lunes, 17 de diciembre de 2012

DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA, UN TEMA COMPLEJO





Publicado en diario El Tribuno de Salta el 17/12/12

 Los jueces de Salta antes se designaban sólo por seis años, vencido ese plazo se requería un nuevo nombramiento. En 1986 la reforma constitucional, novedosamente,  dispuso la inamovilidad de los magistrados “mientras dure su buena conducta”. Se dijo entonces que ponerle límites temporales impedía el desarrollo de la carrera, necesaria para cualquier sistema judicial, y resentía la labor porque el magistrado, a medida que se acercara la fecha de cese, viviría conflictuado por lo que el Poder Ejecutivo decidiera o lo que el Senado considerara . De ese progreso quedaron excluidos, inexplicablemente, fiscales y defensores oficiales, que continuaron con el régimen de los seis años.  La Reforma de 1998 lo corrigió y obtuvieron igual inamovilidad que los jueces. Hoy, sólo los integrantes de la Corte de Justicia provincial son nombrados por seis años.
El gran avance de la reforma de 1998 fue la creación del Consejo de la Magistratura como órgano de selección para cubrir toda vacante que hubiese en el Poder Judicial o en el Ministerio Público. La idea era –sigue siendo- que sólo los mejores fueran seleccionados mediante un procedimiento obligatorio. Para evitar una politización excesiva, como ya ocurría en la Nación, se creó un Consejo de sólo nueve miembros. La Cámara de Diputados y los abogados matriculados designan tres consejeros cada uno, con representación de las minorías,  y la Justicia los tres restantes. Como el Ejecutivo ya intervendría al elegir un candidato de las ternas, los constituyentes dispusieron que no tuviese representantes en el Consejo. Tampoco otorgó representantes a la Cámara de Senadores, razonando que ésta tiene la llave maestra de los nombramientos porque sin acuerdo, el candidato elegido por el Poder Ejecutivo no puede acceder al cargo. El rechazo senatorial  a las propuestas de la Presidenta para la Procuración General de la Nación y para el Juzgado Federal de Salta son recientes ejemplos de la importancia que en este proceso tiene la Cámara Alta, que impidió las designaciones solicitadas por la Presidenta Cristina de Kirchner, al no otorgarle acuerdo a los candidatos.  
            El procedimiento de selección descripto indica que resulta desaconsejable actuar con apresuramiento respecto de la idea de “democratizar el Poder Judicial”, que la Presidenta ha lanzado al ruedo en el marco de su constante enfrentamiento con el Poder Judicial de la Nación. Hoy los jueces son elegidos por el pueblo, aunque este hecho no pueda verse claramente por tratarse de una elección indirecta, similar a las elecciones presidenciales habidas hasta 1994: el ciudadano votaba a un elector y posteriormente todos los electores reunidos en el Colegio Electoral elegían un Presidente.
            En el caso de los jueces de Salta –y de la Nación- ocurre lo mismo: el pueblo vota a sus representantes y a su gobernador o presidente. Estos, en su momento, eligen a los futuros jueces y fiscales a través de un proceso que en Salta comienza cuando el Consejo de la Magistratura, que tiene tres representantes de la Cámara de Diputados, selecciona a tres, entre todos los candidatos que se presentaron para un cargo vacante. En el paso siguiente, el titular del Poder Ejecutivo, que ejerce el cargo por el voto popular, escoge a quien considera el mejor de los tres candidatos  y solicita a la Cámara de Senadores, cuyos integrantes provienen también de votaciones democráticas,  el acuerdo necesario para designar al candidato en el cargo. Sin acuerdo no hay nombramiento.  Se advierte así que la voluntad popular nunca fue ajena ni excluida en el procedimiento designación de magistrados.
Imaginar que los jueces se elijan, como lo solicitó el diputado Depetri, “mediante el voto directo de los ciudadanos”  es algo que está mucho más reñido con la idea de independencia de la justicia. Suponiendo que el plazo de ejercicio del cargo sea de seis años, el último año mostrará a un juez activamente en campaña, desatendiendo las causas, ausente de su despacho, fatigando calles y actos en pos de los votos necesarios para su reelección. Es de imaginar que en esa actividad hará promesas y aceptará compromisos. Si no es persona de fortuna, alguien –un particular, una empresa, un partido político- deberá solventar los gastos de campaña. Las presiones ulteriores serán una consecuencia ineludible. No parece este camino el indicado para democratizar la justicia.
            Dijo el Dr. Zaffaroni el jueves pasado: "El Poder Judicial es ideológicamente plural", la importancia de esta afirmación realizada en una entrevista emitida por el canal CN23, es que la expresa un magistrado ideológicamente afín al gobierno, quien además añadió que "Al Poder Judicial hay que democratizarlo, pero hay un límite que es la Constitución".
            Quien quiera podrá sacar sus propias -y respetables- conclusiones.





