La ciudadanía argentina ha asistido a un debate inédito
popularizado como “democratización de la Justicia”. La antesala de las
iniciativas legislativas conocidas en abril pasado estuvo plagada de términos
que buscaron simplificar al extremo el contenido.
De allí que la remanida “democratización” no sea otra cosa
que el establecimiento de pautas igualitarias para el ingreso de empleados a la
Justicia Nacional -como lo demostró finalmente la iniciativa que trató el
Congreso- pero la simplificación a la que se echó mano dejó otra imagen.
El proceso de instalación de la idea de la necesidad de
modificaciones en la Justicia con eslóganes simplificados ha producido un
impacto sobre la imagen del conjunto de los Poderes Judiciales que deberá ser
motivo del análisis posterior. Es fácil adivinar que ese impacto fue negativo.
En el planteo publicitario había que democratizar la
Justicia. Entonces por razonamiento inverso, la Justicia no es democrática.
No importa que el objeto final de la iniciativa legislativa
haya sido establecer un sistema igualitario de ingreso de personal. Tampoco que
su finalidad hubiera estado circunscripta al Poder Judicial de la Nación.
Después de tanto debate y los ríos de tinta y palabras en
los medios de comunicación de un lado y otro, es lógico pensar en la necesidad
de articular acciones con la finalidad de atenuar el impacto del daño y
reconstruir la imagen de una Justicia próxima al ciudadano.
Todo lo que se avanzó en la materia desde 2006, cuando por primera vez
los jueces dejaron el ámbito recoleto de sus despachos para sumergirse en una
discusión igualitaria y plenaria, corre el riesgo de evaporarse.
En aquella oportunidad, en el marco de la comisión “Prensa,
Justicia y Sociedad” se propuso la implementación de un centro de prensa de
información judicial lo que se concretó a través de la Acordada 17/06 de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación con la denominación “Centro de
Información Judicial”.
En la Segunda Conferencia Nacional de Jueces realizada en
Salta en 2007 se avanzó más todavía. En la comisión de “Gestión Judicial” se
destacó la trascendencia de la información judicial y se puntualizó que la
“confidencialidad, reserva y prudencia propias de la actividad jurisdiccional
no obstan a la implementación de políticas comunicacionales sistemáticas,
con organicidad adecuadas que transmitan
los aspectos relativos al funcionamiento, eficiencia y gestión de los
tribunales.”
“En la pugna entre la realidad judicial y la percepción de los periodistas cuando no
logran acceder a la información, resulta perjudicada la sociedad y el sistema
pierde credibilidad”, sostuvo el documento debatido en la comisión de Gestión
Judicial.
Pero claro, después de tanto debate, de tanta necesidad de
“democratización” de la Justicia pocos recordarán aquellas palabras y el cambio
rotundo que significó en la concepción de la Justicia.
Quedará en la impresión popular la imagen de una Justicia
no democrática porque al fin y al cabo, una vez que entre en plena vigencia el
paquete de leyes propuesto por el Ejecutivo Nacional, el ciudadano va a
percibir que todo está igual.
Los delitos se seguirán produciendo y reclamar Justicia
(así, tal cual), seguirá siendo una solución fácil para buscar un responsable
físico frente a un hecho de resolución compleja en el que medios y comunidad no
esperan. Y más aún si mayoritariamente existe resistencia a informar.
Entonces sobrevendrá la inquietante pregunta del ciudadano
común: ¿y los cambios?
El juez no podrá explicarle al ciudadano que las transformaciones
iban dirigidas en otro sentido. Y ni hablar de una explicación basada en las
distintas jurisdicciones. Todo esto le resulta absolutamente ajeno a un hombre
y a una mujer que transitan su vida en situaciones alejadas del debate
dialéctico.
El debate diario del ciudadano es distinto. Podría decirse
que es con la vida misma, para caer en la misma simplificación publicitaria.
Una vez que el humo de la discusión que recubrió al proceso
de transformación legislativa de la Justicia se disipe, es necesario que la
Justicia profundice el camino iniciado en 2006. Y ahora sí hablo de Justicia
sin distinción de jurisdicciones, porque el daño (ya lo dije antes) ha
impactado en forma genérica, sin distingo de fuero, ni ámbito de actuación.
