LA PROCURACION DEL TESORO, MALTRATADA

(Publicado en El Tribuno, Salta, el  28/12/10)

                    El destrato del Ejecutivo Nacional a poderes del estado y organismos de reconocido prestigio –ahora usualmente evaporados- es una constante en la gestión kirchnerista. Si durante el gobierno de Néstor Kirchner el Congreso de la Nación fue transformado en una mera escribanía, en la gestión de su heredera se convirtió en blanco fijo, con motivo que allí existen legisladores que piensan distinto, y éstos son “los que no nos dejan gobernar” y “ponen palos en la rueda”.  En esas expresiones se advierte que la Presidenta, de buena gana habría clausurado el Congreso, al mejor estilo militar, para una mejor administración  del país según su óptica. El desprecio por la opinión del otro puede ser entendible, pero el desprecio institucional a un Poder del estado, expresado públicamente por la titular de otro Poder  está fuera de todo manual de ciencia política y de toda idea de democracia.

            El INDEC es una institución estatal  que sufrió un proceso de devaluación parecido, hasta llegar a ser un ícono de la fantasía usada como herramienta de gobierno. Creado en 1968, es la principal entidad oficial que recopila  y publica estadísticas; por la seriedad e independencia de su labor había ganado prestigio internacional.  No hace falta explicar sobre la devastación que ha sufrido por acción directa del Poder Ejecutivo Nacional en el último lustro.  Pocos son hoy los que aceptan sus guarismos.  Y esa falta de fe no es un tema menor: todo proceso de formulación y ejecución de una política económica requiere un preciso conocimiento de la realidad que le sirve como punto de partida, y también de datos periódicos para evaluar el progreso de aquella.  Para ello la política económica, el “modelo”, necesita sí o sí disciplinas auxiliares como el derecho, la historia, la geografía económica y –por supuesto- la estadística. Si los economistas no confían en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ¿de que modo pueden formular un modelo económico predecible, confiable y hacer después  su seguimiento? 

            El Banco Central también ha sido tradicionalmente otro organismo técnico de gran prestigio. Este tipo de instituciones, encargadas de la emisión del circulante,  aparecieron  al final del Siglo 19 siguiendo la idea de que la moneda papel, que estaba gradualmente reemplazando a la moneda metálica, fuese emitida por una única institución, lo que permitía llevar adelante sanas políticas monetarias. En Argentina el manoseo al que fuera sometido el Banco Central a fin del año pasado por parte del Ejecutivo,  y que motivó la renuncia de su presidente, fue un signo más de que el gobierno nacional se llevaba puesta otra de las instituciones económicas con tradición y prestigio, sin importarle las consecuencias, al ejercer una gestión irracional y  autoritaria. Alguna de esas consecuencias ha sido la insólita carencia de efectivo por parte de las entidades bancarias que acaba de sufrir el país y la emisión brasileña de buena parte del papel moneda argentino

            Del Consejo de la Magistratura de la Nación no puede decirse que el Gobierno le haya hecho perder prestigio. La realidad es que el kirchnerismo siempre ha hecho todo lo imaginable para que ese órgano de selección de magistrados no lo consiga jamás.

            En estos días el Ejecutivo ha vuelto a descalabrar la Procuración del Tesoro de la Nación. Con el mismo autoritarismo con el cual había echado al Procurador Osvaldo Guglielmino -en medio de la crisis desatada el verano pasado con el tema del Banco Central- reemplazándolo por  Joaquín Da Rocha, ahora dio por renunciado a éste y puso en su lugar una abogada de la Provincia de Santa Cruz, Angelina Abbona, ex Jefa del Tribunal de Cuentas y ex Fiscal de Estado de aquella provincia. Su designación tiene más que ver con la amistad y confianza política que con antecedentes académicos. No pesó en la designación los casi 148 años de trayectoria de la Procuración ni su sólido prestigio, ganado por la enjundia de sus dictámenes y la personalidad jurídica de sus titulares.

La Jefa de Estado muestra cada vez con mayor frecuencia su propensión a rodearse de un círculo más cercano y reducido de colaboradores, nacido de viejas amistades. Y al igual que el extinto Presidente, poco o ningún respeto expresa por las instituciones del Estado y las reglas de la democracia, en especial el referido al pensamiento de las minorías y a la libertad de expresión.

Con tales antecedentes vale preguntarse ¿Cuánto tiempo el durará en el cargo la nueva Procuradora? O formular un interrogante de mayor gravedad: ¿Cuál será la próxima institución que se elegirá como blanco? ¿la Auditoría General de la Nación, acechada desde hace tiempo?

Armando J. Frezze

-Si desea enviar esta nota a otra persona, haga click sobre el icono con la letra M que se

  encuentra a la izquierda de la barra de opciones, ubicada justo debajo de estas líneas.

-Salvo indicación en contrario, la producción fotográfica es del autor.

-Permitida la reproducción de esta columna indicando la fuente.