-Si desea enviar esta nota a otra persona, haga click sobre el icono con la letra M que se
  encuentra a la izquierda de la barra de opciones, ubicada justo debajo de estas líneas.
-Salvo indicación en contrario, la producción de las ilustraciones es del autor.
-Permitida la reproducción de esta columna indicando la fuente.

LA INFORMACIÓN ES UNA OBLIGACIÓN LEGAL Y ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA


Publicado en diario El Tribuno, de Salta, el 30/11/12



El pasado jueves 22 de noviembre la Corte de Justicia de Salta conmemoró los veinte años de la creación de la Oficina de Prensa del Poder Judicial, una de las primeras del país. Ese día en la Procuración General, un ciudadano reiteraba un pedido de información que, según sus dichos, viene solicitando sin recibir respuesta. Cabe señalar que durante las dos últimas décadas la Corte de Justicia promovió activamente el derecho a la información, esa nueva forma hacia la que evolución la libertad de prensa y que implicó, entre otras cosas, abandonar el principio sostenedor que los jueces hablaban sólo por sus sentencias. No se trataba de construir una justicia mediática sino de articular, dentro de lo que la ley permite y la prudencia aconseja, una actitud abierta respecto del derecho a la información. El Poder Judicial se colocó así en una posición similar a la que el Legislativo y el Ejecutivo tienen hacia la prensa que, muchas veces, es una necesaria vía de doble mano para dar respuestas a los ciudadanos o recibir sus interrogantes. Sorprende entonces una noticia, según la cual la Procuración General  parece haber tomado una dirección opuesta. Según el portal de noticias Iruya.com el Procurador General denegaba el acceso a la información pública, añadiendo que el abogado Gonzalo Guzmán Coraita “ha dirigido ya tres escritos al Procurador General Pablo López Viñal, por denegación arbitraria de acceso a la información pública”. El pedido pretendía conocer el desarrollo “del proceso de designación de directores, jefes, profesionales y empleados administrativos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), creado recientemente.” Ninguno de los dos primeros pedidos fue contestado según manifestara Guzmán Coraita, director de Salta Transparente y el último -reproducido en su pagina web-  fue presentado con la advertencia de peticionar la información por vía judicial si no recibía respuesta en cinco días. Que el Procurador General y los medios, salvo excepciones, mantienen  una relación difícil es opinión generalizada, pero negarse a informar  es algo que excede una visión subjetiva de la prensa –que es respetable como cualquier otra opinión- para entrar en el campo de sus deberes como funcionario público.
El hecho, si ocurrió como lo describen, por sus implicancias recuerda a aquél sucedido durante el primer año de existencia de la Procuración General -1988- cuando el entonces titular del organismo dictó una Resolución prohibiendo a sus integrantes  hacer manifestaciones de ningún tipo al periodismo, sin contar con la previa autorización del Procurador General, bajo apercibimiento de multa. Esa resolución mordaza se firmó estando ya vigente la ley Nº 23.054 de adhesión al Pacto de San José de Costa Rica, cuyo art. 13 consagraba el derecho a la información. La Procuración General, cuyo deber principal es velar por la vigencia de las leyes, había quebrantado una y le dio incluso formalidad administrativa. Esa mordaza duró ocho años, en 1996 el Dr. Ramón A. Catalano, nuevo Procurador General, la derogó, reubicando el tema dentro de su marco jurídico, expresando que... “no se puede amordazar la expresión de los funcionarios en un Estado de derecho pleno ni lesionar seriamente la libertad individual, violando los expresos mandatos de nuestra Carta Magna”. Por esos y otros fundamentos dispuso la derogación de la Resolución Nº 143 del 16 de agosto de 1988. Los sucesos narrados no son un tema menor. Que puede esperar el ciudadano de a pie con respecto a sus derechos si el Procurador General no da el ejemplo. El tema demasiado serio como para ser pasado por alto en los casos que ocurran. Hoy no se responde al pedido de un ciudadano sobre procedimientos de la Procuración, mañana se repite la ausencia de respuesta sobre  otros temas  y -creado el precedente- los dictámenes futuros abogarían por el silencio y no por la información. El daño puede ser ya demasiado extenso y el tiempo demasiado tarde. El primer presidente de la Conferencia de los Tribunales de Cuentas Autonómicos de España, Luis Muñoz Garde, en un trabajo sobre la función pública afirmaba que  “debe abordarse la comunicación como una obligación ética…nuestro deber es, por lo tanto, facilitar esa comunicación realizada principalmente –aunque no únicamente- a través de los medios, siempre con mesura, evitando e protagonismo y sin obsesionarse por aquellos”. Estos y otros conceptos están reproducidos por la Procuración General de Salta en su publicación oficial, en el número Nº 4 de finales del 2009. Cabe esperar entonces que la petición realizada por la organización Salta Transparente tenga finalmente la respuesta a la que tiene derecho.




