Fiel
a su costumbre de rebautizar hechos y circunstancias para relatarlos como si la
Argentina hubiese comenzado a funcionar con el acceso del kirchnerismo al
poder, la Presidenta ha rebautizado a la nunca completada Reforma Judicial,
cambio profundo reclamado por la ciudadanía a todos los gobiernos, con la
expresión “democratización de la Justicia”.
Su
enunciado es cuestionable, en primer lugar porque parte del principio implícito
que la justicia nacional no es democrática. Como la “justicia” comprende por
igual a los jueces y al sistema judicial, debe entenderse que ambos no son
democráticos, pero entonces, ¿qué son ? Jueces autoritarios, antidemocráticos o comunistas o sistema judicial monárquico o
quizá fascista daría igual, porque al final resulta que, democrática, la Justicia no lo es. La
Presidenta debe saber de qué habla: el kirchnerismo ha nombrado más de 400
jueces desde 2003.
Cuestionable
también porque la designación de un juez surge de una elección popular
indirecta, el cargo no se hereda ni se subasta. Funciona así: el pueblo vota
sus representantes; los candidatos a jueces surgen de concursos llevados a cabo
por el Consejo de la Magistratura, integrado por representantes del Poder Legislativo y del
Ejecutivo, entre otros; esa preselección se remite al Poder Ejecutivo, cuyo
titular también fue elegido por voto popular, éste escoge libremente al
candidato que le parece apropiado y solicita a la Cámara de Senadores, surgida
también del voto popular, se le otorgue el acuerdo necesario para designar en
el cargo a ese candidato. Otorgado el acuerdo el Poder Ejecutivo procede al
nombramiento. La voluntad popular, es claro, nunca es ajena ni excluida de la
designación de un magistrado, la elección es popular e indirecta. El Consejo
selecciona, el Senado otorga el acuerdo, el Ejecutivo nombra: un camino
obligado que debe recorrer por entre los representantes del pueblo, todo
aspirante a juez. En su discurso la
Presidenta Fernández de Kirchner dijo
que “Hay que darle a ese órgano una representación popular donde la sociedad se
vea reflejada y representada”, anuncio que requiere modificar la Constitución
Nacional, su art. 114 establece que será integrado equilibradamente por
representantes “de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de
los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”
entre otros.
La Presidenta pidió también transparentar el
tramite para saber cuánto tiempo están las causas en los juzgados; esa función
ya tiene quien la ejerza porque tradicionalmente el Ministerio Público ha tenido la tarea de
controlar el buen funcionamiento del sistema judicial e informar, o incluso denunciar
las irregularidades. Nada nuevo lleva el anuncio.
Al respecto hay que señalar el nuevo fenómeno
nacido hace tres décadas, simultáneo con las nuevas tecnologías, que llevó ese control
a ser ejercido informalmente desde ámbito no estatales. La comunidad a través
de Internet y de los medios, la opinión pública, las ONG especializadas como
FORES, Poder Ciudadano, Unión de
Usuarios y Consumidores, CELS, por citar algunas, comenzaron a canalizar la insatisfacción ciudadana, expresada
no sólo respecto del Poder Judicial sino también a la falta de respuestas del
Congreso de la Nación y del Poder Ejecutivo Nacional. Esa actividad de la
sociedad civil sirvió de fuente a muchas soluciones.
En general esos
objetivos integraron una Reforma Judicial que aún está en proceso, algunos
expresados hoy por la Presidenta. Se creó en 1994 el Consejo de la
Magistratura, se incorporaron tecnologías informáticas, se logró un aumento
presupuestario (en 1997 el presupuesto de la Presidencia de la Nación duplicaba
al de la Justicia Federal), se definió y mejoró la relación con los medios de
comunicación, creándose el Centro de
Información Judicial (www.cij.gov.ar) para avanzar en la transparencia de la actividad,
se introdujeron los juicios orales y prosperó
la utilización de medios no judiciales para resolver conflictos, como la
mediación o el arbitraje. La lista de objetivos es densa, entre los que no se
alcanzaron está la aplicación del Código de Ética a los jueces, el pago del
impuesto a las ganancias o la supresión de la feria judicial. Por eso y mucho
más hace décadas actúan ONG, gobiernos y universidades: es la Reforma Judicial.
¿Pero de que
tratará la democratización judicial anunciada por la Presidencia? ¿Se presionará
a las provincias para que copien las leyes que bosquejó en el discurso? ¿De qué manera armonizarán esas normas con cláusulas
constitucionales específicas, como la que crea el Consejo de la Magistratura?
La multiplicidad de interrogantes puede que lleve este nuevo anuncio
presidencial a vía muerta, como ocurrió antes de ahora con el Tren Bala, el subterráneo
al Aeropuerto de Ezeiza o las más prosaicas “milanesas para todos” y tantos
otros ya olvidados.
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