En 1992 se publicó "Un País al Margen de la Ley", décimo libro del prematuramente desaparecido jurista Carlos Nino, cuyo título sintetizaba la conducta -o la inconducta- que exhibimos los argentinos. No debe ingenuamente pensarse que estar al margen de la ley es hablar solamente de delitos; estar “al margen” es referirse a todo un abanico de normas: legislación laboral, normas impositivas, derechos de autor, indicaciones viales, pago de cargas sociales, por nombrar unas pocas.
La cultura contemporánea argentina, inspiradora de la obra citada, es una cultura transgresora; la desobediencia a la norma es un culto y un hábito, un distintivo nacional. El análisis de Nino se hacía sobre material anterior a los noventa ¿Qué fue sucediendo después? Parte de la respuesta está sintetizada en otro título, en este caso el de un reciente libro de Antonio Hernández, Daniel Zobatto y Manuel Mora y Araujo: se llama "Argentina: una sociedad anómica", expresión que también traduce a un país al margen de la ley. Más claro imposible. La obra glosa encuestas que indican que el 86% de la gente cree firmemente que los argentinos vivimos desobedeciendo las normas sistemáticamente, sea mediante una grandiosa defraudación impositiva o sea estacionando en doble fila. ¿Alguien puede tirar la primera piedra?
Esa dualidad es muy nuestra: se exige con la pluma y la palabra el respeto a la ley, pero con nuestra conducta personal borramos esa demanda de legalidad y la cuestión queda como una más de las muchas contradicciones argentinas. La cultura de la trasgresión y del no-respeto se inicia ya en la juventud, al festejar como virtuosismo el copiarse en un examen, en la adultez pasa por los desbordes de ejercer justicia por mano propia en escraches y cortes de ruta, después se ejercita a toda hora un par de veces al día con el cartel de "Prohibido Estacionar" o frente a la norma que otorga al peatón prioridad de paso; transgredir resulta un continuo en el espacio y tiempo del ciudadano medio de cualquier lugar del país. Si esto es la realidad, si es una descripción verdadera de la educación cívica y ética del argentino actual, podría llegarse, entre otras, a la conclusión de que legislar resulta frustrante. Que carecería de sentido. En sus tres niveles, el nacional, el provincial y, especialmente, en el comunal las normas tienen un índice tan alto de quebranto, de incumplimiento, de desobediencia (a veces disfrazadas de excepciones) que más que preguntarse el legislador si lo que se va a sancionar es útil y provechoso, si es una solución para algún problema o un motor de progreso, deberá interrogarse acerca de cuantos de los obligados la van a cumplir, si la ley será obedecida, y esto incluye al estado mismo (a veces arisco y mañero) porque de ello dependerá el grado de eficacia de lo que se sancione. Ejemplos en Salta de normas ineficaces son la ley que en 1984 creó la Policía Judicial, aún no instalada; la que en 1992 dispuso establecer un Juzgado Civil y Laboral en Cafayate, sin funcionar hasta la fecha, o la Ordenanza que en 1984 creó la Defensoría del Pueblo para la comuna capitalina, que demoró casi un cuarto de siglo en ponerse en marcha.
Ni hablar entonces de los incumplimientos de los ciudadanos respecto de normas que regulan su vida cotidiana, como las municipales de tránsito, las provinciales impositivas o las nacionales aduaneras, por citar algunos ejemplos. El constitucionalista Adrián Ventura escribió que "Una de las paradojas de la cultura argentina reside en creer que la mera sanción de una ley tiene la virtud mágica de solucionar cualquier problema, pero al mismo tiempo muy pocos están verdaderamente dispuestos a respetarla".
Existen 26.000 leyes en la Nación, casi 8.000 en la Provincia, 14.000 ordenanzas en el municipio capitalino; esa es la carga normativa del ciudadano en Salta Capital. Aumentarla, ¿asegurará su cumplimiento? Si la respuesta es negativa, o al menos incierta, surge entonces de modo obligado otra pregunta: Legislar ¿es frustrante?
Existen 26.000 leyes en la Nación, casi 8.000 en la Provincia, 14.000 ordenanzas en el municipio capitalino; esa es la carga normativa del ciudadano en Salta Capital. Aumentarla, ¿asegurará su cumplimiento? Si la respuesta es negativa, o al menos incierta, surge entonces de modo obligado otra pregunta: Legislar ¿es frustrante?
Armando J. Frezze
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