-Si desea enviar esta nota a otra persona, haga click sobre el icono con la letra M que se
  encuentra a la izquierda de la barra de opciones, ubicada justo debajo de estas líneas.
-Salvo indicación en contrario, la producción de las ilustraciones es del autor.
-Permitida la reproducción de esta columna indicando la fuente.

               -o-o-o-o-o-

martes, 20 de noviembre de 2012

LAS PALABRAS Y LA IMAGEN DEL HOMBRE PÚBLICO



El 27 de julio de 2005  Félix Luna escribió en su columna del diario La Nación una nota que tituló  "A 50 años de un discurso histórico" que se transcribe a continuación.

          "Hace medio siglo, el 27 de julio de 1955, a las 21.30, Radio Belgrano irradió por primera vez en diez años una voz opositora. Quien hablaba era el presidente del comité nacional de la Unión Cívica Radical, doctor Arturo Frondizi. Fue un discurso de gran significación histórica por su contenido y repercusión, y sacudió tanto a la opinión pública como al gobierno de Perón.
La manera como Perón demolió su propio poder es un proceso digno de análisis. A fines de 1954 la hegemonía del líder justicialista era incontrastable. Contaba con un masivo apoyo popular, el respaldo del movimiento obrero organizado, el sostén de las Fuerzas Armadas. El aparato de información y propaganda que había montado era perfecto: sólo un par de diarios nacionales podía considerarse independiente y todas las radios del país formaban parte de una cadena abrumadora.
El deporte, la educación, los industriales, los distintos cuerpos sociales se alineaban en esa "comunidad organizada" con la que Perón había soñado desde sus comienzos políticos.
La oposición, asfixiada y sensible a las hostilidades que recibía, con escasísima representación parlamentaria en virtud de una mañosa ley electoral y sin acceso a ningún medio de difusión, se encontraba inerme. A fines de 1954, Perón podía mirar con satisfacción la realidad que había prolijamente repujado. La economía, aunque ahora crecía con la pujanza de los años de posguerra, todavía no presentaba motivos de alarma y Perón propiciaba una concesión a la Standard Oil sobre la mitad del territorio de Santa Cruz a fin de paliar la escasez de combustible líquido.
Fue precisamente en ese momento de triunfo total, en noviembre de 1954, cuando Perón lanzó un inesperado ataque contra la Iglesia Católica. Después del primer desconcierto, quedó claro que el líder justicialista había entregado a sus opositores una formidable trinchera de combate. La Iglesia, un cuerpo tan jerárquico, tan organizado y por momentos tan eficaz operativamente como el Ejército, animado además por la fuerza de su fe, se había convertido en el catalizador de todo el arco opositor, desde los partidos políticos hasta el estudiantado, desde la clase media y los pequeños productores rurales hasta los intelectuales.
En el contexto de este enfrentamiento, el 16 de junio se había perpetrado un brutal ataque aéreo contra la Casa Rosada y una sublevación de marinos y aeronáuticos que estuvo mal planeada y fue mal ejecutada. Se frustró rápidamente, pero los centenares de muertos de la Plaza de Mayo impusieron en la ciudad una atmósfera luctuosa. Esa misma noche, grupos que actuaron con total impunidad atacaron e incendiaron la Curia y las iglesias de San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio, la Merced y otras menos céntricas. ¡Dios mío, qué enferma estaría mi patria para llegar a estos extremos de violencia!
Por qué Perón, en la cumbre de su poder, inició esta lucha demencial, nadie lo sabrá. Tampoco sabrá nadie por qué Perón, después de las llamaradas del 16 de junio, en vez de aprovechar su triunfo optó por ofrecer inesperadamente un ramo de olivo a sus enemigos y al país entero.

