El Tribuno, de Salta, el día 30 de octubre de 2013
Dos partidos
políticos opuestos, dos geografías de vastedad desigual, incontables desafíos y
una misma fecha inicial.
En esos escenarios
y para esos roles paralelos fueron elegidos Raúl Alfonsín y Roberto Romero.
Hoy, en el trigésimo aniversario de concretarse aquel mandato otorgado por el
pueblo, cabe una pregunta: ¿Que cosa, que hecho, podría elegirse como distintivo de sus visiones, en ese período democrático que
inauguraban. Con la arbitrariedad que tiñe a toda opción, a todo triar, puede
señalarse que el mayor desafío que encaró Alfonsín como Presidente fue hacer
realidad la justicia que exigía la sociedad, para responsabilizar a quien
dispusieron violar los derechos humanos desde el Estado, y al mismo tiempo no
permitir que se franqueara la sutil línea que separa la justicia de la
venganza. Mientras Ítalo Luder, candidato peronista, reconocía la legitimidad
de la ley de amnistía promulgada por el gobierno del Proceso, Alfonsín la
desconoció y el juicio a los miembros de las tres Juntas Militares se llevó adelante. La solidez y extensión de
la estructura jurídica que hoy garantiza los derechos humanos en Argentina tuvo
su piedra miliar en aquella decisión, o quizá en aquella obstinación, del
Presidente Alfonsín.
En Salta, Roberto
Romero, elegido también aquél 30 de octubre de 1983, inició su gobierno con una visión clara y
segura de la nueva Salta: ésta no podía construirse sobre la Constitución de
1929 entonces vigente, no por que contuviese alguna maldad intrínseca, que no
la tenía, sino porque el paso del tiempo la había convertido en incompleta y añosa.
Se necesitaba acordar entre todos los salteños, sin excepciones ni exclusiones,
un nuevo marco jurídico que permitiese una reforma del estado provincial con
una nueva concepción de Salta integrada regionalmente. Fu así que en 1986 se
promulgaba la moderna Constitución de la Provincia la cual, ya en su Preámbulo,
exaltaba “la vida, la igualdad, la justicia y los demás derechos humanos”, y
garantizaba “el afianzamiento del federalismo, la integración regional y
también latinoamericana”.
Esta Constitución
en clave de progreso, marcó en 1986 la
transformación e ingreso de Salta al Siglo 21 con concepciones y principios
acordes a la nueva realidad que la rodeaba.
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