PREMIO ADEPA 2013

Entrevista publicada en El Tribuno el 2/12/13

SALTA ARMANDO FREZZE OBTUVO EL PRIMER PREMIO EN LA CATEGORÍA PERIODISMO JUDICIAL

Cronista de El Tribuno premiado por ADEPA

El abogado y exjuez de la Corte Suprema de Salta fue reconocido por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.

El columnista de El Tribuno, Armando Frezze obtuvo el primer premio en la Categoría Periodismo Judicial que entrega todos los años la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), en el que participaron periodistas de todo el país. Frezze obtuvo el premio compartido con su colega Irene Benito, del Diario La Gaceta, de Tucumán. El columnista es abogado, profesor, periodista, escritor y exjuez de la Corte Suprema de Salta. Desde las páginas de este medio llamó la atención sobre los factores que afectan la vida de las instituciones democráticas y el sistema republicano de gobierno que defiende la Constitución Nacional. Este es el segundo premio de ADEPA para el autor, que ya había sido distinguido por sus aportes al semanario salteño Nueva Propuesta.

“Todavía no lo puedo creer, sobre todo por la calidad de la gente que había en el jurado. Todas son personalidades muy prestigiosas, a las que no tengo el gusto de conocer. Me gratifica que, por lo mucho o poco que uno pueda haber expuesto, se haya reconocido la tarea en una competencia a nivel nacional, con un jurado de gran nivel. Es reconfortante, porque de aluna manera parece que acerté en las formas, para poder ordenar la información que necesitan los lectores”, dijo consultado por El Tribuno, el medio para el cual escribe hace 30 años.

Armando Frezze, también es un agudo observador de temas de actualidad que afectan la vida de los ciudadanos. Dueño de un estilo punzante pero cargado de contundente información, el columnista nos cuenta en nuestro idioma lo que entienden los expertos. “Siempre intenté buscar una explicación que pueda llegar a todos los lectores. En definitiva seguí mis instintos de docente, que es lo que hice toda mi vida. Me importa mucho que la gente común pueda tener a mano esta información, que resulta muchas veces compleja sin un lenguaje llano”, dijo. Sobre el voto electrónico implementado en la Provincia, el columnista no dudo en preguntar al poder asuntos incómodos: “Salta, según el último índice del INDEC posee una tasa de mortalidad infantil tan alta que sólo ocho provincias la superan.

En cambio otras catorce provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvieron una tasa menor. La mortalidad infantil indica la relación entre los fallecidos antes de cumplir un año, por cada mil nacidos vivos. En esa época fue cuando comenzaron las primeras gestiones para instalar en Salta la votación electrónica. ¿Era prioritario?”, dijo en las páginas de El Tribuno. Las tres notas seleccionadas fueron: “La otra Justicia”; “Democratización, otro nombre para la postergada reforma judicial” y “La innecesaria repetición de un sufrimiento: producir la revictimización de los niños”.

RAUL ALFONSIN Y ROBERTO ROMERO, EN UN DIA COMO HOY

 Versión ampliad de la nota publicada en el diario

El Tribuno, de Salta, el día 30 de octubre de 2013

                Dos partidos políticos opuestos, dos geografías de vastedad desigual, incontables desafíos y una misma fecha inicial.

                En esos escenarios y para esos roles paralelos fueron elegidos Raúl Alfonsín y Roberto Romero. Hoy, en el trigésimo aniversario de concretarse aquel mandato otorgado por el pueblo, cabe una pregunta: ¿Que cosa, que hecho, podría  elegirse como distintivo de sus  visiones, en ese período democrático que inauguraban. Con la arbitrariedad que tiñe a toda opción, a todo triar, puede señalarse que el mayor desafío que encaró Alfonsín como Presidente fue hacer realidad la justicia que exigía la sociedad, para responsabilizar a quien dispusieron violar los derechos humanos desde el Estado, y al mismo tiempo no permitir que se franqueara la sutil línea que separa la justicia de la venganza. Mientras Ítalo Luder, candidato peronista, reconocía la legitimidad de la ley de amnistía promulgada por el gobierno del Proceso, Alfonsín la desconoció y el juicio a los miembros de las tres Juntas Militares  se llevó adelante. La solidez y extensión de la estructura jurídica que hoy garantiza los derechos humanos en Argentina tuvo su piedra miliar en aquella decisión, o quizá en aquella obstinación, del Presidente Alfonsín.