UNA PACIFICACION IMPOSIBLE

En efecto, el 5 y el 15 de julio, en sendos discursos, Perón habló de pacificación.
Reconoció que durante su gobierno se habían restringido "algunas libertades", anunció que dejaba de ser el jefe de una revolución "para pasar a ser el presidente de todos los argentinos, amigos o adversarios". Absolvió a los partidos opositores de toda participación en el golpe aeronaval. Al mismo tiempo cesó en los diarios oficialistas la campaña anticlerical, muchos presos políticos fueron liberados y se desprendió de sus colaboradores más detestados, Raúl Apold (secretario de Prensa), Angel Borlenghi (ministro del Interior), Armando Méndez de San Martín (ministro de Educación) y el consejo superior del partido peronista presidido por el almirante Alberto Tesaire.
Parecía que soplaba sobre el país un vientito fresco de conciliación porque, ¡oh, milagro!, trascendió que algunos dirigentes podrían hablar por radio, un hecho absolutamente insólito en el régimen peronista. El primero que usaría el micrófono sería, como era lógico, el presidente de la principal fuerza opositora, la Unión Cívica Radical.
Arturo Frondizi pasaba por su mejor momento. A los 47 años, estaba en la plenitud de sus facultades. Había sido un brillante diputado, el más importante del legendario "Bloque de los 44", y desde el año anterior presidía el Comité Nacional de su partido, no sin la resistencia de algunos correligionarios que lo acusaban de frío, maquiavelista y cripto-marxista, pero reconocían su inteligencia y capacidad política. Para quienes lo frecuentaban, Frondizi era un paradigma raramente visto en el escenario de la política argentina: un intelectual con aire de académico, pero, a la vez, un dirigente que disponía de toda la información posible y conocía a fondo los entresijos de la política partidaria y nacional.
La posibilidad de dirigirse al país entero por la radio, ese instrumento que Perón usaba admirablemente, fue cazada al vuelo por Frondizi. Días antes había dado indicaciones a su cercano colaborador Nicolás Babini para redactar un borrador cuyo texto hizo pasar, en el mayor de los secretos, a algunos de sus íntimos; entre ellos, Héctor Noblía y Julio Oyhanarte: este último fue quien agregó al borrador esa frase que restallaría como un latigazo cuando, refiriéndose a la proyectada concesión a la Standard Oil, la definió como "una ancha franja colonial cuya sola presencia sería como la marca física del vasallaje".
El 26 de julio se rindió homenaje a Evita en el tercer aniversario de su fallecimiento. Fue un recuerdo muy sobrio: ningún acto multitudinario, sólo una ofrenda floral depositada por su viudo en el hall de la CGT. La módica recordación fue indudablemente superada por la noticia que trajeron los diarios de esa fecha: al día siguiente hablaría Frondizi por Radio Belgrano.
Sería el primer hecho concreto de la proclamada pacificación. Pero la tragedia era que nadie creía en ella. Para Perón era sólo un intervalo para reacomodar sus fuerzas antes de asestar el golpe definitivo a sus enemigos. Para la oposición, que no creía en nada de lo que dijera el líder justicialista, la pacificación era sólo una oportunidad que habría de aprovechar para demostrar al país que estaba viva. No tenían motivos para guardarle la menor piedad puesto que no habían recibido de Perón más que hostilidades y persecuciones...
Ese día, poco antes de las 21.30, Frondizi, acompañado por unos pocos amigos, llegó al estudio de Radio Belgrano, que en ese entonces se encontraba en Ayacucho y Posadas.
En Buenos Aires se notaba una disminución del tránsito y había poca gente en la calle, como suele ocurrir cuando se va a transmitir un gran partido. Pero el fenómeno también sucedía en el resto del país. En Posadas, por ejemplo, la paralización de las actividades fue total. Es que la "Red Azul y Blanca de Emisoras Argentinas" llegaba a los puntos más remotos del país.
Hubo un momento de tensión minutos antes de que el orador comenzara, porque apareció en el estudio un coronel del SIDE (el aborrecido Servicio de Informaciones del Estado) anunciando que se encargaría de fiscalizar que lo que se dijera se correspondía con el texto escrito del discurso. En realidad, las palabras de Frondizi se grabarían y luego se retransmitirían con diez segundos de retraso.
Señalemos que, posteriormente, Alfredo Palacios habría de rechazar esta novedosa forma de censura y, en consecuencia, no pudo irradiar su mensaje. El dirigente radical, en cambio, hizo caso omiso de la interferencia porque era demasiado apetecible la oportunidad para perderla por una formalidad molesta pero irrelevante.
Y Frondizi habló. Los que lo escucharon aquella noche seguramente no habrán olvidado la voz abaritonada del dirigente radical, su impecable dicción, el fraseo redondo y neto de sus períodos. De por sí, el mensaje de Frondizi marcaba una diferencia abismal con el rutinario discurso del oficialismo, de vuelo bajo, escaso en ideas y monótono en la reiteración de consignas cada vez más vacías de contenido.
Pero no fue solamente una pieza oratoria excepcional por su forma. El mensaje planteaba serenamente las condiciones que requería una auténtica pacificación, negaba cualquier sospecha de odio o revancha, pedía una amnistía amplia y la derogación del "estado de guerra interno". Rechazaba la concesión de la Standard Oil y esbozaba líneas de política económica, social e internacional. Todo esto, sin agravios ni acusaciones, en un tono levantado, superior. En la errática locura de esos meses, el discurso de Frondizi aportaba un elemento de racionalidad, de cordura política.
Duró sólo media hora. Cuando Frondizi salió del estudio, hubo pañuelos saludando, desde los balcones, una multitud se había congregado a lo largo de la calle Posadas y bocinas triunfales sonaban en todo el país.
Fue el discurso de un estadista exponiendo su plan de gobierno. Esa noche quedaron en claro varias cosas. La primera, implícita: la pacificación era imposible mientras estuviera Perón. Otra: un gran partido estaba aguaitando el relevo, como un cazador que ha olido sangre y tiene a la presa en su mira. Una gran alternativa se abría ahora. Pocas veces el verbo tuvo una repercusión tan honda en la vida argentina.
Lo que vino después es sabido. La farsa de la renuncia de Perón el 31 de agosto siguiente, su desmelenado discurso de "cuando caiga uno de los nuestros caerán cinco de ellos", el ofrecimiento de armar la CGT que en la imaginación colectiva remitió a las milicias obreras de la Guerra Civil española.
Antes que pasaran dos meses del discurso de Frondizi, Perón se asilaba en la embajada del Paraguay y otro ciclo se abría en la Argentina.
"

