Version ampliada de la columna publicada en diario
El Tribuno con el título "¿Esto Acelerará los Fallos
a Favor de los Jubilados?" el 10 de abril de 2013
Los proyectos de ley anunciados anteayer por la presidenta
Cristina Kirchner son media docena y ninguno de ellos transita por andariveles
distintos ni se ocupa de temas que no hayan sido examinados en los Congresos,
Jornadas, Seminarios y Mesas Redondas que en los últimos veinte años trataron
la reforma judicial argentina. El primer proyecto enviado es una simple
modificación a la ley de procedimientos, para limitar las medidas cautelares
contra el Estado, una fijación presidencial.
El segundo es nueva
modificación al Consejo de la Magistratura que exhibe ,porque no la esconde,
una finalidad política al ampliar el número de miembros y modificar el sistema
de elección de los mismos, sin advertirse cuál será el beneficio real para la
administración de justicia. Por otra parte, como ya lo advirtieron juristas,
políticos y analistas políticos, el punto resulta inconstitucional. La
Presidenta lo sabe y se curó en sano durante su discurso: “Algunos
decían que esta era la excusa para querer reformar la Constitución. No, el
Consejo de la Magistratura se puede reformar en el marco del 114 vigente” dijo. Hizo una breve defensa
jurídica, anunció que no era necesario reformar la Constitución y se vio
forzada a invocar la memoria, y el nombre, de Raúl Alfonsín para cerrar airosa
ese pasaje cargado de dudas.
El tercero, creación de tres nuevas
cámaras de Casación en los fueros Contencioso Administrativo, en Civil y
Comercial y Penal Económico, repite la
vieja solución, no siempre eficaz, de combatir los problemas ampliando el
número de tribunales y de magistrados. Nada nuevo, o en todo caso lo novedoso es que el sistema judicial nacional,
hoy con tres instancias o niveles, en el futuro tendrá cuatro. ¿Se agilizará así
la velocidad de los expedientes?
El ingreso igualitario a la planta
administrativa del Poder Judicial es buen proyecto, aunque tampoco es novedoso;
ya regía en Salta en los años setenta, permitiendo el ingreso de quienes
obtuvieran el mejor puntaje en el concurso anual, aunque hoy está en desuso. El
carácter público y el libre acceso a las declaraciones juradas de funcionarios
públicos tampoco aporta ninguna novedad. Finalmente, el último proyecto, que
establece publicar en la Web todas las decisiones de la Corte Suprema es un
camino ya iniciado por el Alto Tribunal cuando instaló en la Web el Centro de Información
Judicial y su agencia de noticias hace
unos años.
Más democratizante hubiera sido que Cristina
Kirchner ordenara a la Procuradora del Tesoro, Dra. Angelina Abbona, que instruya
a los abogados del Estado para que no apelen los fallos que favorecen a los
jubilados. También podría haber enviado un proyecto que modificara los
privilegios procesales que amparan al
Estado, generalmente mal pagador, cuando
se lo demanda. Una medida revolucionaria
hubiese sido requerirle a la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra
Gils Carbó, que obligue a los fiscales penales a priorizar toda investigación en
causas abiertas contra funcionarios del Estado acusados de corrupción,
malversación de fondos o enriquecimiento ilícito. Por último, aunque no menos
importante, hubiese sido que decretara que el Jefe de Gabinete realizara las
necesarias reasignaciones presupuestarias
que permitieran cumplir con todo lo anterior. Y si la ley 26.124 se lo
impidiera, enviar entonces al Congreso el proyecto de modificación. Pero parece
que los principios democratizantes siguen siendo los dos de siempre: “más de lo
mismo” y “vamos por todo”.