                En Salta, Roberto Romero, elegido también aquél 30 de octubre de 1983,  inició su gobierno con una visión clara y segura de la nueva Salta: ésta no podía construirse sobre la Constitución de 1929 entonces vigente, no por que contuviese alguna maldad intrínseca, que no la tenía, sino porque el paso del tiempo la había convertido en incompleta y añosa. Se necesitaba acordar entre todos los salteños, sin excepciones ni exclusiones, un nuevo marco jurídico que permitiese una reforma del estado provincial con una nueva concepción de Salta integrada regionalmente. Fu así que en 1986 se promulgaba la moderna Constitución de la Provincia la cual, ya en su Preámbulo, exaltaba “la vida, la igualdad, la justicia y los demás derechos humanos”, y garantizaba “el afianzamiento del federalismo, la integración regional y también latinoamericana”.

                Esta Constitución en clave de progreso, marcó en 1986  la transformación e ingreso de Salta al Siglo 21 con concepciones y principios acordes a la nueva realidad que la rodeaba.   

Armando J. Frezze

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VOTO ELECTRÓNICO: ¿CUAL FUE EL PROPÓSITO DE SER PRIMEROS?

Versión ampliada de la columna publicada en diario El Tribuno de Salta el 

15 de octubre del 2013 con el titulo de "¿Cual era el apuro para poner el voto electrónico?".

Que la educación, como la salud y la seguridad, es un deber primario del estado, es un pensamiento que cuenta con un consenso total entre los ciudadanos. Las personas interrogadas sobre esa obligación estatal responderán de manera concordante. Pero la respuesta de esos mismos ciudadanos no sería unánime si la pregunta dijese: “¿Cuál es el propósito de la educación?”

El consenso se iría diluyendo en innumerables respuestas y conjeturas diferentes, provocadas por ese interrogante sencillo. La pregunta fue planteada por Thomas S. Eliot, Premio Nobel de Literatura 1948, en un libro publicado ese año. Las respuestas que obtuvo fueron múltiples y variadas, y no es el caso analizarlas aquí, sino solamente aplicar el mismo interrogante a una circunstancia actual de la provincia no sólo para promover una contestación sino para también invitar a reflexionar sobre el hecho preguntado.

Puntualmente ¿cuál ha sido el propósito de instaurar en Salta, de manera tan apresurada un sistema de votar tecnológico, a un costo quizá divorciado de la realidad económica provincial? ¿Porqué Salta debía adelantarse a todo el resto del país, incluso a la Nación? ¿Hubo motivos de peso para justificar la urgencia? ¿Para qué ser primeros?

Votar electrónicamente tiene cierto consenso pero a futuro. Porque hay una certeza en los habitantes, de que el día a día muestra otras prioridades y urgencias.

¿Era cuestión de vida o muerte para la democracia salteña el cambio radical respecto de un centenario modo de votar, que se usa en todo el país?

La pregunta que no consigue respuestas unánimes es: ¿por qué ahora? ¿por qué apresurar la necesaria maduración de esa nueva y posible cultura electoral? ¿Por qué la curiosidad de conocer el resultado rápidamente, y algo de cómoda rapidez para votar, sucesos de sólo un domingo cada dos años, se impusieron a otras prioridades que están acuciando a la provincia? En su obra Thomas Eliot señalaba que curiosidad no equivale a sabiduría, porque no tiene otro motivo más que el mero deseo de conocer. Ponderando el enorme costo de ese cambio cultural, aplicado todavía sin madurar a pleno, el uso del nuevo sistema merecía ser postergado.

