"ES LA ECONOMÍA, ... " SIGUE VIGENTE

 

La actual Presidenta de los argentinos alcanzó su reelección con el 54 por ciento de los votos, pero lo que en un principio se valoró como un indiscutido mérito político se está transformando en un cheque en blanco que habilitaría al Ejecutivo a ejercer todo el poder, literalmente hablando. La conducta del Congreso nacional, estos días, es un ejemplo. Pensar -y actuar- imponiendo ese principio es una equivocación política e institucional grave, ya que el gobierno en Argentina está articulado en la gestión armónica de tres poderes, ninguno de los cuales puede ejercer “todo” el poder.

Y además de las reglas básicas de la Constitución nacional, ese método de gobierno de ir siempre por más desatiende la cotidiana realidad de la vida de la gente como también desconoce la existencia de cierto cuarto poder, impreciso respecto de quién lo ejerce pero cuya vigencia real impide a cualquiera de los tres poderes del Estado actuar por sí, y además por los otros.

Desde la Revolución Francesa, se puso ese mote a la prensa pero debe aceptarse que ésta puede tener peso en la opinión pública -según el prestigio del medio o del periodista- pero nunca poder. Carece el periodismo, al igual que el defensor del Pueblo o el procurador general de la Nación, de la facultad de imponer conductas coactivas a los ciudadanos. De la misma manera que los medios solo informan u opinan, el defensor y el procurador general solo opinan e informan a través de sus dictámenes o recomendaciones pero no juzgan ni sentencian, no sancionan ni disponen nulidades. La evanescente categoría de “cuarto poder”, en el sistema político argentino, podría adjudicarse también a las asociaciones sindicales organizadas, al menos al menos si se atiende a la historia de la segunda mitad del Siglo XX hasta la fecha.

Como también podría asignarse a la opinión publica la categoría de cuarto poder, el cual si bien es un concepto inefable adquiere cierta materialidad y se lo percibe hasta en la calle, cuando el humor de la gente no es el habitual, cuando aparece transformado en un mal humor social generalizado y agudo. Es un poder latente, adormecido, que no emerge por cuestiones institucionales, por la corrupción o por la ausencia de políticas y rumbos en la vida del país. Pero que aparece indefectiblemente cuando se descalabra el bolsillo de los ciudadanos y cuando las paritarias no son pacíficas.

Alfonsín llegó al gobierno sin apoyo sindical pero con el 51,7% de los votos; De la Rúa fue presidente con el voto del 48,5% del electorado. Salvando las diferencias entre ambas gestiones, los dos no completaron sus mandatos porque el mal humor ciudadano les recortó los plazos. Y el mal humor provenía exclusivamente de una sola causa: una economía nacional díscola e indomable. Del 48,5% de De la Rúa al 54% de la Presidenta hay sólo cinco puntos y medio. Romper lanzas con el poder sindical es mal presagio si una terca singladura quiere llevar al país a capear tormentas de extensión casi mundial sin planes económicos y con ministros de bastante menor jerarquía en esa materia y en relaciones exteriores -carteras claves para este tipo de ocasiones- que los que acompañaron a Néstor Kirchner en sus momentos críticos.

Una pérdida de siete mil millones de dólares en reservas del Banco Central durante 2011 y un paro de los empleados judiciales de la Nación unos días antes de la Navidad no son datos para ignorar. Ambos efectos son producidos, directa o indirectamente, por una inflación que no encuentra una paternidad que se haga cargo.

Las conocidas palabras del asesor James Carville, que llevaron a su candidato hasta la presidencia de EEUU en 1992 -“Es la economía, estúpido”-, siguen teniendo vigencia global.

Armando J. Frezze

 (Publicado en diario El Tribuno el viernes 23 de diciembre de 2011)

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JUEGOS INFANTILES Y RESPONSIBILIDADES ADULTAS

            El principio rector para la reparación de perjuicios que establece el Código Civil es relativamente simple: la persona que realiza una acción que causa un daño a otra, está obligada a repararlo si actuó con culpa o negligencia, responsabilidad que resulta extensiva al daño ocasionado por cosas que estén a su cuidado o bajo su dependencia. La solución es justa, es lógica, es sabia.