Reafirmar aquel camino significará en lo institucional
mantener las políticas comunicacionales como una pata fundamental en esa
estrategia de acercamiento a la comunidad.
Mantener y profundizar, podría decirse. No se trata de
someter al debate, en la arena pública a las decisiones adoptadas por un
tribunal, sino hacerlas conocer.
Del secreto a la comunicación como obligación republicana
Durante mucho tiempo esas decisiones fueron secretas bajo
el pretexto de que sólo tendrían efectos para las partes.
Pero cuando un juez dicta sentencia, cuando procesa, cuando
condena, está provocando un impacto social con esa decisión. Brinda una
respuesta (ajustada al Derecho vigente) a una inquietud que es de la comunidad,
porque el delito, porque la violencia, porque el amparo a un derecho, ya no son
de interés sólo del imputado, de la víctima o de quien busca protección ante un
daño inminente. Resultan de interés colectivo, de la sociedad.
La Justicia es un Poder de la República democrática. No es
su antítesis como ha quedado instalado tras tanto artificio.
Democracia y República suelen ser conceptos asociados para
el ciudadano y autores clásicos como el propio Maquiavelo. Para ese ciudadano,
Argentina es una República Democrática, es decir existe una división de poderes
y a la vez la participación ciudadana a través de la elección de autoridades.
Desde este punto de vista, informar es entonces un nuevo
mandato republicano asociado a la función judicial y que fortalece los
cimientos de la Democracia. De eso no hay dudas.
El nuevo poder ciudadano reside en la información que
posee. Y cuando el Poder Judicial informa contribuye a la formación de
ciudadanía.
Se dice que esta es la “Sociedad de la información”,
aludiendo al enorme caudal de recursos con los que cuenta el ciudadano para
nutrirse de noticias sobre lo que ocurre ya no sólo en su comunidad sino en
otros puntos distantes del globo.
Un ciudadano es, básicamente, una persona libre con
voluntad de cooperar socialmente.
Y el Poder Judicial es receptor –entre otras- de causas de
quienes quiebran esa voluntad, de quienes vulneran la libertad de las personas
o quienes al menos la ponen en entredicho.
Entonces cuando la Justicia informa no produce sólo
contenidos como lo hace un medio de comunicación o como cuando lo hace un
periodista.
Cuando informa la Justicia lo hace proyectando hacia la
comunidad la escala de valores vigentes, la misma que dio formación a la
Constitución y a las leyes, la columna vertebral de una sociedad.
Aquel debate público producto de la iniciativa de “Democratización de la Justicia” debe servir
no ya para mantener viva la discusión, sino para avanzar definitivamente en el
camino de construir ciudadanía a través de la comunicación de las acciones de
los jueces.
Aquella discusión ha producido una modificación en las
expectativas que el ciudadano tiene de la Justicia. Esas expectativas se han
fortalecido a la sombra de la ambigüedad de los eslóganes que han precedido a
la discusión legislativa.
Se puede sostener que el ciudadano ahora espera de la
Justicia acciones concretas de apertura. Y comunicar es el nuevo nombre de esa
democratización. Es la concreción de esa expectativa social. Retrotraerse,
retomar la cultura del secretismo del expediente, sería fortalecer la imagen de
una Justicia distante y ajena.
El secreto como reacción
Al cabo, frente a tanto debate y confrontación generados
para crear el clima propicio para las reformas, una tentación fácil sería
reducir el nivel de exposición pública y consecuentemente dejar de informar.
Hacerlo sería colocar nuevamente a la Justicia como
sinónimo de secreto, en la simplificación, como poco democrática.
Democracia es acceso. Acceso a Justicia y acceso a la
información, también.
Para ello es imprescindible profundizar el camino
fortalecido en las sucesivas Conferencias Nacionales de Jueces. Es necesario
sacar a las decisiones judiciales a la luz, extender el debate inicial y
llevarlo al ámbito académico, generar el intercambio de experiencias, alentar
la producción de escritos que permitan el análisis y el debate.
Entonces el impacto negativo que tuvo sobre la expectativa
social el debate sobre la “democratización” puede convertirse en una energía
positiva que fortalezca los procesos comunicacionales de la Justicia. Y el
único beneficiario de esto será el ciudadano.