Un ejemplo: Salta, según el último índice del INDEC (es del año 2010) posee una tasa de mortalidad infantil tan alta que sólo ocho provincias la superan. En cambio otras catorce provincias y la Ciudad Autónoma de Bs. As. tuvieron una tasa menor. La "tasa mortalidad infantil" es definida por el INDEC como la relación entre los fallecidos antes de cumplir un año, por cada mil nacidos vivos. En ese año 2010 fue cuando comenzaron las primeras gestiones para instalar en Salta la votación electrónica. ¿Era prioritario? Probablemente no.

¿Cuál ha sido el costo de ese avance tecnológico que, por otra parte, no tuvo mayores repercusiones en resto del país? ¿cuál era el propósito que hizo fermenta tanta impaciencia, tanta ansiedad, tanta obstinación, casi imprudente, en ser primeros? Si el premio consistía nada más que en ser los primeros en disponer de un día electoral con tecnología Siglo 21 Salta lo ganó, pero fue una victoria pírrica. Ese esfuerzo económico, ese capital humano recorriendo escuelas de la Salta profunda, fue un esfuerzo loable pero digno de una mejor causa. No porque la causa no fuese buena sino porque su fugacidad, lo poco que dura, un domingo cada dos años, la coloca por detrás de las otras necesidades cotidianas que aparecen en el día a día de la educación, de la salud, de la seguridad.

También fue victoria a lo Pirro porque no se logró un consenso previo, ahora más lejano que antes porque el acto electoral, para muchos, se resumió en confusión frente a la máquina, largas colas, insatisfacción, incomodidad, terminales que fallaron y que debieron ser reemplazadas, enojo de electores. ausencia de la tradicional privacidad que fue siempre resguardo necesario durante el personalísimo acto de decidir, frente a las boletas. El cuarto oscuro transformado en una sala de puertas abiertas y ocupado no sólo por funcionarios electorales, por fiscales, por técnicos sino también por gente que entraba y salía, sin ser votantes. Toda una intimidad invadida.

Por eso la pregunta acerca de cuál fue el propósito de tanta urgencia, desconcierta, y seguramente, se sumará a otras inquisiciones referidas al tema, las que necesitarán respuestas mucho más complejas y exhaustivas que aquellas que explicaban cuál es el propósito de la educación.

Armando J. Frezze

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SEGURIDAD VIAL: ENTRE EL ARRESTO O LA IMPUNIDAD (40 años de multas demostraron que no son la solución en Salta)

Ampliación de la columna publicada el 19 de septiembre en el diario El Tribuno de Salta

 con el título "Accidentes de tránsito: con cobrar multas no se soluciona nada".

A principios de septiembre un alto funcionario de la Municipalidad de Salta, entrevistado sobre las acciones que estaban ejecutando para dar más seguridad al camino a San Lorenzo, manifestó a este diario que “un Juez de Faltas no puede arrestar a nadie por exceso de velocidad, solo puede multar” por eso las foto-multas, decía, se utilizan como herramienta de disuasión respecto de la velocidad. Lo primero es rigurosamente cierto, lo segundo es una conjetura discutible.

Es verdad que los Jueces Municipales de Faltas no pueden arrestar ni por exceso de velocidad ni por ningún otro motivo. Pero los Jueces Contravencionales de la Provincia, sí pueden hacerlo ya que el Código Contravencional sanciona, por ejemplo, con arresto de hasta quince días a quienes conduzcan en estado de ebriedad, sanción que en caso de reincidir puede trepar a un máximo de treinta días y tratándose de vehículos de transporte de pasajeros ese máximo se aplica siempre, primera vez incluida. Los inhabilitados para conducir que son sorprendidos al volante, por su parte, podrán padecer arresto de hasta veinte días. Son sólo algunos ejemplos.

¿Qué motiva entonces a los jueces contravencionales no sancionar a quienes quebrantan esas normas? El motivo es tan simple como sólido: ninguno de ellos ha sido designado todavía, no al menos los que deben integrar el nuevo fuero contravencional creado en 2001 por el código vigente. Todavía no está sancionada la ley que fije su número, sede y planta de personal. Esta mora de la Legislatura ha sido acompañada por el Poder Ejecutivo, que no impulsó la creación de los Juzgados Contravencionales aunque, paradójicamente, hace casi cinco años el Gobernador Urtubey inauguraba el Centro de Contraventores, ubicado en la Ciudad Judicial, con capacidad para alojar hasta 30 detenidos.