            En este punto, cuando la ley habla de personas, valga la aclaración, se refiere tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas, sean éstas públicas o privadas. Y entre las personas jurídicas que categoriza como públicas el Código incluye a los municipios.

            De ese modo, un parque de juegos infantiles que esté gerenciado por una sociedad comercial, persona jurídica privada, en principio, la empresa será responsable por los eventuales daños que puedan causar esos juegos; si los juegos están instalados dentro de un local sólos o junto a otros comercios, los peloteros son un ejemplo, el principio es el mismo. Pero si los juegos infantiles están bajo la dependencia y el cuidado de un municipio –como usualmente ocurre en las plazas- la responsabilidad por eventuales perjuicios derivados de culpa o negligencia corresponderá a la comuna.  Como se ha mentado que la solución del Código es justa, además de simple, permite que dadas ciertas circunstancias las personas se eximan de la responsabilidad por el daño ocurrido, circunstancias que son varias y que no es necesario referirlas porque no hacen a la finalidad de estas reflexiones, que tienen como origen un daño causado por la comuna de Salta en razón de conducta culpable o negligente que ha sido públicamente reconocida por ella. El hecho ocurrió el pasado lunes en una plaza ubicada en barrio Ciudad del Milagro, donde un menor al deslizarse por un tobogán en mal estado, sufrió la amputación traumática de parte del dedo anular izquierdo. No resultan necesarias verificar demasiado sobre la conducta culpable de la comuna, si se atiende a las declaraciones de funcionarios municipales sobre este caso, que resultan una confesa aceptación de que no se trató de un caso fortuito, imprevisible o inevitable. En todo caso, admiten todo lo contrario.

            Esas manifestaciones reconocen que el Municipio no está en condiciones de contratar 600 placeros para las 300 plazas de la ciudad. Esa imposibilidad de por sí nada tiene de reprochable. Lo que merece el cuestionamiento –desde el sentido común y desde la ley- es que sabiendo la imposibilidad de mantener en buenas condiciones esos juegos infantiles, no se haya procedido a retirar un número tal que permitiera el buen mantenimiento de los juegos restantes con el presupuesto y personal afectado a esos fines.

            Reconocer que el municipio está desbordado en este tema, que no puede atender el mantenimiento de todos los juegos infantiles existentes en los sitios públicos, y al mismo tiempo aceptar voluntariamente como posibilidad el que algún niño sufra una herida seria por ese mal mantenimiento, coloca al hecho al filo del delito de lesiones, lesiones culposas pero delito al fin. Que el vandalismo exista, no exime de responsabilidad al Municipio, porque siendo un resultado previsible optó por la solución más peligrosa: no desmantelarlos sino permitir que continuaran en uso a pesar de su precariedad evidente y de lo predecible del daño. Agrava lo erróneo de la decisión, además del conocimiento y aceptación de las peligrosas circunstancias, la existencias de denuncias de la comunidad sobre este estado de cosas. Hace más de una década, el Domingo 29 de octubre de 2000, El Tribuno publicaba la queja del Sr. Miguel Ángel Sarmiento sobre el tema; no fue la única pero se la señala como un precedente por su antigüedad.

                        “La plaza es la prolongación natural del hogar: es el jardín del barrio. Allí se conjugan nuestras vivencias personales con las sociales” definió hace un tiempo Sonia Berjman, Doctora en Historia del Arte e investigadora del Conicet; “Los parque y las plazas se construyen en terrenos fiscales y con fondos públicos, su valor excede lo económico porque incluye lo estético, lo científico, lo histórico, la valoración de la comunidad. Nosotros les vamos otorgando significado y las incorporamos a nuestra memorial personal y colectiva, convirtiéndolas en hitos urbanos.”  Todo adulto asocia indefectiblemente una parte de su infancia a alguna plaza en particular, ese lugar que es algo más, bastante más, que sus metros cuadrados, sus árboles o sus juegos.