LA PROCURACION DEL TESORO, MALTRATADA El destrato del Ejecutivo Nacional a poderes del estado y organismos de reconocido prestigio –ahora usualmente evaporados- es una constante en la gestión kirchnerista. Si durante el gobierno de Néstor Kirchner el Congreso de la Nación fue transformado en una mera escribanía, en la gestión de su heredera se convirtió en blanco fijo, con motivo que allí existen legisladores que piensan distinto, y éstos son “los que no nos dejan gobernar” y “ponen palos en la rueda”. En esas expresiones se advierte que la Presidenta, de buena gana habría clausurado el Congreso, al mejor estilo militar, para una mejor administración del país según su óptica. El desprecio por la opinión del otro puede ser entendible, pero el desprecio institucional a un Poder del estado, expresado públicamente por la titular de otro Poder está fuera de todo manual de ciencia política y de toda idea de democracia. El INDEC es una institución estatal que sufrió un proceso de devaluación parecido, hasta llegar a ser un ícono de la fantasía usada como herramienta de gobierno. Creado en 1968, es la principal entidad oficial que recopila y publica estadísticas; por la seriedad e independencia de su labor había ganado prestigio internacional. No hace falta explicar sobre la devastación que ha sufrido por acción directa del Poder Ejecutivo Nacional en el último lustro. Pocos son hoy los que aceptan sus guarismos. Y esa falta de fe no es un tema menor: todo proceso de formulación y ejecución de una política económica requiere un preciso conocimiento de la realidad que le sirve como punto de partida, y también de datos periódicos para evaluar el progreso de aquella. Para ello la política económica, el “modelo”, necesita sí o sí disciplinas auxiliares como el derecho, la historia, la geografía económica y –por supuesto- la estadística. Si los economistas no confían en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ¿de que modo pueden formular un modelo económico predecible, confiable y hacer después su seguimiento? El Banco Central también ha sido tradicionalmente otro organismo técnico de gran prestigio. Este tipo de instituciones, encargadas de la emisión del circulante, aparecieron al final del Siglo 19 siguiendo la idea de que la moneda papel, que estaba gradualmente reemplazando a la moneda metálica, fuese emitida por una única institución, lo que permitía llevar adelante sanas políticas monetarias. En Argentina el manoseo al que fuera sometido el Banco Central a fin del año pasado por parte del Ejecutivo, y que motivó la renuncia de su presidente, fue un signo más de que el gobierno nacional se llevaba puesta otra de las instituciones económicas con tradición y prestigio, sin importarle las consecuencias, al ejercer una gestión irracional y autoritaria. Alguna de esas consecuencias ha sido la insólita carencia de efectivo por parte de las entidades bancarias que acaba de sufrir el país y la emisión brasileña de buena parte del papel moneda argentino Del Consejo de la Magistratura de la Nación no puede decirse que el Gobierno le haya hecho perder prestigio. La realidad es que el kirchnerismo siempre ha hecho todo lo imaginable para que ese órgano de selección de magistrados no lo consiga jamás. En estos días el Ejecutivo ha vuelto a descalabrar la Procuración del Tesoro de la Nación. Con el mismo autoritarismo con el cual había echado al Procurador Osvaldo Guglielmino -en medio de la crisis desatada el verano pasado con el tema del Banco Central- reemplazándolo por Joaquín Da Rocha, ahora dio por renunciado a éste y puso en su lugar una abogada de la Provincia de Santa Cruz, Angelina Abbona, ex Jefa del Tribunal de Cuentas y ex Fiscal de Estado de aquella provincia. Su designación tiene más que ver con la amistad y confianza política que con antecedentes académicos. No pesó en la designación los casi 148 años de trayectoria de la Procuración ni su sólido prestigio, ganado por la enjundia de sus dictámenes y la personalidad jurídica de sus titulares. La Jefa de Estado muestra cada vez con mayor frecuencia su propensión a rodearse de un círculo más cercano y reducido de colaboradores, nacido de viejas amistades. Y al igual que el extinto Presidente, poco o ningún respeto expresa por las instituciones del Estado y las reglas de la democracia, en especial el referido al pensamiento de las minorías y a la libertad de expresión. Con tales antecedentes vale preguntarse ¿Cuánto tiempo el durará en el cargo la nueva Procuradora? O formular un interrogante de mayor gravedad: ¿Cuál será la próxima institución que se elegirá como blanco? ¿la Auditoría General de la Nación, acechada desde hace tiempo? LA PROCURACION DEL TESORO, MALTRATADA El destrato del Ejecutivo Nacional a poderes del estado y organismos de reconocido prestigio –ahora usualmente evaporados- es una constante en la gestión kirchnerista. Si durante el gobierno de Néstor Kirchner el Congreso de la Nación fue transformado en una mera escribanía, en la gestión de su heredera se convirtió en blanco fijo, con motivo que allí existen legisladores que piensan distinto, y éstos son “los que no nos dejan gobernar” y “ponen palos en la rueda”. En esas expresiones se advierte que la Presidenta, de buena gana habría clausurado el Congreso, al mejor estilo militar, para una mejor administración del país según su óptica. El desprecio por la opinión del otro puede ser entendible, pero el desprecio institucional a un Poder del estado, expresado públicamente por la titular de otro Poder está fuera de todo manual de ciencia política y de toda idea de democracia. El INDEC es una institución estatal que sufrió un proceso de devaluación parecido, hasta llegar a ser un ícono de la fantasía usada como herramienta de gobierno. Creado en 1968, es la principal entidad oficial que recopila y publica estadísticas; por la seriedad e independencia de su labor había ganado prestigio internacional. No hace falta explicar sobre la devastación que ha sufrido por acción directa del Poder Ejecutivo Nacional en el último lustro. Pocos son hoy los que aceptan sus guarismos. Y esa falta de fe no es un tema menor: todo proceso de formulación y ejecución de una política económica requiere un preciso conocimiento de la realidad que le sirve como punto de partida, y también de datos periódicos para evaluar el progreso de aquella. Para ello la política económica, el “modelo”, necesita sí o sí disciplinas auxiliares como el derecho, la historia, la geografía económica y –por supuesto- la estadística. Si los economistas no confían en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ¿de que modo pueden formular un modelo económico predecible, confiable y hacer