Le ha tocado el turno ahora a los funcionarios judiciales jubilados o en vías de serlo; el 3 de enero, horas antes de la operación de la Presidenta, el titular de la ANSES Diego Bossio arremetió, denunciando que existían jueces “que cobran 60.000 pesos por mes de jubilación" y que había privilegios para los funcionarios judiciales que se jubilan. Peroró sobre "desmanejos, abusos y estafas" al Estado, usando la técnica perversa de tomar la parte por el todo y meter un estamento completo en la misma bolsa. Según sus dichos los privilegios nacen de sentencias dictadas por el fuero previsional advirtiendo que “eso no es compatible con un Estado y una ANSES que trabaja por la inclusión y no por los privilegios"; la sección Economía de El Tribuno dio el pasado domingo detallada información sobre esas expresiones.
En el universo cristinista nada sucede por casualidad ni nadie hace declaraciones sin permiso o sin una orden. Esta andanada de acusaciones generalizantes se produjo cuando la Presidenta estaba internada y el Poder Judicial de todo el país entraba en receso por la feria de enero, por lo que la capacidad de reacción ha sido casi nula. La antipatía presidencial por la Justicia es casi patológica, son conocidas sus públicas referencias a los “jueces alquilados” o su, también pública, solidaridad con la desobediencia del Gobernador Peralta en septiembre de 2010 a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. El pasado 27 de diciembre la Presidenta había rotulado como "institucionalistas" a quienes se acuerdan de las instituciones para criticarla a ella. Resulta claro que no quiere, no le gusta y no va a permitir -en tanto pueda- que nadie la critique.
Por eso el Vicepresidente, durante su breve interinato, deberá hablar sobre lo que la Presidenta evita: nuevas quitas de subsidios, recortes a los presupuestos provinciales, ajustes en sectores de salud y bancario, y reformas jubilatorias; este combo incluye planes de emergencia económica en ocho provincias y la reducción el régimen de jubilaciones especiales de la Justicia.
De allí la importancia de presentar como sospechada la imagen del magistrado jubilado y elevar el beneficio legítimo a la categoría de injusto privilegio. No importa que a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y provincial su función los inhabilite de modo absoluto para el ejercicio de la profesión o del comercio y no les esté permitido dedicar su tiempo libre, su inteligencia y su dinamismo a actividades que les permitan incrementar su patrimonio como lo pueden hacer, en cambio, los integrantes del Ejecutivo Nacional, entre los que se hace notorio, de una manera llamativa, el mismo Bossio cuya declaración jurada correspondiente a 2009 informaba un patrimonio de $436.543 por todo concepto y un año despues, en 2010, el joven funcionario de 31 años de edad había logrado hacer trepar la cifra a $1.068.621, un incremento patrimonial del 114% en sólo 18 meses.
En Salta las cosas no son ni tan blancas ni tan negras como las descriptas por el titular del ANSES, los matices – como la autocrítica, ausentes siempre del discurso oficial - muestran que los jueces de la provincia padecen serios inconvenientes para jubilarse con el régimen especial acordado en febrero de 2009 por el Gobernador Urtubey y Amado Boudou, entonces a cargo del organismo previsional, mediante convenio que la legislatura salteña aprobó por Ley Nº 7582, régimen que si antes se encontraba empantanado, ahora se encuentra directamente amenazado.
De hecho, hay en esta provincia funcionarios judiciales jubilados con el régimen de la Ley 18.037, incluidos Ministros de Corte y Procuradores Generales que, mientras tramitan hacen dos años el reconocimiento de la Ley 7582, cobran un haber mensual sustancialmente menor que el asignado al cargo de Secretario de Juzgado de Primera Instancia. El ataque de Bossio a la Justicia es un claro mensaje sobre que tipo de política aplicará su organismo a partir de ahora en este tema.
Armando J. Frezze
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