 Félix Luna

  Pero medio siglo, en la política argentina, ha sido suficiente para modificar los modos y maneras de construir la imagen y el perfíl de cada partícipe en el escenario de aquella. La tecnología acercó a la gente toda la terrenal humanidad de los políticos, y ha desnudado a quienes hoy resultan ser esclavos de sus palabras.  Gobernantes que exponen por Twiter sus pensamientos con modos imprudentes, ministros que se expresan por Facebook mostrando mas defectos que virtudes para sobrellevar su cargo, legisladores que confunden firmeza con agravio, vicepresidentes que hablan bastante sin aportar nada.  La comunicación a traves de las redes sociales es útil para los que no tienen voz, pero para muchas de las primeras figuras de la politica nacional es una polílla implacables, que ha corroído la armazón de figuras públicas que hoy se preguntan porqué les pasa lo que les pasa. 

En la edición de hoy de ese mismo diario, La Nación, hay dos notas que  aportan  lo suyo a este tema. La primera se titula "EL DURO CRUCE DE ANIBAL FERNANDEZ CON CAMIONEROS EN TWITTER"

 A continuación el intercambio que mantuvo Aníbal Fernández con el sindicato de Moyano en Twitter:
El senador nacional respondió a las provocaciones del usuario del sindicato que lidera Moyano: "Pedazo de burro, trabajo en el Congreso", dijo el ex jefe de Gabinete



-o-o-o-o-o-o-

En la edición del domingo 18 del diario La Nacíón, la siguiente columna se ocupó de la declinación oratoria que se advierte en la mayoría -hay excepciones, por supuesto- de la clase política argentina, en conceptos que se reproducen abajo.


Las Palabras
"BRUJA HORRIBLE"
Por Graciela Guadalupe

o "Ahora parece que Él es más bueno que yo, que soy una bruja horrible."
                                                                     (De Cristina Kirchner.)
      Hay brujas feas, de lunares y escoba. Las hay piadosas, como las manosantas, y adivinadoras como las de los oráculos. Lo que nos estaba faltando era una Presidenta que admitiera que su secretario legal y técnico le decía bruja, y que no entiende por qué ahora todos ven a su esposo como un santo y a ella como a una "bruja horrible". Menos acostumbrados estábamos a que esa confesión se hiciera por cadena nacional. De la mano de Cristina, los discursos empezaron a combinar lo extravagante con lo casero, lo institucional con lo burdelesco y lo republicano con lo vulgar.
El llamado público a "laburar", la referencia a la "guita", la "avivada" y a la "explotación por dos mangos", y haber tildado de "pendex" a su viceministro de Economía, Axel Kicillof (que, por otro lado, ya superó la barrera de los 40), son expresiones impropias de un jefe del Estado, máxime si es mujer. También resultó odioso haber dicho al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, que, a pesar de ser "morocho", no provenía de pueblos originarios; haber llamado "xenófobos" a los europeos, y dicho que los docentes "trabajan cuatro horas por día y tienen tres meses de vacaciones".
Para Cristina, los vecinos de Puerto Madero son "conchetos", el Estado "no es mongo", "la soja es un yuyo que crece sin ningún tipo de cuidado" y, cuando aumenta la producción de alimento para mascotas, es porque "está comiendo el pueblo".
Sus discursos incluyeron retos para un supuesto "abuelito amarrate", directivas para que el senador Aníbal Fernández se pusiera "un bonete" y humillaciones como la que recibió Yanina, a la que, según la Presidenta, un compañero le "llenaba el pomo" en la fábrica donde trabajan. Hace muy poco, la Casa Rosada trocó la palabra "cazzo" por "nada" en una frase presidencial que, por su alegoría, se sacaba chispas con la que invitaba a comer cerdos porque "son afrodisíacos y mucho más gratificantes que tomar Viagra".
La falta de filtros y la degradación de los mensajes no son exclusivos de Cristina. Moreno, el propio Fernández y recientemente el ministro Tomada con su "¿a quién carajo le importa la industria automotriz?" cuando pensaba que no estaba saliendo al aire por radio, son mojones más que visibles en la ruta del exabrupto, de la agresión y de la chabacanería. Es la decadencia discursiva del que ataca porque ya no puede convencer.

sábado, 10 de noviembre de 2012

¿Que parte de "Basta de Mentiras" no se entiende?



(La Voz del Interior,  Sábado 10 de octubre de 2012).