después su seguimiento? El Banco Central también ha sido tradicionalmente otro organismo técnico de gran prestigio. Este tipo de instituciones, encargadas de la emisión del circulante, aparecieron al final del Siglo 19 siguiendo la idea de que la moneda papel, que estaba gradualmente reemplazando a la moneda metálica, fuese emitida por una única institución, lo que permitía llevar adelante sanas políticas monetarias. En Argentina el manoseo al que fuera sometido el Banco Central a fin del año pasado por parte del Ejecutivo, y que motivó la renuncia de su presidente, fue un signo más de que el gobierno nacional se llevaba puesta otra de las instituciones económicas con tradición y prestigio, sin importarle las consecuencias, al ejercer una gestión irracional y autoritaria. Alguna de esas consecuencias ha sido la insólita carencia de efectivo por parte de las entidades bancarias que acaba de sufrir el país y la emisión brasileña de buena parte del papel moneda argentino Del Consejo de la Magistratura de la Nación no puede decirse que el Gobierno le haya hecho perder prestigio. La realidad es que el kirchnerismo siempre ha hecho todo lo imaginable para que ese órgano de selección de magistrados no lo consiga jamás. En estos días el Ejecutivo ha vuelto a descalabrar la Procuración del Tesoro de la Nación. Con el mismo autoritarismo con el cual había echado al Procurador Osvaldo Guglielmino -en medio de la crisis desatada el verano pasado con el tema del Banco Central- reemplazándolo por Joaquín Da Rocha, ahora dio por renunciado a éste y puso en su lugar una abogada de la Provincia de Santa Cruz, Angelina Abbona, ex Jefa del Tribunal de Cuentas y ex Fiscal de Estado de aquella provincia. Su designación tiene más que ver con la amistad y confianza política que con antecedentes académicos. No pesó en la designación los casi 148 años de trayectoria de la Procuración ni su sólido prestigio, ganado por la enjundia de sus dictámenes y la personalidad jurídica de sus titulares. La Jefa de Estado muestra cada vez con mayor frecuencia su propensión a rodearse de un círculo más cercano y reducido de colaboradores, nacido de viejas amistades. Y al igual que el extinto Presidente, poco o ningún respeto expresa por las instituciones del Estado y las reglas de la democracia, en especial el referido al pensamiento de las minorías y a la libertad de expresión. Con tales antecedentes vale preguntarse ¿Cuánto tiempo el durará en el cargo la nueva Procuradora? O formular un interrogante de mayor gravedad: ¿Cuál será la próxima institución que se elegirá como blanco? ¿la Auditoría General de la Nación, acechada desde hace tiempo? LA PROCURACION DEL TESORO, MALTRATADA El destrato del Ejecutivo Nacional a poderes del estado y organismos de reconocido prestigio –ahora usualmente evaporados- es una constante en la gestión kirchnerista. Si durante el gobierno de Néstor Kirchner el Congreso de la Nación fue transformado en una mera escribanía, en la gestión de su heredera se convirtió en blanco fijo, con motivo que allí existen legisladores que piensan distinto, y éstos son “los que no nos dejan gobernar” y “ponen palos en la rueda”. En esas expresiones se advierte que la Presidenta, de buena gana habría clausurado el Congreso, al mejor estilo militar, para una mejor administración del país según su óptica. El desprecio por la opinión del otro puede ser entendible, pero el desprecio institucional a un Poder del estado, expresado públicamente por la titular de otro Poder está fuera de todo manual de ciencia política y de toda idea de democracia. El INDEC es una institución estatal que sufrió un proceso de devaluación parecido, hasta llegar a ser un ícono de la fantasía usada como herramienta de gobierno. Creado en 1968, es la principal entidad oficial que recopila y publica estadísticas; por la seriedad e independencia de su labor había ganado prestigio internacional. No hace falta explicar sobre la devastación que ha sufrido por acción directa del Poder Ejecutivo Nacional en el último lustro. Pocos son hoy los que aceptan sus guarismos. Y esa falta de fe no es un tema menor: todo proceso de formulación y ejecución de una política económica requiere un preciso conocimiento de la realidad que le sirve como punto de partida, y también de datos periódicos para evaluar el progreso de aquella. Para ello la política económica, el “modelo”, necesita sí o sí disciplinas auxiliares como el derecho, la historia, la geografía económica y –por supuesto- la estadística. Si los economistas no confían en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ¿de que modo pueden formular un modelo económico predecible, confiable y hacer después su seguimiento? El Banco Central también ha sido tradicionalmente otro organismo técnico de gran prestigio. Este tipo de instituciones, encargadas de la emisión del circulante, aparecieron al final del Siglo 19 siguiendo la idea de que la moneda papel, que estaba gradualmente reemplazando a la moneda metálica, fuese emitida por una única institución, lo que permitía llevar adelante sanas políticas monetarias. En Argentina el manoseo al que fuera sometido el Banco Central a fin del año pasado por parte del Ejecutivo, y que motivó la renuncia de su presidente, fue un signo más de que el gobierno nacional se llevaba puesta otra de las instituciones económicas con tradición y prestigio, sin importarle las consecuencias, al ejercer una gestión irracional y autoritaria. Alguna de esas consecuencias ha sido la insólita carencia de efectivo por parte de las entidades bancarias que acaba de sufrir el país y la emisión brasileña de buena parte del papel moneda argentino Del Consejo de la Magistratura de la Nación no puede decirse que el Gobierno le haya hecho perder prestigio. La realidad es que el kirchnerismo siempre ha hecho todo lo imaginable para que ese órgano de selección de magistrados no lo consiga jamás. En estos días el Ejecutivo ha vuelto a descalabrar la Procuración del Tesoro de la Nación. Con el mismo autoritarismo con el cual había echado al Procurador Osvaldo Guglielmino -en medio de la crisis desatada el verano pasado con el tema del Banco Central- reemplazándolo por Joaquín Da Rocha, ahora dio por renunciado a éste y puso en su lugar una abogada de la Provincia de Santa Cruz, Angelina Abbona, ex Jefa del Tribunal de Cuentas y ex Fiscal de Estado de aquella provincia. Su designación tiene más que ver con la amistad y confianza política que con antecedentes académicos. No pesó en la designación los casi 148 años de trayectoria de la Procuración ni su sólido prestigio, ganado por la enjundia de sus dictámenes y la personalidad jurídica de sus titulares. La Jefa de Estador