Ante esa parálisis que impedía poner en marcha estos tribunales de prevención y de convivencia social, la Corte de Justicia de la Provincia hace dos años remitió a la Cámara de Senadores un proyecto redactado por el Alto Tribunal, que contemplaba erigir cinco juzgados contravencionales, dos en Salta Capital y los otros en Orán, Tartagal y Metán, ampliando la competencia de los Juzgados de Cafayate y Joaquín V. González para que actuaran también como tribunales contravencionales.

La Corte al remitir el proyecto subrayò que desde la sanción del nuevo Código Contravencional “han transcurrido más de diez años en los cuales el juzgamiento se ha efectuado de manera transitoria con normas muy añejas, bastantes desactualizadas a la luz de los principios y garantías dispuestos tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución provincial…”, una elegante manera de denunciar que hoy, y hasta tanto no se nombren los jueces del modo establecido en 2001 por el Código, el único Juez Contravencional es y seguirá siendo el Jefe de Policía de la Provincia, según la casi centenaria costumbre, en lugar de los magistrados que entre otros requisitos a cumplimentar, deberán concursar el cargo ante el Consejo de la Magistratura.

El proyecto remitido por la Corte de Justicia fue aprobado, con modificaciones, por la Cámara de Senadores casi un año después. Hoy despereza en la Cámara de Diputados donde llegó el 21 de noviembre del 2012.

La pira funeraria en que se ha convertido la inseguridad vial en la Provincia durante el último lustro se refleja todos los días en los medios gráficos y televisivos; el reclamo de la gente para que algo cambie, también. La ira popular hace que la prevención en seguridad vial no sea un tema menor, como no lo es tampoco la inacción gubernativa y la legislativa. Las repetidas manifestaciones de los habitantes de Cerrillos es el más reciente botón de muestra y cada localidad del interior resulta un espejo de tales quejas. El tiempo para re-accionar ya no se cuenta por días o por meses sino por la cantidad de muertes que continúan produciéndose durante la espera de soluciones, como es el caso de la propuesta por la Corte de Salta, cuya petición tiene, como se ha visto, incidencia también en la seguridad vial y podría tenerla aún más, si se añadiera al Código un Capítulo específico dedicado al tema vial, como han hecho otras provincias.

A las contravenciones ya existentes, como el conducir en estado de ebriedad o no utilizar las ciclovías, debería es Capítulo sumar otras: circular excediendo las velocidades máximas, conducir sin licencia, no utilizar los cinturones de seguridad, o en su caso el casco, trasladar menores de 10 años en el asiento delantero, carecer de la Revisación Técnica Obligatoria, transportar personas en las cajas de camiones, camionetas o en tractores. Los ejemplos pueden aumentar o menguar pero todo proceder que pueda potencialmente causar heridos o muertes durante la circulación vehicular merece ser examinado.

La ebriedad o el exceso de velocidad no son delitos, pero pueden tener consecuencias criminales. Prevenirlas es un deber del estado.

Armando J. Frezze

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LA MÁQUINA DE VOTAR: UNA PROGONISTA NECESARIA EN LA PROPAGANDA ELECTORAL

Publicado en diario El Tribuno de Salta 

el jueves 12  de septiembre de 2013

Aunque desde el año 2009 se dictaron normas y se efectivizaron comicios en la Provincia utilización el voto electrónico, generándose apoyos y rechazos al mismo, recién en abril de 2012 se desencadenó una suerte de batalla mediática plena de comunicados, declaraciones y solicitadas en la que ambos bandos, los defensores y los detractores, que puso en juego al voto electrónico como una innovación tecnológica aceptable. El nuevo procedimiento comicial no contaba entonces con el necesario consenso ciudadano. Hoy todavía existen sectores que miran esta modalidad con desconfianza.