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ELEMENTOS MÍNIMOS PARA UNA POLITICA PÚBLICA DE SEGURIDAD VIAL EN LA PROVINCIA

Desde hace décadas están instalados en la comunidad  salteña reclamos que refieren a diversos temas, dos son recurrentes: la  justicia y la inseguridad vial. Sobre el tema justicia el Poder Judicial ejecutó a partir del 2002 un Plan Estratégico para sistematizar iniciativas y acciones encaminadas a transformar el servicio de administración de justicia  y en el 2007 formuló el segundo, hoy en curso, que finaliza en el 2012.  Pero acerca de la inseguridad vial ninguna política pública  ha sido comunicada. Cierto es que hubo, y hay, programas, campañas, operativos, pero todas son acciones coyunturales, no está comunicada una política pública de mediano o largo plazo.

            En trazo grueso,  “política pública” es lo que el gobierno (nacional, provincial,  municipal) hace  –o deja de hacer – para dar respuesta a determinados problemas de la comunidad, actuales o futuros. Instrumentar una política sobre la cuestión vial, debe reconocerse, es un asunto complejo porque el problema es complejo, empezando por las muchas aéreas y jurisdicciones que involucraría.

             Toda política pública requiere en su génesis un detallado diseño, incluyendo su duración, para madurar como políticas regulativas, sólo requieren dictar las normas disciplinantes, o redistributivas, como las sociales, o también las distributivas, cuando otorguen beneficios a sectores sociales definidos o a espacios geográficos delimitados.

            Originan estas respuestas gubernamentales las demandas insatisfechas de la sociedad que provocan una respuesta de la autoridad para atenderlas o para evitar que el problema aparezca más adelante. Esas respuestas, dados ciertos elementos,  son las políticas públicas, las que pueden incorporar también a sectores de la sociedad civil; las políticas de Estado – con las cuales en ocasiones se las confunde-  no admiten, en cambio, tal participación.

            Debe tenerse en cuenta que ninguna  política pública parte de cero y que todo diseño se nutre de  elementos ya existentes, que se reformularán y desarrollarán. Sobre seguridad vial  existen  en la provincia estudios, diagnósticos, base de datos e información suficiente para afrontar sin dilaciones el diseño. Cosa  diferente es ponerla en marcha: para ello se necesita indefectiblemente un presupuesto que le asigne recursos  y actividad legislativa ya que únicamente el estado puede imponer coactivamente  normas de conductas o prohibiciones al ciudadano . La preceptiva sobre seguridad vial resulta usualmente conflictiva, genera disconformidad y rechazo porque impone disciplina. Estos elementos, recursos y leyes, son siempre difíciles de obtener. 

Otros escollos para la instrumentación: el problema que suscita interés público debe ser incluido en la “agenda de acción de gobierno”  y no toda demanda social lo logra;  la distribución de poder de los sectores interesados, la escasa fuerza de la demanda, la capacidad de lobby a favor o en contra - pulseada de actores no siempre visibles- entre otros factores, pueden  desvanecer el tema.  No prosperarán tampoco los temas conflictivos o políticamente incómodos; la materia vial es considerada en todo el mundo como políticamente no redituable.

En caso de ser incluida en la agenda, debe definirse el objetivo con claridad y precisión, so pena de fracaso. Importa esa precisión para apuntar a objetivos posiblese importan los datos iniciales porque servirán para compararlos periódicamente con la realidad, lo cual determinará   el porcentual de éxito -o de fracaso- de la política que se estuviese aplicando. La evaluación  periódica se realiza por sus efectos, por sus resultados y por la aparición de nuevas circunstancias no previstas que  puedan obligar a una redefinición y  cambios en el diseño,  acciones que son también decisiones políticas, aunque tengan fundamentos técnicos o presupuestarios. El paso más difícil de sortear es la decisión política, que producirá la aceptación o el rechazo de la política diseñada, y que si bien es un  punto de inflexión que no permite dar marcha atrás, una serie resultados negativos en las evaluaciones periódicas podría determinar la modificación y aún la supresión de esa política pública. 