PIROTECNIA: ENTRE LA PARALISIS Y LA ESTUPIDEZ

            Las causas, los hechos y el diagnóstico de esta historia del dolor son elementos que se repiten todos los fines de año: niños, adolescentes y también adultos resultan con graves quemaduras en las manos, en la cara, en el cuerpo,  o con lesiones oculares, daños en la salud que fueron causados por artefactos pirotécnicos. Niños y adolescentes que debieron enfrentar la vida desde entonces  con deformaciones estéticas dolorosas -física y moralmente- o con amputaciones de falanges o de alguna mano, pérdida parcial o total de la vista hasta genitales amputados por guardar cohetes o rompeportones en los bolsillos. 

Hace ya doce años el diagnóstico estaba completo y concluido: el sábado 28 de noviembre de 1998 el diario El Tribuno editorializó, valga como ejemplo, acerca de esta seria amenaza a la seguridad y a la salud pública bajo el título “Temprano y Preocupante”. Advertía no sólo acerca del problema que causaba el uso de pirotecnia en las fiestas, sino también  la esterilidad absoluta de todas las campañas realizadas en años anteriores. Las reflexiones fueron motivadas porque no habían llegado las fiestas y ya en Rosario de Lerma un joven de 13 años había resultado con serias quemaduras en el rostro, cuello, hombro y torso, perdiendo además la oreja izquierda, con rotura de tímpano y sordera de por vida en ese oído.

            “La esterilidad de campañas anteriores” que señalaba el editorial se han repetido invariablemente hasta hoy.  Han pasado doce años; el diagnóstico y los resultados siguen siendo los mismo, el pronóstico también. Cada año se repiten las acciones de los años pasados en un estéril movimiento circular que siempre vuelve al punto de partida. “Si sigues haciendo lo que siempre has hecho, nunca llegarás más lejos de lo que has llegado” dice un proverbio atribuido a los chinos.

-o-o-o-o-

            Bariloche es un ejemplo de organización turística y ha llevado esa actividad a niveles de excelencia. Esto es una verdad de Perogrullo. Al punto que esa es la industria que mantiene –y muy bien- a todos sus habitantes.  Lo mismo puede decirse de San Martín de los Andes. Pero no solo en ese tema han dado ejemplos de ordenamiento que merecen ser imitados; tambien lo han hecho con la cuestión de la pirotecnia.             Hace ya  muchos años que El Bolson prohibió el uso y la  comercialización de la pirotecnia. El municipio de San Martín de los Andes también lo ha hecho. En Bariloche, en enero de 1997 llegó la veda total. En todo este tranquilo sector de la patagonia cordillerana ya no existen manos mutiladas, niños quemados, incendios de Navidad, y los vecinos prestaron un apoyo unánime a la medida que protegía la salud y la seguridad de ellos mismos y de sus propiedades

            Salta en cambio lo tiene como materia pendiente: en lugar demostrar al mundo, y demostrarse a si misma, su madurez cultural y su preocupación social, exhibe cada año, todos los años, un número víctimas de la pirotecnia, en su mayoría niños, sin contar los incendios.

            La salud y la seguridad de la población y de sus bienes forman parte de los organismos competentes como el Ministerio de Salud Pública o la Secretaria de Seguridad, o los poderes legislativos, tanto el provincial como los municipales. Algo está ya claro y probado: el problema no se soluciona y se agrava.

Entonces ¿qué es lo que hay que cambiar?

Lo que hay que cambiar es la permisión y reemplazarla por la prohibición. Los artefactos pirotécnicos son peligrosos ¿No es acaso su intrínseca peligrosidad la que ha motivado la suspensión de más de un partido de fútbol, provocando la frustración de miles y miles de espectadores? Ello ocurre porque estos elementos, en lugar de "inofensivos", resultan ser por el contrario "ofensivos";  "ofender" es definido por el diccionario como el "hacer daño físicamente". La prohibición por lo tanto es una consecuencia natural, lógica, sensata. Es justa.

            Además existe marco jurído que se está incumpliendo. La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 4, dispone que “los Estados firmante adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos” a los niños en dicha  Convención. Esas medidas legislativas son responsabilidad excluyente de los concejos deliberantes y de la Legislatura provincia. Ese deber lo están incumpliendo.

            Por su lado la Constitución de Salta garantiza a los habitantes el derecho a su “integridad física” (art. 10) y el derecho a la seguridad, no sólo de su persona sino de sus bienes. (art. 17). ¿Podría un mutilado demandar a la Provincia ante la Corte Interamericano de Derechos Humanos por incumplimiento de la Convención? ¿Podrá un ciudadano, todavía sano e indemne,  presentar un amparo para obtener la prohibición de la pirotecnia fundamentando su petición en las normas constitucionales provinciales?

-o-o-o-o-

            Y si hacer lo que siempre se hizo no ha dado resultado en los últimos años, y si debe buscarse otro curso de acción, aparece como necesaria la prohibición absoluta. Así de sencillo; va en ello la salud y la seguridad de la población.

            La normativa que prohíbe la pirotecnia, mirada desde un punto de vista geográfico, muestra como dos culturas sobre el tema: en la Patagonia la prohibición es absoluta en varias comunas, en el NOA la cultura es lo opuesto.

Así, en la  Pcia. de Tierra del Fuego, la Ley 306 del año 1996 dispone en su art. 1º “Prohíbese, en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la tenencia,  fabricación, comercialización, depósito y venta al público, mayorista o minorista, y el uso particular de todo elemento de pirotecnia y cohetería, sea éste de venta libre o no, y/o fabricación autorizada” Idénticas palabras usa la Ordenanza Nº 676-CM-96 de la ciudad de Bariloche (Rio Negro) para prohibir la pirotecnia en todo el ejido municipal; la  Ordenanza 137/06 también lo hace en la comuna de Lago Puelo (Chubut) y en San Martín de los Andes la Ordenanza N° 1031,  sancionada en 1992 y promulgada por Resolución N° 2573, dice en su primer artículo “Prohíbese la fabricación, venta y utilización de artículos de pirotecnia, en todo el ejido municipal de San Martin de los Andes.”

En Salta,  a pesar del diagnostico certero y del pronóstico sombrío, en este tema de pirotecnia  y sus dañosas consecuencias, sigue debatiéndose entre la parálisis y la estupidez.

Armando J. Frezze

-Si desea enviar esta nota a otra persona, haga click sobre el icono con la letra M que se

  encuentra a la izquierda de la barra de opciones, ubicada justo debajo de estas líneas.

-Salvo indicación en contrario, la producción fotográfica es del autor.

-Permitida la reproducción de esta columna indicando la fuente.

