Publicado en diario El Tribuno,
Salta, 22 de marzo de 2013
LA JUSTICIA, NUEVAMENTE
EN LA MIRA
“Me
encantaría que algún funcionario de la Justicia explique porque las causas no
avanzan” dijo la ministra de Derechos
Humanos, María Silvia Pace, a este diario el pasado martes. Otra vez un
funcionario carga contra la administración de justicia, haciéndolo de un modo
generalizante y difuso, comunicando la imagen de una justicia lenta e ineficaz,
como un calco de los ataques que a nivel nacional recibe la Corte y otros
tribunales.
Cierto es que en casos determinados hay demoras pero también
resulta cierto que el Poder Ejecutivo al
igual que el Legislativo, también responden por el ritmo de marcha de la
justicia. Entonces no es con expresiones de deseos que un ministro debe buscar
las soluciones, sino ejerciendo las facultades que el cargo le otorga. En este
caso no son los funcionarios, como expresó la ministra, sino los magistrados
quienes fijan el rito de marcha de las oficinas judiciales. Reprocha lentitud pero no identifica
concretamente a los magistrados morosos, haciendo una generalización que lacera
a todo el Poder Judicial de la provincia. Silencia que medidas propició su
ministerio, sea ante su par de Justicia o ante el Gobernador, o estado de
denuncias realizadas. Esa vaguedad y esas omisiones muestran en todo caso
desconocimiento acerca de hechos y circunstancias concretas. Porque de conocerlos
debería informar porqué no los ha puesto en conocimiento del Ministerio Público,
al cual la Constitución provincial le encarga el “velar por la buena
marcha de la administración de justicia y controlar el cumplimiento de los
plazos procesales”. En el reportaje también manifiesta que hay casos en los que
la demora “es inentendible”, es decir injustificable. Además de no dar precisiones sobre tales casos, no indica
si ese retardo de justicia es malicioso, delito penal que todo funcionario está
obligado a denunciar.
Lo interesante es que deja de lado decir, por
desconocimiento o de intento, que además del Ministerio Público, también los
otros dos Poderes del estado tienen que ver con la marcha de la justicia.
Por caso están demorando la instalación de los
Juzgados Contravencionales, que podrían aliviar al fuero penal, receptor de cantidades
de hechos que no son delitos pero que allí recalan. Las normas
contravencionales sancionan conductas
que perjudican la convivencia pero también las que atentan contra la
salubridad, la moral o la seguridad,
cumpliendo funciones preventivas en esos temas. Las provincias no pueden
legislar sobre delitos pero si pueden hacerlo sobre estas infracciones menores.
No obstante su importancia han transcurrido doce años desde que se sancionó el Código
Contravencional y aún no están instalados
los Juzgados pertinente, morosidad que es compartida entre el Poder Ejecutivo y
el Legislativo.
El primero por no proveer los fondos necesarios en el
ejercicio fiscal correspondiente e imputarlos a
la partida del Poder
Judicial en todos estos años. Tal inactividad llevó a la Corte de Justicia en
agosto del 2011 a redactar y remitir a la Cámara de Senadores un proyecto de
ley para la creación de cinco juzgados contravencionales para Salta, Orán,
Tartagal y Metán. El proyecto ingresó a la legislatura el 18 de noviembre de 2010 y transformado en Expediente
Nº 90-19985, todavía está en tratamiento. La Corte de Justicia hoy nada puede
hacer, su facultad constitucional se agotó con el sólo ejercicio de la
iniciativa legislativa y la separación de poderes le impide toda actividad
posterior.
Pero sus
argumentos y una justicia desbordada no podían ser ignorados por el Poder Ejecutivo y por los ministerios
vinculados al tema. Dice la Corte de Justicia en los fundamentos de la Acordada
11.000, que desde que se sancionó el Código Contravencional han transcurrido
más de diez años, en los cuales el juzgamiento de las contravenciones se ha
efectuado –transitoriamente y a la espera de los jueces contravencionales- con
normas muy añejas y bastantes desactualizadas a la luz de los actuales principios
y garantías constitucionales. En buen romance: después de una década de
sancionado el Código Contravencional, todavía se juzga en sede policial, a
contramano de todas las modernas formalidades y garantías que impulsaron las
reformas procesales del año 2010 en el procedimiento penal y en el Ministerio
Público.
Como
la ministra, muchos ciudadanos desearían que se le explicaran porqué algunas
cosas en Salta no funcionan cabalmente.
