En el Portal de noticias Iruya.com el pasado lunes 22 de agosto se informaba acerca de un proyecto presentado por el diputado José Luis Gambetta, en el cual se propone la creación de un Ombudsman del Turista.
La nota decía que la finalidad del proyecto legislativo apunta a la creación de una defensoría que diera "respuesta inmediata a turistas que vean lesionados sus derechos por el accionar de personas físicas o jurídicas durante su estadía en la provincia de Salta". Esa Defensoría del Pueblo sectorial tendría como misión la de "asistir, asesorar y auxiliar al turista víctima de algún incumplimiento contractual, falencias en servicios, dando aviso a la autoridad competente, facilitándole los medios necesarios para dar solución a los conflictos de distinta índole que surjan durante su visita a la provincia de Salta brindar atención y orientación frente a consultas de turistas, nacionales o extranjeros, relativas a sus derechos como tales; procurando mantener, la continuidad en el desarrollo de las actividades previstas en su cronograma de viaje, articular mecanismos de coordinación y complementación con organismos públicos de la Provincia, encargados de la ejecución de políticas de Turismo".
Según la información periodística el proyecto legislativo afirma en sus fundamentos que se debe “tener en cuenta al turismo como una política de estado", pero al expresarlo de esa manera parece confundir el objeto de una política –para el caso el turismo- con la política misma. Y dado que eventualmente ésta tendrá, junto al estado provincial, la participación de otros actores no estatales -empresarios, ONG, asociaciones civiles como el Automovil Club u otras, cámaras de hotelería de Salta y otras provincias, de turismo, de agencias de viajes, y muchos más) no parece correcto categorizarla como política de estado sino como política pública, ya que la primera no admite otro actor que el estado y la segunda admite la participación de la sociedad civil en cualquiera de sus manifestaciones.
Según la información periodística el proyecto legislativo afirma en sus fundamentos que se debe “tener en cuenta al turismo como una política de estado", pero al expresarlo de esa manera parece confundir el objeto de una política –para el caso el turismo- con la política misma. Y dado que eventualmente ésta tendrá, junto al estado provincial, la participación de otros actores no estatales -empresarios, ONG, asociaciones civiles como el Automovil Club u otras, cámaras de hotelería de Salta y otras provincias, de turismo, de agencias de viajes, y muchos más) no parece correcto categorizarla como política de estado sino como política pública, ya que la primera no admite otro actor que el estado y la segunda admite la participación de la sociedad civil en cualquiera de sus manifestaciones.
Como la norma que se ha proyectado resulta de importancia desde todo punto de vita, desde aquí deseo aportar algunas reflexiones que sobre el tema expresé en un libro publicado en el año 2000 y cuya síntesis, en lo esencial, se publicó en el diario El Tribuno del sábado 5 de octubre del 2002. Decía entonces:
“¿Qué puede hacer un turista extranjero en Salta, si le roban su documentación o no consigue un medicamento que le es imprescindible? ¿Qué puede hacer un turista argentino que en la provincia es víctimas de un grave accidente de tránsito? Estos, y otros incontables contratiempos son potenciales perjuicios que puede sufrir el turista en Salta, convirtiéndose así en víctimas indefensas en un medio ajeno, sin amigos o conocidos que puedan ayudarle, desconociendo incluso algunas veces el idioma. Por ello parece útil un Ombudsman del Turista, como canal informal pero también institucional, para receptar denuncias, quejas y promover la ayuda a aquellos turistas atrapados en contingencias mortificantes, sin haber tenido culpa. Su intervención orientaría, ayudaría a solucionar problemas burocráticos, intervendría en las más variadas hipótesis, que exceden en número a las enunciadas, además de ser para los foráneos el nexo natural con su consulado. La reclamación telefónica a las oficinas del Ombudsman es el medio práctico, eficiente y apto para superar esos problemas, dado lo informal de la actividad de este tipo de funcionario. Por otra parte nada obsta designar Ombudsman al titular de esa Defensoría del Turista, porque el vocablo, aunque extranjero en origen, define con precisión un significado hoy universal, al igual que el uso globalizó y castellanizó aquella palabra inglesa “tourist”, aplicable a quienes viajan por placer. Hoy todo extranjero, cualquiera sea su idioma, conoce la función protectora que ejercita quien ostenta el título de Ombudsman. Una línea telefónica gratuita abierta las 24 horas siete días a la semana y media docena de personas ,incluido el titular, para dar respuesta inmediata y atención solidaria a los problemas de quien padecen una situación de desamparo, es todo lo que se necesita para ofrecer un servicio que, por su naturaleza, seguramente figurará en las todas las guías mundiales de “tourism”, como un punto más a favor de Salta, la Linda”.
Cabe señalar que en la Ciudad de Buenos Aires la Defensora del Pueblo de la CABA cubre el área del turista activamente y que en la Ciudad de México funciona desde el año pasado. Seguramente hay muchos otros lugares donde también existen, pero no es el caso por ahora de hacer esta nota más extensa sobre este tema.
Armando J. Frezze
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