PRIORIDAD DE PASO: LOS JUECES NO DEBEN LEGISLAR

  

En el mes de enero de 2008  con motivo  de una nota titulada “La Prioridad de Paso por la Derecha no es Absoluta”, que publicó el diario El Tribuno en su página central, remití una carta a ese matutino con argumentos demostrativos de que la Justicia suele tener su cuota de responsabilidad en la actual emergencia vial, al lado de los otros actores que integran el cuadro completo de la inseguridad por causa de automotores.

Ese fallo de un Juzgado penal salteño -del que daba cuenta la nota periodística- había afirmado, sin pudor ninguno, al resolver la cuestión que la prioridad de paso la tenía quien ingresó primero a la bocacalle y como directa consecuencia de tal razonamiento, fundando en jurisprudencia obsoleta, había  absuelto a un conductor que colisionó con un ciclista que cruzaba desde la derecha.

Antes de pasar a los argumentos que expuse criticando el fallo, debo agregar ahora algo sobre lo que la poca extensión de las cartas de lectores me obligaba a prescindir, sumado a una mayor reflexión sobre el punto a la luz de fallos coetáneos al comentado y también posteriores. Sobre todo los de segunda instancia del fuero civil, ya que el comentado había sido dictado en un juzgado de instancia única del fuero penal. Pero las prevenciones resultan las mismas para todos.

Sucedido un accidente de tránsito el juez, usualmente, juzga sin más trámite sin atender a donde ocurrió el hecho.  Esta es mi primera objeción. Los magistrados, como primer paso en este tema de tránsito, deberían averiguar siempre que se trate de zona urbana,  cual es la ley, ordenanza o norma que estaba rigiendo en el municipio donde sucedió el accidente. Porque dada la autonomía política, administrativa y financiera otorgada por la Constitución de Salta a las comunas, éstas pueden tener legislación distinta y diferente a la nacional que, por impulso o costumbre, se tiende a aplicar para solucionar cualquier causa.

Esta facultad municipal  no nació en realidad en 1986 con la reforma constitucional que le otorgó autonomía en su art. 164. Ya la vieja Ley de Municipalidades Nº 1349 del año 1933, hoy vigente para las comunas sin carta orgánica,  concedía a los Concejos Deliberantes en su art 21 la facultad de reglamentar la vialidad vecinal, el transporte urbano y el uso de las calles.

Pero suponiendo que el magistrado hace las averiguaciones y constata que en el Municipio donde ocurrió el accidente rige –por el dictado de una Ordenanza de adhesión a la Ley Nacional de Tránsito o porque se dictó una norma que, en el punto de las prioridad de paso, copia el articulado de aquella- la prioridad de paso absoluta para quien viene por la derecha. En este supuesto, no puede el fallo –como en aquel caso que el medio gráfico informaba- aplicar la añeja jurisprudencia que se creó en otras épocas, para otros escenarios y con otras normas. Desde 1995 la Ley Nacional de Transito en su artículo 41  y desde el año 2000 el art. 42 de la Ordenanza de Tránsito de Salta Capital, establecen categórica y terminantemente, usando idénticas palabras, que: “Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta”.

Clara que también la norma, por sentido común,  dispone un número de excepciones, describiendo las circunstancias en las cuales tal prioridad no se aplicará. Esas circunstancias las fijó como numerus clausus, el que  no puede ser abierto o violentado por voluntad de ningún magistrado que crea, entienda o le parezca que la ley se ha quedado corta con las excepciones que colocó sobre el carácter de “absoluta” con la cual revistió a la prioridad de paso por la derecha en las intersecciones viales.   

Un juez no es un legislador y no puede seguir agregando más excepciones a la lista, que como se desprende del texto, resulta taxativa. Mal ejemplo da el fallo que se criticaba, al invadir una actividad –legislar- vedada al Poder Judicial; dos veces malo por resolver con jurisprudencia aplicable a normas y leyes ya derogadas y no la jurisprudencia que corresponde a las normas actuales y vigentes. Tres veces malo el ejemplo al omitir –según la información que proporcionaba el diario- la aplicación de la entonces normativa vigente: la Ordenanza de Tránsito Nº 9987 (el accidente había ocurrido en  Salta Capital en fecha en la que esa Ordenanza ya regía) establecía que una de la excepciones que hace perder la prioridad de la derecha es conducir un vehículo de tracción a sangre, en este caso la bicicleta, vehículo que sin duda es de tracción a sangre, humana pero sangre de todas maneras.

Con el tipo de sentencias como el que se comenta, se aumenta la confusión sobre el tema de la prioridad de paso que usualmente tiene la comunidad. Para sentenciar no debió apelar al arte de complicar lo que por sí es de simple naturaleza. Lo sencillo para negarle prioridad de paso a una bicicleta era aplicar el art. 49, inc. g) punto 4 de la Ordenanza de Capital entonces vigente, que disponía que los vehículos de tracción a sangre nunca tienen prioridad de paso.

Si bien la crítica se hacía en base al texto de la Ordenanza 9987 hoy derogada, nada ha cambiado en el punto que se comenta. La norma actual, Nº 13.538, adhiere a la Ley Nacional de Tránsito y si bien contiene muchas excepciones esa adhesión, ninguna de ellas está referida al artículo 41. Respecto de éste sólo le agrega dos párrafos complementarios  y explicativos sobre señalización y sobre semiautopistas, que no resultan relevantes sino más bien redundantes porque lo que dicen ya estaba legislado en ese artículo.

Como conclusión entonces, se remarca que toda investigación sobre la prioridad de paso debe comenzar por la indagación acerca de cual era la norma que estaba vigente en la comuna donde el hecho sucedió. Esto es obligatorio para los eventos ocurridos en zona urbana; sobre la ruta, sea nacional o provincial, siempre es de aplicación la Ley Nacional de Tránsito, ya que en el caso de la ruta provincial rige la adhesión que la Pcia. de Salta hizo por ley a la normativa nacional. 

Y que tanto en jurisdicción nacional una ley y en el Municipio Capital una ordenanza dicen, con todas las letras, que la prioridad de paso por la derecha es absoluta, salvo las excepciones que ellas mismas fijan y que no pueden ser alteradas salvo por otra ley.

Y así seguirá siendo mientras continúen vigentes esas normas y los jueces se abstengan de legislar.

