Publicado en diario El Tribuno,
Salta, el Dgo. 28 de abril de 2013
DESENREDANDO LA MADEJA
EN MEDIO DE DENUNCIAS, ESCANDALOS Y CONATOS DE VIOLENCIA SE IMPUSO LA
LLAMADA “DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA”
LOS PROYECTOS EN DANZA
SON SEIS, NO TODOS DE IGUAL IMPORTANCIA PERO SI DE FUERTE PESO EN LA VIDA
DIARIA
Un
diluvio de información está cayendo sobre la ciudadanía y la ahoga. La gente
sabe que algo importante sucede con la justicia argentina pero la información, por su gran cantidad,
desinforma. Parece una madeja imposible de desenredar. El ciudadano tal vez intuya
algunas preguntas aunque no tenga respuestas. ¿Es democrático el Poder
Judicial?, ¿estos proyectos benefician a
la gente? ¿Serán más rápidos los juicios? Sabe de la importancia del tema porque
conoce que puso en la calle a más de un
millón de personas días atrás y también las llevó a una inusual vigilia frente
al Congreso.
Los proyectos en danza son seis
y no todos de igual importancia. El que limita la posibilidad del ciudadano
para pedir medidas cautelares contra el Estado Nacional, no beneficia a la
gente, porque aumenta su desigualdad frente a aquél. Tampoco beneficia el proyecto
que politiza aún más al Consejo de la Magistratura, que lo hará menos imparcial
y más lento.
La creación de otra etapa más
para los juicios, las nuevas Cámaras de Casación, resulta contraria a una mayor
celeridad judicial. Los tres restantes proyectos –ingreso igualitario a la
planta administrativa y publicidad de declaraciones juradas y de fallos- no se relacionan ni con la independencia del Poder Judicial ni con
mayor celeridad de la justicia ni otorga beneficio alguno a los litigantes.
CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA
Muchas provincias tienen
Consejos de la Magistratura, la Nación también tiene el suyo. No todos son
iguales ni tampoco, como equivocadamente se cree, elijen jueces.
Los Consejos se limitan a examinar
los candidatos que se presentan, a calificarlos y a confeccionar una terna. Es
el Poder Ejecutivo el que elige al candidato, pero aun así esa elección no
significa nombramiento, el que sólo llega cuando el Senado otorga el acuerdo al
elegido por el Ejecutivo.
Sólo son iguales en esa función
de selección de candidatos. En lo demás pueden ser diferentes. El Consejo de la
Magistratura de Salta, por ejemplo, tiene sólo 9 miembros, 3 por diputados, 3
por jueces y ministerio público y 3 por los abogados. El de la Nación en cambio
tiene 13 miembros, que serán aumentados si se sanciona la ley que tiene
alborotado al país. Actualmente los legisladores suman 6 titulares, los
representantes de los abogados son sólo dos. El Consejo salteño no tiene representantes ni
del Poder Ejecutivo ni del Senado y elige candidatos tanto para el Poder
Judicial como para el Ministerio Público. El Consejo de la Magistratura nacional
tiene representantes de Diputados, de Senadores y también del Poder Ejecutivo y
sólo elije candidatos a jueces. No le
compete elegir fiscales ni defensores.
Otra diferencia: el órgano salteño no tiene facultades
para remover jueces por mala conducta. En la Nación en cambio, esta tarea de
juzgar a los jueces también es competencia del Consejo de la Magistratura.
El proyecto politizará aún más a
éste órgano porque dispone que para las periódicas elecciones para renovar
miembros, las listas de jueces y de abogados que compitan deberán estar
incluidas en las de los partidos políticos que se presentarán a elecciones
generales. El procedimiento es algo más complejo, pero lo dicho da una idea de
la politización que invadirá a la justicia desde el mismo día en que se inicien
las campañas electorales, sin beneficio ni para la gente ni para el
funcionamiento judicial.
MEDIDAS CAUTELARES
Distintas
leyes especiales otorgan al Estado Nacional ventajas procesales en los juicios
que le inician los particulares, además de su inmenso patrimonio y su enorme
equipo de abogados. Eso atenta contra el principio de igualdad ante la ley. El
proyecto en danza aumentará esas ventajas impidiendo a los particulares oponer
al estado medidas cautelares que, preventivamente y hasta que un juicio
resuelva, actualmente suspenden el acto supuestamente dañino para el
particular, por ejemplo un jubilado. Este punto de la reforma carece de consenso
social porque va claramente contra el interés de la ciudadanía.
NUEVAS CÁMARAS DE CASACIÓN
La
justicia nacional desarrolla su procedimiento en tres tramos o niveles: los
juzgados, las cámaras de apelaciones y la Suprema Corte. No todos los juicios
necesitan recorrer los tres tramos, pero cuando el Estado es una de las parte,
podrá ser necesario. El proyecto, al crear cámaras de casación inserta un nuevo
tramo que sumará mas demora al proceso. Esta modificación va en contra de un
justicia más rápida, por el contrario hará a la justicia más lenta. Con el
agravante que una de esas nuevas cámaras tendrá competencia contenciosa
administrativa, que intervendrá cuando el particular litigue contra el Estado
Nacional como poder público, perjudican solo en relación al régimen actual. Si
a ello se añade la eliminación de medidas cautelares, se deduce que ningún beneficio
tiene el proyecto para la gente.
La
gente, la sociedad en general, será perjudicada, sus derechos estarán menos garantizados
si se sancionan los dos proyectos más cuestionados: Consejo de la Magistratura
y restricción a las medidas cautelares. Habrá un avance del Gobierno nacional
sobre el Poder Judicial de tal envergadura que de hecho, habrá sido investido
con la suma del poder público.