"Las primeras reacciones oficialistas frente a la masiva manifestación del jueves fueron del exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del jefe de Carta Abierta, Ricardo Forster.
“No comprendo hacia dónde va el mensaje”, dijo el primero; “No sabemos muy bien lo que quieren”, dijo el segundo.
A ver si los ayudamos con una interpretación posible, entre varias.
Las múltiples consignas agitadas anteanoche están engarzadas como un collar por una demanda común, que apunta al eje del estilo y de la forma de ejercer el poder que tiene el Gobierno. Se pide honestidad intelectual.
No en vano la palabra “mentira” apareció en tantos, tantos carteles. ¿No es demasiado imaginar que 700 mil personas se puedan movilizar por semejante candidez?
No. El rechazo a la mentira no es un lujo de moralistas. Se la rechaza porque la mentira provoca daños concretos. Y a las mentiras no las detectan sólo intelectuales astutos. La falsía salta a la vista en experiencias cotidianas.
Todos nos damos cuenta
El caso de la inflación es el mayor ejemplo. Ha sido una mentira masiva, prolongada y grotesca. La fundamental.
El Gobierno lleva más de cinco años negando una vivencia diaria de todas las capas sociales. Millones de personas han constatado que pierden poder adquisitivo (daño) cada vez que van a comprar el pan de cada día (experiencia cotidiana). La Presidenta ha cansado las cadenas nacionales sin hablar ni una vez del tema. Cinco años de mentirles a todos y todas en la cara.
FALSAS TEORÍAS
Muchas veces la mentira tomó la forma de extorsiones morales con las que se encubre la inoperancia. Esto es clave en otro reclamo fundamental de anoche: el de la inseguridad.
Los gobiernos K recitan desde siempre la teoría fosilizada de intelectuales culposos, según la cual el delito depende de una sola variable: políticas de inclusión que brinden una oportunidad a las personas más perjudicadas del sistema.
Esa fue la letanía constante de los últimos ocho años. Y al Estado le han sobrado recursos para financiar esas políticas. Pero nadie percibe una sociedad más segura.
A estas alturas, hasta esos teóricos saben que es una verdad renga decir que la violencia sólo depende de las condiciones en las que se vive. Pero la fiaca o la corrección política les impide revisarla.
La falsedad resulta, también en este caso, obvia, masiva, cotidiana. No sólo para la clase media a la que el delito se le mete por el garaje.
Cientos de personas que, según el postulado, deberían transformarse en delincuentes por la dureza de las condiciones en que viven son arrebatadas cada día cuando esperan un colectivo que demora demasiado. Para volver a su casa en un barrio pauperizado. En largos viajes. Después de trabajar en empleos que no pagan demasiado.
Si alguna de las víctimas se harta y pide “que alguien haga algo”, pasa a ser estigmatizada por el poder como la expresión del autoritarismo.
Lo hacen los teóricos –ahora en su rol de extorsionadores morales– que no toman colectivos. Nos siguen diciendo que sólo pagando más impuestos para financiar más políticas sociales se terminará el delito. Y tributamos más que nunca en la historia, pero el delito continúa lo más campante. Es que es otra mentira.
Hay muchos ejemplos de falsedades masivas y cotidianas. Uno más: durante años la gente supo que el transporte público era un suplicio. Pero los funcionarios sólo se enteran de que gastaron miles y miles de millones de pesos sin ton ni son cuando hay 52 muertos. Los ocho años anteriores actuaron como si todo estuviera fantástico.
LA GENTE SABE MAS
Hay otro tipo de mentira. Más escurridiza. Tenés que tener ciertos conocimientos para saber que te están verseando. No todas las 700 mil personas que protestaron el jueves están en condiciones de detectar cada falsedad. Pero identifican a la perfección las que competen a su vida.
Los ingenieros que protestaron saben que los recurrentes cortes de luz no se deben a los sabotajes que Julio De Vido ve en todas partes, sino a una prolongada mala política que nos va a dejar una pesada hipoteca. Los abogados sospechan que se intenta manipular a la Justicia. Los inmobiliarios saben que el cepo cambiario les destruyó su industria. La gente de campo sabe que tras 10 años de retenerles el 35 por ciento de su facturación bruta no les repavimentaron una ruta. Los industriales saben que si quieren ampliar su planta no tendrán gas. Los estatales provinciales saben que la Nación se queda con plata de las provincias desde hace años.
Hasta kirchneristas fanáticos saben que es una estupidez decir que quienes se manifestaron ayer son golpistas o fueron llevados de las narices por Cecilia Pando. Pero eso dijo y sugirió la propaganda oficial, ayudando a los indignados a constatar, azorados, que les mentían hasta sobre sus propias íntimas intenciones.
Parece imposible que Fernández y Forster no entiendan algo tan elemental. Pero ayer dijeron que no lo entienden".