Armando J. Frezze

-Si desea enviar esta nota a otra persona, haga click sobre el icono con la letra M que se

  encuentra a la izquierda de la barra de opciones, ubicada justo debajo de estas líneas.

-Ilustración: fotografía publicada en revista Caras y Caretas, año 1925.

-Permitida la reproducción de esta columna indicando la fuente.

LAS MÁSCARAS DE LA VIOLENCIA

La violencia humana acompañó al hombre desde el inicio de los tiempos y también desde entonces se buscó las maneras y formas que permitieran disminuirla progresivamente,  en nuestra vida cotidiana. 

Por eso resulta hoy noticia que la violencia en Argentina se cotice en alza, que exista una suerte de espiral inflacionaria de conductas vehementes y sin normas, exhibidas tanto por individuos aislados como por organizaciones, por la sociedad civil o  por el estado. Porque violencia no sólo es una conducta concreta, una acción positiva, también la omisión puede ser categorizada en ocasiones como violencia. Y muchas otras máscaras también le borran su identidad.  Es  violencia disfrazada toda imprevisión estatal (no importa si es la nación o un pequeño municipio) cuyas consecuencias las sufrirán los ciudadanos de modos y maneras distintas, pero siempre perjudiciales; el decir puede ser elevarse a violencia verbal y el callar será, en ocasiones, autorizar con el silencio la vigencia de la violencia. En el país estos últimos días estuvieron  teñidos de actos, de referencias, de omisiones, de silencios, de imprevisiones  que permiten inferir que la violencia está instalada  nuevamente, al menos con un umbral inaceptable, porque ese umbral está significando un retroceso en la historia.

Obrar con ímpetu y fuerza, contrariando las normas, la razón y la justicia, es un obrar violento por definición. Y también es violencia sacar a alguien de su estado natural, de su modo usual de vivir, de su circunstancia de vida. El estado nacional ha obrado estos días con violencia –no física pero violencia al fin- al privar a cientos de miles de ciudadanos de manejar con libertad y autonomía sus ahorros o sus sueldos, por una imperdonable imprevisión del Banco Central, que esterilizó a los cajeros automáticos en todo el país. La imprevisión golpeó con más fuerza a los estratos sociales que no poseen alternativas de un plan B, como es una tarjeta de crédito o usar los ahorros en dólares de las vacaciones,  para mitigar esa violencia de falta de efectivo. Agravio estatal que es un símil  de la violencia familiar ejercida por el varón que -sin pegarle a su mujer- le niega el dinero necesario para llevar adelante la economía doméstica y la administración del hogar. Así como la violencia familiar adopta distintos ropajes, algunos que están lejos de la agresión física, así la violencia social, política y económica también se disfraza con distintas máscaras.  La inflación es un modo de violencia.

La imprevisión que dejó sin luz a Orán y a la Cdad. de Salta –pese a las advertencias que al gobierno nacional vienen haciendo expertos hace tiempo-  es en realidad una violencia ejercida contra los habitantes que sufrieron las consecuencias de ser obligados a abandonar su modo usual de vivir,  su circunstancia de vida. La falta de inversiones que ha producido la actual crisis energética, titulo de tapa del diario El Tribuno de Salta del día de hoy, es violencia. Como es violencia las fotos que esa misma tapa muestran la rotura de esculturas y ornamentaciones de lugares históricos es violencia. La una por imprevisión, la otra –quizá- por reacción.

             No todos los habitantes tienen porqué saber que en marzo del 2009 ocho ex secretarios de Energía de la Nación advirtieron la crisis hacia la que se dirigía el país y propusieron en un documento soluciones concretas que pudieron ser tomadas en cuenta por el Poder Ejecutivo Nacional o por el Poder Legislativo, pero tampoco tienen porque sufrir las consecuencias de esa violencia anunciada, sufrimiento que pudo evitarse,  violencia que pudo ser conjurada y no lo fué. Como es violencia sufrir piquetes, ocupación de predios, edificios  o cortes de ruta por la inacción del estado nacional o provincial, por haber adoptado una posición retrógrada  respecto del estado de derecho.

Los argentinos estamos hastiados de violencias, genere quien la genere y venga de donde venga. De la violencia legal, como son las excepciones municipales a normas que se hicieron para que todos la cumplan. De la violencia política ejercida a través del veto irrazonable. De la utilización de los barrabravas, quienes por deporte ejercen violencia en los estadios y por negocio la ofician -como “militantes”- en cuestiones políticas, sociales o gremiales, según la ocasión. De la anuencia que el estado otorga,  a veces por estar ausente y a veces fomentándola a la luz del día, como en el emblemático el corte del puente internacional en Gualeguaychú. Si este ha sido un ícono geográfico, existen íconos con identidades concretas: Julio Grondona ha tenido que concurrir a la Cámara de Diputados de la Nación a dar explicaciones sobre el fenómeno de violentos barrabravas que al amparo de la AFA viajaron al Mundial de Fútbol de este año; Carlos Kunkel, quien logró con reiteradas agresiones verbales violentar a la diputada Graciela Caamaño y ésta le cerró –literalmente- la boca mediante un contundente –aunque también violento-  cachetazo. El icono mayor de la violencia argentina es, sin duda, para la mayoría de los ciudadanos el inefable Hugo Moyano, para quien el consenso, la vida democrática o los derechos de los otros no cuentan, sólo lo motiva ampliar su poder  sin prisa pero también sin pausa, y no vacila en hacerlo a través de la violencia, estaqueando camiones y camioneros a la salida de las fábricas, de los diarios, cortando rutas o amenazando públicamente con  “mandar a los pibes”.

Sin olvidar también la violencia agropecuaria, de la cual participaron todos los productores, grandes, medianos y chicos,  con distinta intensidad en estos últimos tres años. Porque es ya  una norma vigente, aunque  no escrita,  la instalada en el sistema de reclamación argentino, como son las vías de acción directa.  Ni tampoco la violencia política por omisión que desató la tragedia de Villa Soldati hace escasos días. O la cotidiana violencia que sufren los maestros en aula o a la salida de su labor.

