sábado, 13 de agosto de 2011

Los jueces son los mejores investigadores


 Publicado en El Tribuno de Salta
Miercoles 10 de agosto 2011

La resolución del asesinato de las jóvenes Cassandre Bouvier y Houria Mounmi, víctimas de una banda de abusadores y criminales, es una nota de esperanza dentro de un hecho sombrío en la historia de Salta. La investigación, a cargo del juez Martín Pérez y de los peritos policiales, permitió localizar a los asesinos luego de detectar el celular robado a las víctimas, porque siguieron los pasos que debían seguir.
La buena instrucción
Se ha afirmado muchas veces que las leyes no son mágicas, ni siquiera cuando regulan la administración de justicia; no hay magia en las normas; en todo caso, una modificación de la realidad si los habitantes -jueces incluidos- las cumplen cabalmente.
Hoy está en la agenda reformar el Código Procesal Penal para otorgar mayor injerencia en las investigaciones a los fiscales. No es una buena solución.
Las soluciones pasan lejos de las reformas procesales tradicionales y acercan a una nueva visión administrativa y presupuestaria. Este desgraciado episodio, la muerte violenta de dos jóvenes extranjeras, ha demostrado que la gestión judicial penal en Salta es eficiente y eficaz y que no hacen falta nuevas leyes ni cambiar el modelo existente. Bajo la dirección del Juez de Instrucción, y con los medios tecnológicos del Poder Judicial y de la Policía de la Provincia, un doble homicidio fue esclarecido en un corto tiempo. Quedó demostrado ante la comunidad de la provincia y ante los ojos del país y del mundo que el Poder Judicial de Salta hace bien su trabajo, que la estructura judicial actual permite resolver casos complejos con rapidez y eficacia, incluso pese a haberse iniciado la investigación con datos distorsionados, provistos, so pretexto de ayudar a la investigación, por alguien que después resultó ser uno de los implicados. En todo caso pareciera que sólo hace falta considerar más presupuesto para el funcionamiento del sistema de Justicia.
En este caso, un centenar policías fueron colocados a la orden del Juez, y el trabajo llegó a buen puerto. Se deduce de ello que los cambios necesarios no son tantos ni tan urgentes. La felicitación personal que el Presidente de Francia hizo llegar públicamente por esa labor, así parece confirmarlo.
La racionalidad de la ley
Las leyes no son mágicas. Al contrario, existen leyes que estando vigentes son de escasa o nula eficacia.
Un ejemplo son las normas que hace casi ocho años crearon la investigación de los delitos leves en el ámbito del ministerio público. La finalidad era lograr una mayor celeridad en esas causas pero los resultados hoy no son los esperados. Otro ejemplo es el Código Contravencional de la Provincia; sancionado hace más de diez años continúa vigente pero carece totalmente de eficacia al no existir ni los juzgados ni los jueces contravencionales; su única concreción fue edilicia, el Centro de Contraventores inaugurado en el 2008 en la Ciudad Judicial, que sólo ha servido para alojar presos federales, motivo por el cual en agosto del 2010 el Gobierno provincial hizo pública su preocupación. Mucho más vieja en el tiempo es la ley de creación de la Policía Judicial, tiene veintisiete años de vigencia pero el presupuesto de ningún año le otorgó jamás partidas para su concreción y puesta en marcha. Si curioso resulta tan largo olvido de una norma vigente -es la Ley Nº 6264 del 12 de septiembre de 1984-, más llamativo resulta que en estos tiempos se la recuerde aisladamente sólo para censurarla.
La Justicia eficaz
Debe reconocerse que, pese a estos ejemplos, la administración de justicia en Salta es razonablemente eficaz y sus estándares pueden compararse sin mengua con los de otras provincias o del Poder Judicial de la Nación.
Claro que todo es perfectible, pero si se quisiese mejorar la Justicia salteña hoy, no es en las leyes sino en la filosofía de cómo utilizar los medios existentes, donde habría que comenzar la búsqueda de posibles soluciones. Un primer ejemplo sería la supresión de la feria judicial, cuestión que desde hace tiempo y con razones de peso sostiene una corriente de opinión encabezada por el jurisconsulto Jorge Vanossi; esa corriente define al Poder Judicial como un servicio esencial para la comunidad y que, por lo tanto, no debe paralizarse en ningún momento. En 1990, siendo diputado nacional, presentó un proyecto en tal sentido y en 1997 publicó un trabajo en el cual explicaba que “si bien debe reconocerse que la feria judicial es una institución de antigua data, no menos cierto es que los motivos que la fundamentaban han variado a través del tiempo”, concluyendo que si el Estado moderno reivindica para sí la administración de justicia, esa función debe cumplirse de modo permanente y continuo y que los motivos que hoy justificarían la feria judicial deben alcanzarse mediante otros medios que no perjudiquen la continuidad. Concretamente el Dr. Vanossi había redactado un proyecto basado en turnos judiciales, en reemplazo de la feria tradicional.
Rafael Bielsa fue otro de los pensadores argentinos que propuso cambios radicales en el modo de enfocar el funcionamiento tradicional de la Justicia, idea que conquistó gran cantidad de adeptos. Sintéticamente, buscaba lograr esos cambios - que hasta el presente se intentó sólo a través de leyes de reformas procesales y de enfoques parciales- con la nueva noción de las Oficinas Judiciales, lugares que con nuevas reglas laborales, son también un marco nuevo y distinto para desarrollar la tarea jurisdiccional, nuevas y distintas también las normas y marcos administrativos y un nuevo régimen laboral para empleados y funcionarios. Hay casos complejos que requieren la intervención de un juzgado tradicional, y casos sencillos que pueden abordarse por unidades judiciales distintas, de simple estructura. Implica todo ello una reformulación de la política judicial, una diferente utilización de los recursos humanos, administrativos, tecnológicos y presupuestarios, tal como se los conoce hoy y desde hace más de un sigloy medio.
En Salta convendría considerar ese principio: no realizar reformas judiciales, sin necesidad ni con urgencia.



Armando J. Frezze

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