio.
El Alto Tribunal
logró revertir la imagen de la justicia argentina, en el 2005 sólo el 29,2 por ciento de los argentinos
tenía una imagen positiva de la justicia en términos de imparcialidad,
eficiencia y honestidad. Hoy la Corte Suprema acredita niveles de confianza y
transparencia que superan al Parlamento Nacional y al Ejecutivo.
Quebrar su
independencia es el arcano motivo del paquete legislativo enviado a la
escribanía parlamentaria, so pretexto de
democratizar la justicia. Más pronto que tarde hay que lograr someterla porque
la monocracia no tolera ni límites ni conciencias libres.
