Versión ampliada de la nota publicada en la edición digital
del diario El Tribuno del domingo 25 de Mayo de 2014
Desde sus orígenes, el hombre presenció sucesos que lo sorprendieron por ser inusuales: terremotos, eclipses y pasaje de cercanos cometas fueron algunos de ellos. Cuando varios de esos sucesos acontecían juntos en un breve período, esa excepcionalidad hizo que la gente los vinculara a todos entre sí no por sus causas, variables según la época, sino por una relación obligada pero invisible que unía a todos ellos. La misma relación se aplicó a los hechos humanos, ejemplos actuales son la teoría conspirativa o el sospechado concepto de “la historia oficial”.
El juicio penal que se lleva a cabo en Salta por el homicidio de dos ciudadanas francesas reproduce de algún modo esas circunstancias. Una secuencia de hechos infrecuentes ocurridos en un período corto, que podrían estar relacionados entre sí, o no estarlo en absoluto, o sólo en parte, ha generado en el imaginario colectivo la aparición de esa cadena invisible que los vincula a todos, usando los razonamientos más variados e incluso contradictorios lo cual no le quita realidad a esa sensación de vinculación que la comunidad otorga a los hechos a partir del enorme caudal informativo que proveen los medios gráficos, radiales y televisivos.
Los hechos iniciales, un homicidio múltiple y la extranjería de las víctimas, no son usuales en la Provincia. Los sucesos posteriores mostraron una acumulación de otras circunstancias de excepción. En una breve e incompleta enumeración se recuerdan como desusados y a la vez sorprendentes el suicidio de un oficial policial que investigó en la causa, el interés personal que el entonces Presidente de Francia manifestó públicamente sobre la labor de esa investigación, el inmediato ascenso por el Gobernador Urtubey para otros oficiales intervinientes, el apuñalamiento de un imputado en la causa, que está detenido en la cárcel local, y por último la cobertura del hecho que realizó la prensa internacional.
Pero en especial resultaba desusado el ambiente hostil que, desde poco antes de los homicidios, se había instalado contra la Justicia en todo el país.
Esa circunstancia, previa primero y concomitante hoy, también es un elemento de excepcionalidad. Raras veces en la historia del país el Poder Ejecutivo Nacional en pleno, legisladores oficialistas y la prensa adicta habían atacados tan violentamente al Poder Judicial de la Nación y a sus jueces. En un discurso dirigido a la Asamblea Legislativa la Presidenta llegó a adjetivarlos como “jueces alquilados”. El desmadre se alcanzó con la cruzada de “Democratización de la Justicia”, que fumigó al país entero con una sensación de ineficacia judicial y se trasladó luego a las provincias. Salta no fue ajena. Se predicaba que los jueces penales no debían investigar los delitos, tarea que debía realizar el Ministerio Público. Aunque tuviese fundamentos en una política judicial de la Provincia, si es que hubo alguna, la motivación no fue claramente comunicada sino que aumentó esa suerte de sospecha general de los ciudadanos.
Pero esas sospechas, al menos en esta causa emblemática, deben ser aventadas. No hay porqué sospechar de un juicio en el cual las leyes son públicamente aplicadas sin reparos de nadie. No hay vulneración de derechos ni de garantías y no hay parálisis procesal. Pero lo más importante es aventar la injusta sospecha que pueda recaer sobre el hombre, es decir sobre el juez que ha de aplicar la ley. Confiar totalmente en lo que decidan.
Prescindiendo del contenido de la futura sentencia, prescindiendo que se logre el veredicto por unanimidad o sólo por simple mayoría, prescindiendo de lo que cada persona desea o espera del fallo, lo cierto es que este merecerá ser respetado por su buena fé. Calidad que no invalida el ejercicio posterior del derecho a recurrir de quien se sienta disconforme.
La buena fe es una categoría que alcanza a la futura sentencia, cualquiera que sea, y que nace de los antecedentes profesionales de los integrantes del Tribunal. Los jueces Bernardo Ruiz, Carlos Pucheta y Ángel Longarte están cercanos a los cuarenta años de carrera, son reconocidos y respetados por el foro y colegas de la magistratura, conocen la ley y también la naturaleza humana y saben de las consecuencias que tienen en la comunidad los fallos que dictaron y los que dicten en el futuro. Son hombres como cualquier otro de la comunidad de Salta, con las mismas virtudes y defectos que se dan en ella en término medio.
Si la justicia corrupta o lenta o alquilada es acusada de manera genérica, la que es responsable, ética y confiable debe ser identificada por su nombre y apellido.
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