            Todo este procedimiento, a grandes rasgos, se requiere para implementar una política de seguridad vial de mediano o largo plazo. Interrelaciona a muchos organismos, dependencias  y actividades, haciendo compleja la tarea por el alto nivel de coordinación que debe ser alcanzado primero y sostenido después durante varios años. Áreas tan diferentes como Educación, Obras Públicas o Salud Pública están tan involucrados en el tema como las de Seguridad o los municipios; la coordinación determinará el grado de éxito. El caso de la inseguridad vial involucra necesariamente a otros poderes, como el legislativo. La provincia no puede regular materias propias del Código Penal o Civil pero sí puede legislar en cuestiones de seguridad -que excede al mero ordenamiento del tránsito, materia de resorte municipal-  dictando  normas procesales o contravencionales. Provincias como Córdoba, Corrientes o Formosa  dedican a la Seguridad Vial un capítulo o un título especial en sus códigos de faltas,  el Código Contravencional de Salta, por ejemplo, carece de esa herramienta.

            Los problemas complejos requieren de soluciones complejas y meditadas,  combatir la inseguridad vial es de compleja articulación. Lo brevemente expuesto es sólo una mirada a vuelo de pájaro, una sucinta reflexión sobre un tema de enorme envergadura.

Armando J. Frezze

 (Esta nota es una síntesis del Capìtulo pertinente, contenido en el libro “Salta, Enfoques y Perspectivas II”, publicado por el Grupo Salta en 2009) 

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CULPAR A LA PRENSA ¿PECADO O IGNORANCIA?

Publicado en diario El Tribuno, Salta, el miércoles 19 de octubre de 2011

                Un fenómeno que no por antiguo pierde importancia ocurre con la vocación del político de imponer una uniformidad de pensamiento. Esa vocación merece ser combatida por todos,  comenzando por quienes detentan ocasionalmente el poder. El ciudadano, a su turno,  tuvo siempre vocación por informarse sobre los quehaceres de los gobernantes. Así se originaron la publicidad de los actos de gobiernos y los controles formales. Empero la vocación de no someterse a examen alguno sigue viva, principalmente en Latinoamérica.

                Los gobernantes y dirigentes saben, o debieran saber, que la apuntada vocación del ciudadano ha construido también un sistema informal de control, que funciona desde el Siglo 19 y cuyo pilar es la prensa libre. En nuestro país el norte del rumbo ético nació en 1811 cuando el Triunvirato dictó el Estatuto Provisional de ese año que, entre otras cosas, establecía la libertad de imprenta a la cual junto a la seguridad individual, categorizaba  como “el fundamento de la felicidad pública”.

                Pero esta garantía de libertad de expresión –hoy elevada al más amplio derecho a la información – tiene mortificaciones; no sólo provienen de la censura sino que existen muchas formas y maneras de socavarla. Desde el agravio directo realizado desde el poder político a los periodistas y a los medios de información, hasta maniobras más sutiles que buscan la asfixia económica de éstos o el silencio atemorizados de aquellos. No es el caso de enumerarlos, sino apuntar que el intento de acallar los medios, de eliminar el derecho a la información, resultan conducta reñidas con la ética de gobierno y por otro lado, tan estériles como intentar tapar el sol con un harnero. Y esto, además de ausencia de ética política revela también ignorancia.

                Es ignorar la realidad de la monumental estructura que forman los medios no tradicionales de información, los cuales que permiten conocer los hechos por vías distintas a las tradicionales –diarios, radio y TV-  y que están a disposición de buena parte de la sociedad, como el correo electrónico que ha transformado a cada PC en una estafeta postal instantánea  o la globalizada red de información que provee, también en tiempo real, Internet, es no valorar las redes sociales que anidan en los celulares que portan millones de personas en el mundo.

                Además de ignorar la realidad, agraviar a la prensa libre es ofender a la porción de  la comunidad que piensa diferente, es menospreciar por elevación al ciudadano que por sus ideas se informa por el medio que él elige, o que quiere conocer hechos -y tiene todo el derecho- hechos que los gobiernos desearían ocultar. Es discriminar entre ciudadanos de primera, aquellos que alientan a una administración y los ciudadanos de segunda, que tienen un enfoque diverso para mirar la realidad. Es, en síntesis, demostrar autoritarismo con conductas describió magistralmente Díaz Plaja en su obra El Español y los Siete Pecados Capitales, cuando afirmaba: “Solo a la soberbia, a la gigantesca soberbia hispánica, puede atribuirse al juicio que de su adversario político hace el español: Fulano piensa distinto que yo, luego Fulano es un cabrón”.