                                                                                                                                  Adrián Simioni






LA INNECESARIA REPETICION DE UN SUFRIMIENTO: LA REVICTIMIZACIÓN

Publicado en El Tribuno del Dgo 4 de noviembre  2012

 
            La pasada semana tomó estado público un informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que contenía expresiones sobre la supuesta conducta y el físico de una menor de 9 años, que calaron hondo en la opinión pública en razón de afirmaciones que podían llegar a colocar a la pequeña víctima tomando un rol provocador. El documento, que se conoció parcialmente a través de los medios gráficos  e Internet, no fue desmentido por los firmantes por lo cual deben tenerse como ciertos los pasajes que motivaron mas tarde el rechazo de la opinión pública. Pero no es el contenido sino la forma lo que no ha recibido suficiente atención, con excepción hecha de la declaración de la Corte de Justicia emitida al día siguiente de hacerse público el hecho, mostrando el Alto Tribunal una capacidad de reacción muy superior a la de la Procuración General, que hasta hoy no ha comunicado cual es el pensamiento institucional sobre este tema.
 Así como en ocasiones el valor de un marco iguala al del cuadro que retiene, también en ocasiones la forma de un asunto importa tanto como el fondo del mismo. Por eso estas reflexiones no son sobre el informe sino acerca de la forma o manera mediante la cual se obtuvieron los datos. Porque esa forma merece un indudable reproche, ya que producirá la revictimización de la menor. Imponer que la víctima de un delito sexual o de violencia familiar declare más de una vez en el proceso judicial, narrando el ataque sufrido es un real martirio; en cada declaración la víctima deberá recordar y poner en palabras frente a extraños esa pesadilla, con la consiguiente aflicción, dolor o asco que el recuerdo le produzca. Deberá re-vivir el hecho, volverlo a vivir, y repetir la pesadilla. Ese martirio se conoce como revictimización y es mas grave en los niños. Por ese motivo la Corte de Justicia, como rápidamente lo recordó en el comunicado del martes, dispuso en agosto de 2007 por Acordada Nº  9827 como práctica judicial el uso de la Cámara Gesell para las víctimas menores y adoptó la  “Guía de Prácticas para el Abordaje Judicial de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas o Testigos de Violencia, Abuso Sexual y Otros Delitos” elaborada por la UNICEF.
La herramienta para evitar la revictimización es actualmente el uso de la llamada Cámara Gessell y normas especiales, el art. 327 del Código Procesal Penal de la provincia en este caso. En lo esencial se  trata de una habitación especialmente diseñada, donde sólo estarán la persona que interroga y  el o la menor; el profesional  escuchará el relato de la víctima, conduciendo el diálogo de la forma menos traumática posible. El juez, asesor de menores, abogados, padres, etc. permaneceran en un cuarto contiguo, desde donde pueden ver y escuchar, pero no participar. Esa entrevista  será la única ocasión en la que la o el menor deberán narrar -revivir- el hecho afligente; la misma se graba en video, se certifica y sirve de prueba para todo el resto del proceso. El “Protocolo Indicativo para recibir el testimonio del niño abusado”, elaborado en 2005 por la Federación Argentina de Colegios de Abogados también contiene recomendaciones para llevar adelante esa única declaración, entre las cuales destacan por un lado la indicación que la grabación será la prueba testimonial del menor, dando indicaciones para su conservación y por otro en forma expresa dice que no se recomienda la participación de los padres en la entrevista.
            De estas modernas directrices se apartaron los funcionarios del CIF utilizando un procedimiento hoy en desuso. En el final del acta labrada, pasaje de ese documento que fue conocido públicamente y no desmentido por el organismo, los investigadores narran que “se pudo observar que en reiteradas ocasiones es la madre quien introduce mayores detalles en lo ocurrido”. Si resulta contrario al procedimiento en Cámara Gesell que haya cuatro personas junto la niña cuando declara el permitir que la madre testimonie junto a ella es todo un despropósito. Resultará una declaración inducida, el temor reverencial distorsionará el relato y finalmente esa suerte de testimonial conjunta será una prueba inservible.
Lo más doloroso de toda esa sucesión de errores es la inútil revictimización de la menor, que deberá reiterar su declaración, re-vivir el hecho delictual, re-padecer ese martirio que una moderna investigación penal debió haberle evitado. Los objetivos que la Procuración General señala en su página web (www.mpfsalta.gov.ar), entre los que se destacan el de fortalecer su imagen institucional, comunicar los criterios de acción para uniformar la intervención de los fiscales y -respecto del CIF- participar en “la preparación para entrevistar testigos y sospechosos, desarrollar un plan investigativo, anticipar defensas y buscar evidencias”, no parecen haber sido alcanzados todavía, al menos no en un nivel de eficacia que merezca destacarse.
                                         

-Si desea enviar esta nota a otra persona, haga click sobre el icono con la letra M que se
  encuentra a la izquierda de la barra de opciones, ubicada justo debajo de estas líneas.
- Ilustración tapa de la Guia de Buenas Prácticas publicado por Unicef.
-Permitida la reproducción de esta columna indicando la fuente. 

