Publicado en diari El Tribuno,
Salta, el 8 de mayo del 2013
¿Temor
o pesimismo? La Justicia, entendida como un ámbito concreto donde habitantes y
jueces interactúan para solucionar conflictos, bajo reglas conocidas y aceptadas
por todos, parecer navegar hacia el abismo, a naufragar junto a todo un sistema
de derechos y garantías que tiene más de un siglo y medio de vigencia en
Argentina. Otro sistema, desconocido y no consensuado será su reemplazante.
En
mayo de 2005 el Presidente de la Nación Néstor Kirchner criticó públicamente
una decisión de la Cámara del Crimen de la Capital en la causa Cromañon, calificándola como “una bofetada para la
sociedad argentina”. La intromisión del Poder
Ejecutivo en el ámbito del Poder Judicial resultaba inédita y sorprendente. Fue la primera vez que se visualizó una fuerte
presión del poder político sobre la Justicia nacional. Después se volvió una
costumbre aceptada y en el gobierno de Cristina Kirchner esa costumbre adquirió virulencia. En 2010 ya
vociferaba en contra de los “jueces alquilados”.
Comenzó
entonces a evidenciarse que la administración de justicia era uno de los próximos
objetivos del Ejecutivo, embarcado ya sin retorno en el “Vamos por Todo”. Ahora le llegó el tiempo. So pretexto de
democratizarla, esta semana la sanción de una ley permitirá manejar al sistema judicial
argentino desde la órbita del Poder Ejecutivo. El proyecto de modificación de la Ley del
Consejo de la Magistratura, uno de los seis enviados al Congreso, está
groseramente diseñado para lograr ese único objetivo.
Sus
malformaciones constitucionales son varias, al punto que resulta difícilmente
defendible hasta para el oficialismo. La escandalosa votación, con abracadabra
incluida, que sucedió en Diputados lo puso en evidencia. Las fisuras jurídicas
del proyecto son conocidas y compartidas por académicos y juristas. Pero el
avance continúa; al fin de cuentas, hay que
ir por todo y el cristinismo nunca se fijó en costos.
Aunque
ahora será más grave, con una inútil victoria pírrica.
Si se sanciona la reforma del
Consejo, el Poder Judicial Nación desaparecerá como poder del estado. También desaparecerá
su característica plural, su naturaleza de magistratura integradora, cuyos mienbros provienen de diferentes ideologías políticas,
de distintos credos y orígenes étnicos, con diferentes edades y posición
social. Es decir desaparecerá esa diversidad de la cual se nutre su
independencia.
Hay alrededor de novecientos jueces
nacionales, la mayoría intachables y de nombres desconocidos, magistrados
escandalosos son sólo media docena.
Por esa razón los legisladores no debieron
tomar la parte por el todo. En el Senado, si no hay racionalidad al momento de convertir el proyecto en ley,
ésta puede ser un pasaporte a lo desconocido, porque su muerte está anunciada.
Ya es del dominio
público la enorme cantidad de inconstitucionalidades prontas a ser presentadas si
este proyecto de reformar el Consejo de la Magistratura se convierte en ley,
alterando sustancialmente derechos establecidos en la Constitución desde 1853. Una
marea que se extenderá a lo largo y a lo ancho del país, y cuyos fallos dirán
lo que ya puede pronosticarse con buena
certeza. Los reparos se fundan en que el proyecto establece una cruda
politización partidaria
de los consejeros y que además es un indisimulable cepo porque impide una
participación libre y abierta. La votación popular para elegir a los
representantes de jueces, académicos y abogados deberá coincidir con elecciones
generales y esos candidatos a representantes deberán integrar la lista de algún
partido que tenga inscripta la misma lista, con igual composición, en por lo
menos 18 provincias. Únicamente el Frente para la Victoria puede sortear este
cepo electoral, que nisiquiera existe para ser candidato a Presidente de la
Nación, candidatura que necesita habilitación sólo en cinco provincias.
De
sancionarse la ley de reforma al Consejo será una victoria legislativa que solo
durará hasta el momento en que la Corte Suprema resuelva definitivamente sobre
las acciones de inconstitucionalidad.
Ese fallo seguramente no habrá de darle la razón al Gobierno ni a los
legisladores. Las falencias del proyecto ya han sido explicadas a la ciudadanía
por juristas respetables. La declaración
de Naciones Unidas sobre la reforma judicial
argentina, emitida por la Relatoría Especial para la Independencia de
Magistrados y Abogados en el Mundo, hizo suyos esos argumentos. Difícilmente la
Corte los contraríe.
La
incógnita es saber si la Presidenta acatará el fallo. Seguramente no, ya hay
antecedentes de desobediencia a fallos del Alto Tribunal, muchos jubilados pueden
dar testimonio de ello. El cristinismo siempre ha estado por encima de las
instituciones.
Se avizora entonces un conflicto de poderes.
No es casual que Eugenio Zaffaroni, el ministro de Corte más afín al gobierno,
se ausente del país para dar clases en Italia durante un mes.
De
producirse, el rumbo que tomará el conflicto tiene algunos indicios en la Carta
que el 25 de agosto del año pasado publicó el grupo Carta Abierta, afín al
gobierno. “¿Cómo no reconocer que Argentina necesita una nueva Constitución?” afirmaban, agregando que debía ser una “Constitución de última generación … Un nuevo cuerpo normativo, realizado y
sostenido por un sujeto constituyente popular cuyo mandato se cuece en un intenso debate
democrático y masivo, en algún caso entremezclado con innovaciones más
sensibles de las formas de representación”. El que quiera entender, que
entienda.
Las consecuencias de convertir en ley
el cuestionado proyecto, cosa que podría suceder en la sesión del 8 de mayo en
el Senado, colocarán a la República dentro
de un muy grave escenario.
-o-o-o-