                Esto está sucediendo hoy en Latinoamérica, en Argentina y en Salta; debe corregirse ese peligro que encendió luces de alerta, corrección que le permita a Los Unos que, cuando le llegue su turno, puedan ser El Otro, y todo momento ambos se sientan partícipes de una misma sociedad, miembros de una misma Nación, congregantes de un futuro común.

Armando J. Frezze

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PRISIONERO DE MICROSOFT

            Hace escasos noventa días incorporamos al hogar una flamante computadora AIO, esas que tienen el CPU incorporado al monitor; a ella traspasé todos los archivos que había en la “vieja” máquina que nos acompañaba desde hacía siete años con su confiable software XP.  El sistema operativo del nuevo equipo es el Window 7 con el cual no nos llevamos nada bien,  cada vez que me he sentado para trabajar, la complicada lógica de sus archivos, la inutilidad de sus novedosas “bibliotecas” o el desconcertante cambio de nombre para las mismas funciones que existían en Window 98 o en XP o el cambio de la lógica antes usada para solapas,  pestañas, copiados y búsquedas,  me han hecho perder el tiempo primero y la paciencia después, el archivo que antes obtenía en segundos ahora demoro media hora buscándolo para no encontrarlo jamás. En síntesis, apago la AIO y me voy al cuarto del fondo donde la vieja PC -que estuve a punto de regalar-  me espera con su ahora casi clásico sistema XP, su menor elegancia y velocidad pero con su confiable y amistosa –y sobre lógica- manera de facilitarme el como hacer mis escritos.

       La irrupción de Window 7 acabó con esa idílica sencillez con la que la máquina y yo nos entendíamos. Toda la magia se quebró y comencé a sentirme prisionero de Microsoft porque sucede que no puedo ir a un negocio y comprar un software Window XP para instalarlo en mi nueva AIO. En Salta al menos que dicen que ya no está en el mercado.

            Mi primer contacto con lo que sería el futuro en procesadores de textos ocurrió en los noventa cuando compre una máquina Brother con 16kb de memoria, tipos intercambiables y que justificaba los márgenes. Cuatro minutos demoraba la impresión de una hoja tamaño oficio pero me permitía a cambio borrar sin borradores, borrar sin dejar el mínimo rastro y, last but no least,  trasladaba bloques de texto completos a donde uno quisiera. Después  trabajé con PC que incluían el  Work (no el Word) y más tarde  con los sistemas del Window 95, 98 para finalmente alcanzar  lo menor para mis escasas necesidades, que fue el  XP.  Cuando salió el Window Vista,  el organismo en el que trabajaba como asesor lo instalaron: era tal  la perversión lógica que al poco tiempo  solicité –y obtuve- que me reinstalaran el descartado XP. Como usuario, no como experto o conocedor del tema, auguré poco horizonte al Vista, y parece que no me equivoqué. Ahora la perversión ha vuelto con el W7. Creo que tampoco tiene mucho futuro porque ya comunicaron los medios que a finales de este año 2011 se presentará su sucesor el Window 8 y que será “totalmente diferente”, como si eso fuera una virtud en lugar de configurar una falta de respeto al usuario. Por eso es que me siento prisionero, tan falto de libertad como aquellos que en el siglo 16 o 18 necesitaban permisos, dispensas o privilegios para poder imprimir no digo ya un libro sino un simple folleto de una sola página. No me siento libre de usar la herramienta según mis necesidades, mi lógica o mis deseos, todo lo contrario debo adaptarme a un pensamiento único, a una lógica única, a una empresa única. No me gusta. No me siento libre. Y siento que la confusión que producen los continuos cambios de cosas que no deberían cambiar –como ubicaciones, nombres o ciertos pasos lógicos- resulta un estado del espíritu que de intento busca algún ser diabólico.