viernes, 2 de noviembre de 2012

LOS DESVÍOS DE GOBERNAR SIN DIALOGAR


 Publicado en diario El Tribuno, Salta, edición del 
Jueves 1º de noviembre de 2012
                                   
                             

            Per Saltum. Curiosa expresión que para la mayoría de la gente carece de significado; sin embargo ha vuelto -como en los años noventa- para introducirse en los diarios, en Internet, en la radio y en los noticieros, a pesar de su oscuro y velado significado.
            Sin pretensiones académicas, podría esbozarse una estructura básica de la justicia argentina -las provinciales y la nacional- como una  corta escalera de tres peldaños: en el primero las causas las sentencia un  juez; apelando se puede llegar al segundo peldaño, resolverán entonces los camaristas; y si se recurre su fallo, podría alcanzarse el tercer peldaño, allí sentenciará una Corte de justicia. En este bosquejo ultra simplificado, el poder pasar del primer peldaño al tercero, sin usar el intermedio, se llama “per saltum”.
            En la década 2002-2012 hubo catorce proyectos legislativos para introducir este recurso en el procedimiento judicial; cinco en la Cámara de Diputados y nueve en Senadores. Varios de ellos pertenecía a las senadoras Sonia Escudero, Liliana Negre de Alonso y Cristina F. de Kirchner. Esos  trabajos coincidían en general sobre requisitos exigidos para ese recurso, que permite recurrir el fallo de un juzgado directamente ante la Suprema Corte de la Nación, salteando la intervención de una Cámara de Apelaciones. Uno de esos requisitos era que la cuestión revistiera gravedad institucional, y esa gravedad acontecía cuando las cuestiones excedieran el interés de las partes para afectar el interés general. O cuando por su trascendencia pudiera comprometerse el sistema republicano de gobierno. Se coincidió también en que el per saltum debía otorgarse con criterio restrictivo y excepcional. Pero ninguno de esos proyectos llegó a ser ley.
Durante los años noventa la Corte Suprema aplicó aisladamente el per saltum por medio de una construcción jurisprudencial; De la Rua lo creó por Decreto 1.387/01, derogado poco despues.
En la actualidad la Corte Suprema nunca lo aplicó, y señaló que no existía una ley vigente que lo reglamentase. Esta posición del Alto Tribunal sumada a las recientes manifestaciones de su acerca de que no se aceptarían presiones del Poder Ejecutivo, más el bochornoso empantanamiento  que inmoviliza hoy al Consejo de la Magistratura, llevó al gobierno a forzar una solución política: sancionar una Ley de Per Saltum, motivada sólo para resolver el caso Clarín.
Ocurre que el oficialismo nunca terminó de aceptar que las minorías en los cuerpos colegiados, tienen una función de control que debe ser respetada. Actualmente, en el Consejo de la Magistratura la mayoría kirchnerista pretende introducir una legión de militantes kirchnerista, mientras que la minoría intenta designar jueces independientes. El proceso no avanza fundamentalmente porque el Juzgado que debe resolver sobre el amparo presentado por el Grupo Clarín contra el artículo 161 de la ley de medios, deberá ser ocupado por alguno de esos jueces a designar.
Como ninguna de las dos partes cede, el gobierno decidió recurrir al per saltum, que le permitiría en caso de un fallo adverso, recurrir ante la Corte Suprema en forma directa e inmediata, logrando al mismo tiempo desgastarla políticamente.
Para esos fines el oficialismo -con la urgencia que le provoca haberse enredado  con la fecha del 7D, la invasión a Cablevisión- presentó un proyecto de ley que, en líneas generales, es similar al que la Presidenta impulsó como senadora en el 2002 y el 2004, el cual introduce un nuevo artículo al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación creando el recurso directo de per saltum.
El proyecto fue girado inmediatamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales  presidida por Marcelo Fuentes, senador por Neuquén y miembro del Consejo de la Magistratura, que hace pocos días disparó sobre la Corte Suprema usando munición gruesa: “Si esto es presión a la justicia, bienvenida sea la presión!”.
            Sería todo un detalle que el dictamen de Comisión incluyera el último párrafo de los Fundamentos de aquel proyecto original del 2004, que decía: “El derecho constitucional es un mundo esencialmente político en la más científica acepción de la política, y la Corte, no nos asusta decirlo, es un tribunal político que cogobierna como cabeza de un poder –el Judicial– que por ser poder del Estado es también político. Hay otra política –la partidaria– que no es mala en sí misma, todo lo contrario. Pero ésa sí es mala, pésima cuando se infiltra en el poder Judicial. Es por todas las razones expuestas, que solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley. Fdo. Cristina E. Fernández de Kirchner”.

Armando J. Frezze

-Si desea enviar esta nota a otra persona, haga click sobre el icono con la letra M que se
  encuentra a la izquierda de la barra de opciones, ubicada justo debajo de estas líneas.
-Salvo indicación en contrario, la producción de las ilustraciones es del autor.
-Permitida la reproducción de esta columna indicando la fuente.