La Argentina se ha convertido en el país donde se le quitan las armas a la policía,  para que no haya violencia. Extraña paradoja.  Como todo está permitido, el sistema de derecho podría ser simplificado y dictarse una sola ley que reemplace  a todos los códigos, todas las leyes, todos los decretos; esta ley tendría sólo dos artículos que dirían: Art. 1º:  En el territorio de la Nación se instaura por tiempo indeterminado el principio general que dice que vale todo para obtener lo que se desea. Art. 2º: De forma.  

Vale la pena aclara que mientras que la crispación es un método político, un modelo de manejo del poder, la violencia en cambio es sólo un hecho, que puede desarrollarse  con o sin crispación social, política o económica.

Armando J. Frezze

-Si desea enviar esta nota a otra persona, haga click sobre el icono con la letra M que se

  encuentra a la izquierda de la barra de opciones, ubicada justo debajo de estas líneas.

-Salvo indicación en contrario, la producción fotográfica es del autor.

-Permitida la reproducción de esta columna indicando la fuente.

LA AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA Y LOS MUNICIPIOS

 

            El gobierno de la Provincia y los municipios han analizado en forma conjunta a principios de noviembre el Presupuesto para el 2011,  a fin de despejar incertidumbres respecto de las partidas destinadas a cada una de las comunas. Esta convergencia sobre el tema de los ingresos tiene como reverso el control sobre  los egresos de esas sumas, es decir sobre el gasto de esos fondos públicos, cuestión que  pone una vez más sobre la mesa la facultad de examinar los  estados contables municipales, deber y obligación que la Constitución coloca sobre los hombros de la Auditoría General de la Provincia (AGP) y que algunos municipios niegan mientras que otros aceptan; de hecho una gran  cantidad de comunas fueron auditadas desde la creación de la AGP. Aunque los desacuerdos existen, la sangre no llegó al río: ni los unos ni ese Órgano de control  han llevado la cuestión a la justicia, idea que asomó en algún momento al calor de las posiciones tomadas.

Cuando la Constitución de Salta crea la Auditoría General, al fijarle sus deberes nombra -por dos veces- las cuentas municipales, diciendo que debe  auditar la gestión económica, financiera, patrimonial, presupuestaria y operativa “de la Hacienda Pública Provincial y Municipal”  e informar sobre “los estados contables que se elaboren por la Administración Pública Provincial y Municipal” (Art. 169). El vocablo “municipal” se repite sin hacer distingos ni excepciones, por lo que resulta imposible de toda imposibilidad desconocer ese mandato.

            No obstante hay comunas renuentes a ser auditadas, desplegando diferentes argumentos. El municipio capitalino, por ejemplo,  objeta la facultad de control  de la AGP alegando que la Carta Municipal de la Ciudad creó en 1988 un Tribunal de Cuentas; esto es cierto pero no es menos cierto también que, diez años más tarde, se reformó la Constitución provincial y se creó la Auditoría General de la Provincia,  estableciendo esa reforma sus deberes y sus competencias, que no pueden hoy ser desconocidas por un poder público,  invocando normas de rango más bajo -la Carta Municipal de Salta es sólo una ley provincial- y más vieja, además de ser anterior a la reforma constitucional. Lo que esta indicando la realidad es que ambos órganos  coexisten y pueden convivir sin conflictos. Esa coexistencia fue interpretada como  una “duplicidad” de órganos  –aunque en realidad tienen funciones diferentes- y se concluyó que tal duplicidad contraría la autonomía municipal.  Pero en la Provincia coexisten sin conflicto innumerables leyes y ordenanzas que, versando sobre temas idénticos, están vigentes en  ambas jurisdicciones, como sucede con la ley Nº 7135 (el Código Contravencional) que  legisla sobre alcoholismo, carnaval o  tránsito al mismo tiempo que algunas municipalidades también lo hacen; o con la ley Nº 7070 que reglamenta la protección del medio ambiente, las políticas ambientales, los residuos  domiciliarios y los  basurales sin que la norma entre en conflicto con las municipalidades que también reglamentan esos temas. Un añoso ejemplo es la Ley Orgánica de Municipalidades del año 1933, que sigue rigiendo hoy sin ser cuestionada como contraria a la autonomía municipal; ello demuestra que está vigente e inconflictuado todo un sistema normativo, que es ciertamente complejo pero que convive y funciona de manera civilizada en una comunidad adecuadamente organizada.

            Las confusiones conceptuales aportaron lo suyo al intentar igualar lo desigual,  ya que un tribunal (sea de cuentas, de faltas, judicial o de arbitraje) no es igual a un Ente auditor; ambos cumplen funciones muy diferentes. Los primeros realizan juicios  y dictan sentencias; la Auditoría General, por el contrario, ni juzga, ni sentencia ni sanciona. Su función la ley la limitó a examinar la gestión del ente auditado usando la hacienda pública y a emitir un informe con conclusiones y, en su caso, con  recomendaciones, de obligatoria publicación por parte de la AGP. La tarea de ésta es auditar (del latin “audire”, oir) y luego vertir su opinión en el informe. No sentencia ni sanciona porque no es un tribunal ni tampoco la ley le ha otorgado facultades para serlo.

            Otra confusión, elevada al nivel de fundamento, para negarle facultades a la AGP ha sido afirmar que habría una “contradicción constitucional”, porque permitir  a la Auditoría examinar la hacienda municipal contradice la autonomía política, económica, financiera y administrativa  que esa Constitución reconoce a los municipios. Aquí el equívoco consiste en categorizar como  “contradicción”  aquello que,  en rigor de verdad, es sólo una excepción a la norma general. Quien puede lo más, puede lo menos y si los constituyentes pudieron establecer la autonomía municipal como norma general, con la misma autoridad se permitieron señalarle algunas excepciones. Existen muchas excepciones engarzadas en la Constitución que nunca han sido percibidas como contradicciones: los dos años fijados para el mandato de los concejales no es visto como contradictorio con la autonomía política de los municipios. Que el texto constitucional reserve exclusivamente para la Provincia el  derecho a autorizar  y reglamentar los juegos de azar y de destreza, tampoco se percibe como una contradicción respecto de la autonomía financiera o administrativa municipal. Los ejemplos son muy numerosos.