               Eduardo Dahl, editor del suple informático del diario La Nación, escribió en la edición impresa del pasado sábado 16 de abril, una columna titulada  “Breve Diccionario Para Entender Window 7, que en un pasaje sintetizaba esa confusión que intento describir. Decía:         "Cómo desinstalar un programa, por ejemplo? Es algo que hacemos a menudo, pero el ícono ya no se llama, como en XP, Agregar o quitar programas, nombre que cualquiera puede entender y por eso pegó rápidamente. Oh, no. Alguien allá en Redmond decidió que renovar por renovar era una buena idea (exactamente al revés de lo que hace Apple, que sigue llamando las cosas fundamentales con el mismo nombre desde hace casi 30 años) y Agregar o quitar programas ahora se llama Programas y características.” Y es sólo un botón de muestra, se desea una exposición detallada sobre el Wonderland de Window 7 puede hacerlo en la edición de Internet, en el sitio   

 www.lanacion.com.ar/1365962-breve-diccionario-para-entender-windows-7

                Me siento esclavo, me siento como alguien del Siglo 17 o 18 que para imprimir o publicar debía de pedir dispensa, tener privilegio para hacerlo o acceder a un imprimátur no siempre otorgado. Me siento condicionado, direccionado, manipulado. Este estado de ánimo lo morigeró una publicación, que me hizo pensar que no era el único ser que padecía ese sentimiento de Microsofpresion. Lo difundo por considerar sus principios y contenido dignos de alabanza.   

            Armando J. Frezze

               Hace algo más de dos semanas, el 11 de septiembre, “La Voz del Interior” publicó una muy interesante entrevista que José Heinz  realizara a Richard Stallman, el creador y máximo difusor del "software libre", con motivo del doctorado Honoris Causa que le iba a otorgar el día siguiente la  Universidad Nacional de Córdoba. La entrevista se tituló “ES HORA DE RESISTIR Y LUCHAR POR TU LIBERTAD” y su contenido era el siguiente:

“Richard Stallman es alguien de suma influencia para miles de personas. Técnicamente es un programador, pero su cruzada lo acerca a la filosofía, hacia una idea de libertad. En pocas palabras, es el creador del concepto software libre, programas de computación que presentan cuatro principios básicos. Son los siguientes: la libertad de ejecutar un programa; la libertad de estudiar cómo funciona ese programa y adaptarlo a las necesidades del usuario; la libertad de redistribuir copias para ayudar a la comunidad; la libertad de mejorar ese programa y distribuirlo públicamente, para que toda la comunidad pueda beneficiarse con esos cambios. Si un programa no presenta alguna de estas cuatro libertades, entonces se trata de software privativo, cuyos ejemplos más característicos son los de empresas como Microsoft o Apple.
Stallman preside la Free Software Foundation, encargada de promocionar los valores del software libre y combatir fervientemente toda c lase de restricción digital, con seguidores y militantes en todas partes del mundo. Sus conferencias suelen ser intensas y muchas veces polémicas, lo que ha valido a Stallman fama de muchas clases: genial, parco, gruñón, divertido.
Por estas horas Stallman se encuentra en Córdoba, ya que mañana recibirá el título de Honoris Causa por parte de la UNC. Previo a ello, dialogó con La Voz del Interior.
-Usted ha dedicado la mayor parte de su vida adulta a escribir programas libres, y a alentar a otros a usarlo y rechazar el software privativo. ¿Por qué es tan importante la libertad en el software?
-Con el software, hay dos posibilidades. Si es software libre, los usuarios tienen el control del programa. Si es privativo, el programa tiene el control de los usuarios. Pero alguien tiene el control de este programa, y a través del programa, tiene poder sobre los usuarios.  Aquí está la injusticia del software privativo. La l ibertad es importante en cualquier campo de la vida, pero en la informática, muchos no han comenzado a apreciar que hay un asunto de libertad. Casi todos los usuarios han comenzado con software privativo, sin conocer otra posibilidad; toman el software privativo por normal, y nunca se han planteado la cuestión de si debe ser así. Pero cuando les mostramos esta cuestión, son capaces de planteársela. Hoy en día, usando software para casi todos aspectos de la vida, es difícil mantener cualquier libertad si no tenemos el control de lo que haga el software que usamos.
-Para muchos argentinos que tienen familiares viviendo en el extranjero, programas como Skype ofrecen la posibilidad de achicar distancias angustiantes. Renunciar a esto, ¿no es un precio demasiado alto?
-Eso es una exageración. Como precio de la libertad es muy barato. A veces el precio de la libertad es la vida. Pagar ese precio es difícil, hace falta un héroe. No usar Skype es nada.  El que no haría ni siquiera un tan pequeño sacrificio por su libertad es débil.
-De acuerdo, ¿pero cómo convencería usted a un abuelo para que deje de usar un programa que le permite ser parte del crecimiento de sus nietos en un rincón remoto del mundo?
-Si es abuelo, ya sabe vivir sin Skype. Hace 20 años sabía hacer llamadas normales, aunque eran caras. Hace 10 años sabía hacer llamadas normales, que se habían vuelto muy baratas.  ¿Realmente cree que no puede volver a hacerlo, que no puede pagar un poco de dinero por su libertad? No todos los abuelos son tan débiles. Si usan Skype es porque no reconocen por qué no. No hace falta mencionar que hay un programa libre para hacer más o menos la misma cosa: Ekiga.  Porque la respuesta sería igual si no existiera. Los que quieren desanimarnos de defender nuestra libertad suelen exagerar el coste. Pintan los pequeños sacrificios como enormes dolencias. Es lo que hace esta pregunta. Los lectores ahora conocen lo que hay que resistir.
-Es evidente que el uso del “software” libre está creciendo. Sin embargo, sigue habiendo gente que lo desconoce casi por completo, e incluso gente que ni siquiera sabe que el “software” que usa (Firefox, por ejemplo) es libre. ¿Cómo explica esta paradoja?
-Muchos medios no quieren plantear críticas éticas del software privativo. Entonces cuando hablan de programas libres, no dicen que son libres, ni qué quiere decir el software libre.
-Daría la impresión de que el “software” libre en Argentina está ganando masa crítica. Incluso desde el gobierno federal hay iniciativas para impulsarlo, y las computadoras que el gobierno distribuye en las escuelas incluyen “software” libre. ¿Cómo se compara esta situación con la de otros países? ¿Estamos en buen camino?
-¡Es peor que nunca! El estado argentino presta computadoras con Windows a los chicos de 12 años, luego sus profesores les exigen usar Windows en la clase. Lo llamo Condenar a Maldad (la maldad de Windows). La presencia, en la misma computadora, de una versión (no totalmente libre) del sistema GNU/Linux no cambia el efecto: con eso, el programa presenta una fachada de apoyo parcial al software libre mientras su verdadero efecto es rendir el país a una empresa. Los jóvenes que quieren ser libres, por este plan, aprenden que no pueden serlo. Entonces llamo a todos a resistir: los estudiantes deben borrar Windows de sus máquinas, los padres deben decir “No permitimos Windows en nuestra casa”, y los docentes deben enseñar con GNU/Linux. Me dicen que la ciudad de Buenos Aires tiene un plan semejante, el Plan Sarmiento, que hará daño parecido. Ni el Estado ni las escuelas deben nunca distribuir un programa privativo al pueblo.
-Bill Gates se retiró hace años de Microsoft, Steve Jobs acaba de dar un paso al costado en Apple. No puede faltar mucho para que Larry Ellison (Oracle) haga lo propio...
-Nuestra lucha no es en contra de unos individuos. Luchamos por la libertad de los usuarios de la informática. Que un ejecutivo reemplace otro es sólo un detalle.
-De todas formas, parecería que los líderes del “software” privativo navegan hacia el ocaso...
-Qué bueno sería si fuera así. Apple sigue sometiendo a más gente, y Windows también gana entre teléfonos portátiles. No hay ni un solo modelo de teléfono portátil capaz de funcionar sin software privativo.
-Pero muchos emprendedores jóvenes basan sus negocios en “software libre”. ¿Es la luz al final del túnel?
-¿Está bromeando?
-¿No pueden acaso “respirar tranquilos”, porque pronto todo el “software” será libre, y con él el mundo digital?
-Nuestra base es más grande, pero el enemigo es más poderoso y su dominio sobre los estados más descarado. Es la hora de luchar por tu libertad.”