Publicado en el diario El Tribuno
de Salta el sábado 17 de mayo de 2014
El reemplazo por
parte de la Cámara de Diputados de dos consejeros que la representaban ante el
Consejo de la Magistratura, ambos del PRS, motivó una acción de amparo ante el
juez de Minas y Comercial de Registro, Daniel Enrique Marchetti, que fue rechazada con fundamento en las
disposiciones la ley que regula a este órgano constitucional
.
Lo ocurrido es un
nuevo ejemplo de que el Consejo es una herramienta políticamente apetecible en
lugar de ser institucionalmente importante. Los constituyentes en 1998 así la imaginaron, como un avance de importancia
en la calidad institucional, al disponer que estuviera formado por tres
representantes del Poder Judicial y Ministerio Público, tres por los abogados
matriculados y tres representantes por la Cámara de Diputados. Esta división en tercios otorgaba equilibrio mientras
que su integración de sólo nueve miembros le daba agilidad en la función.
¿Por qué, si
estuvo desde inicio el Consejo adornado de tales virtudes, provoca cimbronazos
como el ocurrido esta semana y cierta desconfianza en la gente? El motivo radica la obsolescencia de la ley que lo reglamentó, que abre una vía para la
eventual politización en la confección de las ternas de magistrados.
Sin necesidad de
ser letrados, cualquier persona puede advertir la injusta distribución de los
puntajes que la ley dispone para seleccionar los futuros jueces al otorgar un
máximo de 15 puntos para el rubro “Concepto Ético Profesional”, otros 15 como
máximo por “Preparación Científica” y un máximo de 20 puntos para un rubro de
cierta vaguedad conceptual llamado “Otros Antecedentes”. La suma de todos estos
puntajes, permite a los tres rubros sumar un máximo posible de 50 puntos.
Un postulante
hipotético, suponiendo que tenga dos décadas de actividad laboral sin sanciones
o llamados de atención, disertante en Jornadas y Congresos, con una trayectoria
docente universitaria extensa y reconocida, con varios libros y un centenar de
artículos escritos sobre su especialidad, con algunos premios y accésits
otorgados por entidades de reconocido prestigio, que se desempeñó eventualmente
en la función pública en cargos de responsabilidad y que, quizá, añada a todo
eso su voluntariado en alguna ONG, sólo puede aspirar, como máximo, a 50
puntos.
La otra mitad del
puntaje deberá ganarlo en la entrevista.
¿Qué es la entrevista? Es la participación en un encuentro con los
miembros del Consejo de la Magistratura, al que puede asistir el público, y que
tiene por objeto evaluar los conocimientos y las aptitudes para ejercer las
funciones para las cuales el candidato concursa. Debe señalarse que la ley nunca
utiliza la palabra “examen”.
Esa entrevista al
representar la mitad del puntaje resulta, cuando menos, desequilibrante. De
nada valdría haber obtenido el máximo puntaje como brillante profesional,
tratadista y catedrático, si en la entrevista ese hipotético candidato es
calificado con un avaro puntaje sin mayores motivos por los consejeros presentes.
Estos hechos
revelan la necesidad de remodelar no a la institución sino a la ley que la pone en marcha. Salta ya caminó casi tres lustros atravesando
este Siglo 21 y resulta imperativo una reconsideración de las principales
instituciones por las que se rige.
La Justicia es una de ellas y el Consejo de la
Magistratura es el umbral del acceso a la labor de juzgar.
Transcurridos
algo más de quince años desde la promulgación de la progresista Ley 7016, ésta merece hoy su reconocimiento
pero también amerita un proceso de modernización si se busca un cambio para
lograr calidad institucional, que la aparte de eventuales injerencias de
política partidaria. Después de todo esa norma fue sancionada en el siglo
pasado.
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