Sus defensores describían entonces, con entusiasmo, la equidad y la transparencia del sistema, su fiscalización segura y la eficiente rapidez con la que entregaba los resultados, exponiendo como fundamento las experiencias parciales desarrolladas en los comicios de 2009, 2010 y 2011. Sus detractores, con igual entusiasmo, subrayaban la falta de confiabilidad, enumerando las democracias del primer mundo que han probado y luego desechado la votación electrónica por insegura. También se oponían porque la tecnología a utilizar no era de propiedad estatal y porque la puesta en marcha no nació de la Legislatura provincial ni del Tribunal Electoral sino que fue una iniciativa privada de una empresa comercial, algo que los más escépticos describieron como una privatización de las elecciones salteñas. El tiempo fue diluyendo las discusiones y desde abril del año pasado hasta la fecha el tema fue perdiendo fuerza, aunque no ganando consenso.

Lo real es que la votación electrónica no forma parte de la secular cultura electoral argentina. Las elecciones nacionales son un ejemplo; siguen examinando las nuevas tecnologías pero no las incorporan. Esa cultura convirtió el ejercicio del deber cívico en un rito de ejecución casi ceremonial, que se iniciaba frente a las mesas electorales, en las cortas o largas filas previas que integraban pacíficos electores de todas las ideologías y se concretaba después en la soledad, el silencio y la penumbra del cuarto oscuro, al retirar la boleta de su preferencia y colocarla dentro del sobre.

Pero cambiar las formas de votar significa alterar un hecho cultural de cierta trascendencia y por esa razón parece poco conveniente intentar su realización sin no se ha alcanzado antes cierto nivel de consenso ciudadano. No son las leyes las que modelan una cultura, en todo caso la historia muestra que el proceso es a la inversa.

En Salta, muchos ciudadanos, no todos, recibieron capacitación para usar la máquina de votar, pero ello no permite asegurar que se sentirán cómodos ante una situación que apenas conocen, en una circunstancia que los enfrenta a una máquina que, en el mejor de los casos, han manipulado sólo un par de veces. Mucho más fuerte será la incomodidad de los electores que no recibieron capacitación. La condición humana hará que traten de zafar rápidamente de la situación, provocando votos no pensados ni queridos pero que les procurarán una rápida salida del incomodo escenario. Es por esa razón que probablemente las encuestas previas difieran luego de los resultados de los comicios.

Cierto es que el Tribunal Electoral de Salta ha realizado una formidable tarea de capacitación desde abril del año pasado, cuando puso en marcha un plan cuyo objetivo era formar un cuerpo profesionalizado de autoridades de mesa integrado mayormente por docentes, plan denominado “La participación ciudadana del docente: uso de la tecnología digital en el sufragio universal”, que abarcó todo la geografía provincial, incluyendo parajes tan alejados como Los Toldos, Pozo Verde, Talamuyo o Palermo Oeste. Cierto es también que en esas ocasiones las máquinas de votar estuvieron disponibles para los ciudadanos en plazas, municipios y escuelas, donde podían practicar. Pero es materialmente imposible que la totalidad de los casi 850 mil electores salteños hayan accedido a ese entrenamiento para votar a máquina, pese a la intensa actividad desplegada por funcionarios y técnicos de la Secretaría Electoral.

Siendo que su uso será obligatorio en las elecciones PASO provinciales que ya están próximas, en la propaganda electoral de todas las agrupaciones políticas, estén a favor o en contra del voto electrónico, la máquina de votar debería ser una coprotagonista obligada. Cualquiera sea el medio que utilice esa campaña electoral, debería exhibir junto a las imágenes de sus candidatos, fotos de la máquina e ilustrar las instrucciones para su uso. Instrucciones que también deberían compartir con los textos dedicados enumerar promesas pre-electorales de los postulantes o describir sus logros de gestión. Mostrar indiferencia por ese aparato podría indicar que el voto electrónico resulta todavía ajeno a la cultura electoral salteña, aún en los niveles dirigenciales.

Armando J. Frezze

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