Publicado por el diario El Tribuno en el "Anuario 2013" que
acompañó a la edición del día 31 de diciembre de 2013
Las agresiones del Poder Ejecutivo Nacional a tribunales y a jueces, Corte Suprema incluida, fueron una constante en la “década ganada”. Menoscabarlos exigió una tarea que cumplieron además funcionarios, medios de comunicación oficialistas y legisladores K.
En el inicio del 2013, cuando todavía estaba fresca la derrota sufrida por Cristina Kirchner al querer imponer al sumiso pero impresentable Daniel Reposo como Procurador General de la Nación, de la embestida verbal se pasó a la histriónica; la Presidenta inició una interminable serie de agraviantes mensajes por Twitter, sus ministros los repitieron en reportajes y discuros. El momento más álgido se alcanzó el 1º de marzo, en el discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso; la Presidenta acusó a la justicia de corporativa y anticipó que propondría un paquete de leyes para democratizarla.
El anuncio se materializó en abril con media docena de proyectos, que en verdad no aportaron novedad ninguna, la mayoría correspondían a temas insertos en una reforma judicial iniciada hace dos décadas y que aún está en proceso: el Consejo de la Magistratura, las tecnologías informáticas, el Centro de Información Judicial, los juicios orales, la mediación y el arbitraje, eran herramientas que ya existían.
Lo que no remitió, lamentablemente, fue un proyecto de política pública judicial de largo plazo, orientado a aumentar la eficiencia de la actividad tribunalicia.
Sólo el proyecto para modificar la ley del Consejo de la Magistratura resultaba importante pero desde lo político, dada su finalidad inocultable: lograr el control de ese Órgano para someter a la administración de justicia a la voluntad del Poder Ejecutivo.
Por esa razón fue rechazado y criticado por los foros académicos, los colegios de abogados, las asociaciones civiles que nuclean a los jueces e incluso por la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados de las Naciones Unidas. Convertido en ley por la mayoría automática que existía en el Congreso Nacional –que incluyó varios legisladores salteños- su promulgación originó innumerables acciones de inconstitucionalidad en su contra.
En el mes de junio, un fallo de la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional con el voto de seis de sus miembros, originando otro revés para a los intentos gubernamentales para someter al Poder Judicial. El ministro Eugenio Zaffaroni, el más cercano al oficialismo, votó una solitaria disidencia; no obstante hizo una fuerte defensa de los valores de los jueces argentinos; en uno de los considerandos, al analizar las presiones eventuales que pudieran tener aquellos dijo textualmente: “Esto es inevitable en cualquier estructura, pero es propio del profesionalismo de los magistrados poder decidir conforme a su conciencia y a su saber. En este sentido puede considerarse que ha sido ejemplar la conducta de la amplia mayoría de la magistratura argentina y no cabe pensar que esta conducta tradicional se altere en el futuro.”
Zaffaroni contradecía en el fallo los reiterados agravios gubernamentales hechos al Poder Judicial como institución, y realizó una contundente y sólida defensa de todos los jueces de todos los fueros, incluyendo las magistraturas provinciales. Alegato tan claro no se escuchó durante el 2013 en Salta de ningún estamento, poder u órgano relacionado con la actividad judicial ni tampoco del Poder Ejecutivo. Sólo hubo un par de declaraciones formuladas por el Colegio de Abogados de la Provincia.
La sentencia de la Corte fue criticada por “Justicia Legítima”, agrupación de magistrados kirchneristas motorizados por la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó. La agrupación realizó un acto frente al edificio de Tribunales, a fines de junio, rechazando el fallo y realizando una lamentable parodia en contra del Ministro Fayt, en razón de su avanzada edad.
En octubre los resultados de las elecciones nacionales demostraron que la ciudadanía había elegido un modelo político distinto del vigente, eligiendo candidatos que aseguraran el retorno a la calidad institucional y al equilibrio de poderes, en lugar del actual unicato autoritario.
En Salta
En Salta el intento de someter al Poder Judicial el Goberndor Urtubey lo ejecuta con el auxilio de la legislatura, facilitándole al Procurador General de la Provincia Pablo López Viñals el ejercicio de poderes cada vez más extensos, mediante leyes inconexas. O permitiendo que ejerza al mismo tiempo la dirección de la acusación fiscal en forma simultánea con la jefatura de la defensa pública, o sea que al mismo tiempo, y cobrando el sobresueldo que marca el Reglamento, actúe como Procurador General y como Defensor General de la Provincia en simultáneo, esquizofrenia jurídica que intenta una disociación funcional imposible.
Durante este año sólo el Colegio de Abogados de la Provincia ha marcado los errores legislativos que empoderan al Procurador cada vez más en la administración de justicia, y también los errores de aquél en sus resoluciones. Por el contrario la Corte de la Provincia y la asociación civil que nuclea a la mayoría de los integrantes del Ministerio Público y del Poder Judicial, como es el Colegio de Magistrados, han mantenido un llamativo silencio, fundado tal vez en las razones que esa entidad comunicó a fines del año pasado a sus asociados, en la Circular Nº 08 titulada “Tema Previsional”.
Los resultados electorales en Salta también han marcado, como en la Nación, el deseo de castigar la falta de excelencia institucional.