            El  concepto que debe servir de norte en el tema es que la autonomía de los municipios no es un comodín que sirva para cualquier fin ni, tampoco, resulta un fin en si misma; es sólo un medio, una herramienta -valiosa por cierto-  que la Constitución otorga a las comunas para lograr una más eficiente gestión, del mismo modo que a la Auditoría General la ley suprema le ha otorgado las facultades de examinar esa gestión.

            A propósito de este tema, Nuevo Diario informaba en su edición on line de ayer jueves 16 de diciembre que “con el voto negativo de la bancada del PO y objeciones parciales Propuesta Salteña y la UCR el Concejo Deliberante (del Municipio Capital) aprobó ayer el Presupuesto Municipal 2011” con severas críticas de concejales a liberalidades para transferir partidas, a gastos no rendidos por sumas millonarias y a una inseguridad a futuro. Agregaba el citado medio que el concejal Carlos H. Saravia había expresado en el recinto que  “ si delegamos la posibilidad de transferir partidas, vinimos a dibujar” y preguntó por qué seguía la emergencia si el presupuesto era tan formidable” refiriéndose a que el presupuesto prevé recursos por $620 millones de pesos.

            El tema sobre que se puede auditar y que no se puede en materia de gestión municipal, tiene más nudos de los que aparecen en la superficie.

Armando J. Frezze

-Si desea enviar esta nota a otra persona, haga click sobre el icono con la letra M que se

  encuentra a la izquierda de la barra de opciones, ubicada justo debajo de estas líneas.

-Salvo indicación en contrario, la producción fotográfica es del autor.

-Permitida la reproducción de esta columna indicando la fuente.

¿ES FRUSTRANTE LEGISLAR?

              En 1992 se publicó "Un País al Margen de la Ley", décimo libro del prematuramente desaparecido jurista Carlos Nino, cuyo título sintetizaba la conducta -o la inconducta- que exhibimos los argentinos. No debe ingenuamente pensarse que estar al margen de la ley es hablar solamente de delitos; estar “al margen” es referirse a todo un abanico de normas: legislación laboral, normas impositivas, derechos de autor, indicaciones viales, pago de cargas sociales, por nombrar unas pocas.

            La cultura contemporánea argentina, inspiradora de la obra citada, es una cultura transgresora; la desobediencia a la norma es un culto y un hábito, un distintivo nacional. El  análisis de Nino se hacía sobre material anterior a los noventa ¿Qué fue sucediendo después? Parte de  la respuesta está sintetizada en otro título, en este caso el de un reciente libro de Antonio Hernández, Daniel Zobatto y Manuel Mora y Araujo: se llama "Argentina: una sociedad anómica", expresión que también traduce a un país al margen de la ley. Más claro imposible. La obra glosa encuestas que indican que el 86% de la gente cree firmemente que los argentinos vivimos desobedeciendo las normas sistemáticamente, sea mediante una grandiosa defraudación impositiva o sea estacionando en doble fila. ¿Alguien puede tirar la primera piedra?

                Esa dualidad es muy nuestra: se exige con la pluma y la palabra el respeto a la ley, pero con nuestra conducta personal borramos esa demanda de legalidad y la cuestión queda como una más de las muchas contradicciones argentinas. La cultura de la trasgresión y del no-respeto se inicia ya en la juventud, al festejar como virtuosismo el copiarse en un examen, en la adultez pasa por los desbordes de ejercer justicia por mano propia en escraches y cortes de ruta, después se ejercita a toda hora un par de veces al día con el cartel de "Prohibido Estacionar" o frente a la norma que otorga al peatón prioridad de paso; transgredir resulta un continuo en el espacio y tiempo del ciudadano medio de cualquier lugar del país. Si esto es la realidad, si es una descripción verdadera de la educación cívica y ética del argentino actual, podría llegarse, entre otras, a la conclusión de que legislar resulta  frustrante. Que carecería de sentido. En sus tres niveles, el nacional, el provincial y, especialmente, en el comunal las normas tienen un índice tan alto de quebranto, de incumplimiento, de desobediencia (a veces disfrazadas de excepciones) que más que preguntarse el legislador si lo que se va a sancionar es útil y provechoso, si es una  solución para algún problema o un motor de progreso, deberá interrogarse acerca de cuantos de los obligados la van a cumplir, si la ley será obedecida, y esto incluye al estado mismo (a veces arisco y mañero) porque de ello dependerá el grado de eficacia de lo que se sancione. Ejemplos en Salta de normas ineficaces son  la ley que en 1984 creó la Policía Judicial, aún no instalada; la que en 1992 dispuso establecer un  Juzgado Civil y Laboral en Cafayate, sin funcionar hasta la fecha, o la Ordenanza que en 1984 creó la Defensoría del Pueblo para la comuna capitalina, que demoró casi un cuarto de siglo en ponerse en marcha.

Ni hablar entonces de los incumplimientos de los ciudadanos respecto de normas que regulan su vida cotidiana, como las municipales de tránsito, las provinciales impositivas o las nacionales aduaneras, por citar algunos ejemplos. El constitucionalista Adrián Ventura escribió que "Una de las paradojas de la cultura argentina reside en creer que la mera sanción de una ley tiene la virtud mágica de solucionar cualquier problema, pero al mismo tiempo muy pocos están verdaderamente dispuestos a respetarla".
            Existen 26.000 leyes en la Nación, casi 8.000 en la Provincia, 14.000 ordenanzas en el municipio capitalino; esa es la carga normativa del ciudadano en Salta Capital. Aumentarla, ¿asegurará su cumplimiento? Si la respuesta es negativa, o al menos incierta, surge entonces de modo obligado otra pregunta: Legislar ¿es frustrante?

Armando J. Frezze

-Si desea enviar esta nota a otra persona, haga click sobre el icono con la letra M que se

 encuentra a la izquierda de la barra de opciones, ubicada justo debajo de estas líneas.

-Salvo indicación en contrario, la producción fotográfica es del autor.

-Permitida la reproducción de esta columna indicando la fuente